Presentado por el Ministerio de Seguridad como un avance en materia de derechos, el protocolo pretende apropiarse de medidas precedentes para maquillar y legitimar su intención: instrumentar una nueva herramienta para reprimir a los sectores populares. En este caso, el colectivo LGTTBIQ+.

Se ampara en la Ley Nacional de Identidad de Género, Nº 26.743. Ley conquistada como resultado de las luchas del colectivo LGTTBIQ+ por el reconocimiento de sus derechos, que ya contempla en sus artículos 12º y 13º el trato digno a todas las personas, y advierte sobre el respeto de la identidad de género ante la implementación de cualquier norma o procedimiento. En este sentido, su vigencia ya ordena su aplicación para todas las jurisdicciones de nuestro país, sin necesidad de formular un protocolo para cada caso.

También se ampara en el programa sobre Uso Racional de la Fuerza y Armas de Fuego, creado mediante la Resolución 933/2012, como parte de las políticas de profesionalización y modernización de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad. Una racionalidad que funciona como variable medida según los objetivos políticos y económicos que la administración del Estado disponga.

Se establece además, como contenido obligatorio en los Institutos de Formación y en los Cursos de Ascensos de Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales. Hagamos memoria. En 2011, por disposición de la entonces ministra de Seguridad Nilda Garré, se inauguraron los Centros Integrales de Género que dictaban cursos a las fuerzas federales para orientarlas y asesorarlas en políticas de género. Y sin embargo al día de hoy, los resultados nos encuentran cada día más en la calle reclamando por Ni Una Menos. Los cursos le lavan la cara a la institución policial, aunque los resultados sean los mismos: ellos nos siguen reprimiendo, matando, con o sin cursos.

Los últimos años pudimos ver el aumento de las políticas represivas dirigidas a los sectores de mujeres, identidades de género y disidencias sexuales, en lo que constituye un claro ejemplo de disciplinamiento al crecimiento de los sectores organizados contra la violencia patriarcal. Sólo en lo que va del año vimos casos como la represión del 8M, la persecución policial de las dos adolescentes que se besaban en una plaza de Morón, las muertes de las compañeras trans Angie y Pamela en el penal de Florencio Varela, las razzias a las compañeras travestis en Constitución, el travesticidio de Ayelén Gómez en Tucumán años después de haber sido violada por dos policías provinciales aún impunes, la criminalización de Higui por ser lesbiana y defenderse de un intento de violación correctiva, y la reciente detención de Mariana por besar a su esposa en Constitución, entre otros casos.

No nos sorprende que el protocolo se dé a conocer el mismo día que las nuevas medidas de ajuste a nivel nacional, ya que la implementación de éste modelo económico sólo es posible de la mano de la profundización de políticas represivas de forma integral. Menos nos sorprende que se haga a pocos días de realizarse la próxima Marcha del Orgullo LGTTBIQ+, como guiño a ciertos sectores afines, pero también como intento de dividir al movimiento.

Sabemos que lo único que consigue este protocolo, es desenmascarar las contradicciones existentes detrás de un discurso que pretende ser pro-derechos, en contraste con la avanzada represiva que deja por saldo todos los días a una persona muerta en manos del aparato represivo del Estado.

Hoy como siempre, ante la represión respondemos con más orgullo, unidad, organización, y lucha.

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