México amaneció, una vez más, cargado de rabia e incertidumbre. Aun con el dolor reciente, provocado por la pérdida de más de trescientas vidas bajo la magnitud de un terremoto 7.1 que asoló la ciudad capital hace apenas una semana, se hizo escuchar aquella pregunta inicial que retumbó en toda Latinoamérica, y que hoy resulta tan tristemente familiar en nuestro país: ¿Dónde están?

El 26 de septiembre de 2014, una caravana de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa llegó a la ciudad de Iguala, perteneciente al Estado de Guerrero, para conseguir transporte y recursos que permitieran a cientos de sus compañeras y compañeros viajar unos días después al acto en memoria a la Masacre de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968 en el entonces Distrito Federal, e impune hasta la actualidad. Al momento de regresar, fueron interceptados por un operativo conjunto de la policía municipal y el ejército local, que esperaba con orden de reprimir. El saldo fueron seis muertos, veinticinco heridos y cuarenta y tres desaparecidos.

A principios de 2015, la Procuraduría General de la República (PGR) presentó por orden del Poder Ejecutivo Federal, un informe denominado “verdad histórica”, para dar cuenta de lo sucedido. Este documento intentó explicar que los cuarenta y tres normalistas fueron asesinados y posteriormente incinerados en un basurero ubicado en la localidad de Cocula por el cártel “Guerreros Unidos”, en connivencia con una división corrupta de la policía local. Sin embargo, los hechos por su propio peso revelaron tiempo después que el verdadero objetivo de este informe fue establecer una versión “oficial” que permitiera al Estado Mexicano deslindar su responsabilidad política.

Los familiares de las víctimas y organismos internacionales se encargaron de denunciar y demostrar las irregularidades expresadas en este informe, como resultado de la inconsistencia entre la evidencia física y la evidencia testimonial, probada en las investigaciones realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Actualmente, su lucha continúa bajo la consigna de que se investigue la participación del Ejército mexicano en los hechos de desaparición forzada, y el juicio y castigo a los verdaderos responsables políticos y materiales.

Ayotzinapa demostró ser solo la punta del iceberg. Un ejemplo de lo que se vive todos los días en México. Según el Registro Oficial elaborado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en México desaparecen trece personas por día. Y al día de hoy, de acuerdo a lo expresado por la Asamblea de Mexicanxs en Argentina, hay treinta mil desapariciones, más de ciento cincuenta mil homicidios y miles de denuncias por tortura.

Ayotzinapa nos duele y nos llena de rabia en el centro de la memoria, porque es un emblema de la lucha que las clases gobernantes en nuestros países quieren desaparecer. El mismo dolor que nos recuerda en Argentina que llevamos once años sin Julio López, y más de cincuenta días sin Santiago Maldonado. Y la misma rabia con la que vamos a seguir peleando, hasta que aparezcan.

¡Vivos los llevaron! ¡Vivos los queremos!

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