El 2 de noviembre se cumplieron ocho meses de la Masacre de Pergamino. En la Comisaria Nº 1, siete personas detenidas murieron por asfixia, al inhalar el humo de colchones incendiados. Solo uno de los seis policías imputados está tras las rejas; a los otros cuatro que estaban de guardia ese día le otorgaron la prisión domiciliaria; y el principal responsable, el comisario Sebastián Alberto Donza, está prófugo.

Hoy, a las 15:30 horas, los abogados de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que representan a tres familias, se presentarán en una audiencia pública en la Sala 2 del Anexo A en la Cámara de Diputados de la Nación con el objetivo de visibilizar el caso, reclamar que se revea el beneficio de la prisión domiciliaria, y denunciar el estado de las comisarias en la provincia de Buenos Aires.

El comisario Donza tiene pedido de captura internacional y un legajo en Interpol desde abril, cuando el juez de garantías César Alejandro Solazzi hizo lugar al pedido del fiscal Nelson Mastorchio y ordenó la detención del comisario y los cinco policías que estaban de guardia el 2 de marzo en el momento del incendio: el Sargento Brian Carrizo, el teniente Primero Sergio Rodas, la ayudante de Guardia Carolina Denise Guevara, Matías Ezequiel Giulietti y el Oficial Sub Ayudante Alexis Miguel Eva, el único detenido.

Tal como ocurrió en la masacre de Magdalena, en la Unidad nº 28 en el 2005, cuando 33 personas murieron como consecuencia del hacinamiento, las condiciones infrahumanas en las que aún hoy se vive en la cárcel y comisarias; la desidia estatal mediante el Servicio Penitenciario Bonaerense vuelven a decir presente. Otra vez, se desentienden ante la denuncia de sobrepoblación en comisarias, con 3010 detenidxs de lxs cuales solo 1039 tienen camastro. La justificación del estado ausente se cae, cuando vemos al estado presente en todas esas políticas. Por ejemplo, cuando el jefe del Ministerio de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo declara que las comisarias de la provincia están en condiciones de alojar 1105 personas; es decir, que hay un 185% más de lo que las instituciones admiten que pueden tener. Eso sin contar que el 70% de los internos en penales espera que la “justicia” decida su destino, sin tener una condena firme.

Las vidas de Sergio Filiberto, FedericoPerrotta, Alan Córdoba, Franco Pizarro, Jhon Mario Claros, Juan Carlos Cabrera y Fernando Emanuel Latorre se suman al número de víctimas de la represión estatal. Eran 7 muchachos encerrados por delitos menores, todos excarcelables. A la hora de exterminar indeseables para este sistema, cárceles y comisarías son dos de los engranajes más eficientes con los que cuenta un aparato represivo que tiene, sobre el gatillo fácil, la ventaja de ahorrar el costo de la bala. Las muertes en cárceles y comisarías representan el 39% del total de personas victimas del estado, porcentaje sólo superado por el gatillo fácil contra los pibes y pibas de los barrios (46%).

“Los dejaron morir” es la frase que se repite entre los familiares de Pergamino. Y no es casual, porque desde el pabellón 1, los mensajes de los jóvenes llegaron a destino. “Ana venite ya pa la comisaría que me van a matar se armó quilombo”, había escrito el colombiano Jhon Mario a su esposa. “Movele está prendida la comisaría ya venite”, insistió unos minutos después. Alan alcanzó a pedir ayuda a su madre: “Mamá vení rápido que nos mata la policía”. La alerta de lo que terminó en una masacre. Y los guardias tardaron 40 minutos en abrir el calabozo desde que se inició el incendio, porque “no encontraban” las llaves. Los bomberos llegaron hasta donde lo permitieron los uniformados. En la comisaria, había el doble de detenidos de lo permitido.

Desde CORREPI, acompañamos a las familias en el pedido de justicia. Porque no vamos a permitir  las palabras sueltas que al día siguiente de cada masacre en una cárcel (Magdalena, Coronda, Santiago del Estero, etc.) o en una comisaría (Lomas del Mirador, Carapachay, Quilmes, Carapachay, Quilmes, Canning) se conviertan en impunidad. En ninguno de esos casos hay un solo detenido. La impunidad es la otra cara de la represión.

 

JUSTICIA X LOS 7

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Contacto telefónico: Cristina Gramajo (mamà de Sergio Filiberto) tel 02477 15373048

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