Un pibe más del barrio, uno de aquellos que la patean día a día para sobrevivir en un ambiente difícil, plagado de derechos postergados y necesidades básicas insatisfechas que no son más que políticas de un estado que lo excluye sistemáticamente.
Vivía en el barrio 12 de octubre en Lomas del Mirador. Con solo 16 años lo tentaron, como a muchos de sus amigos, a que robara para la policía: le liberarían zonas, marcarían las casas a robar y si caía preso, ellos lo sacarían; el trato sería compartir lo robado. Luciano fue tajante con su negativa y comenzó a ser hostigado por la bonaerense. Lo paraban, golpeaban y amenazaban constantemente.
A nueve años de aquel 31 de enero de 2009, Luciano Nahuel Arruga sería visto por última vez con vida mientras era detenido (y luego desaparecido) por la policía bonaerense.
A Luciano ya lo habían detenido antes. En el 2008, en uno de estos aprietes, fue llevado de manera ilegal a un destacamento de la policía bonaerense muy cerca de su casa (un lugar que no estaba habilitado). Allí, en la cocina, fue torturado gravemente. Los gritos de dolor de Luciano fueron escuchados por Mónica, su mamá, y Vanesa, la hermana, que conociendo el hostigamiento, lo fueron a buscar. La desesperación de escucharlo pedir ayuda y la pelea por intentar sacarlo de ahí se contraponía al ninguneo de los perros del sistema que le impedían sacarlo por una supuesta falta de papeles. Por este hecho, en el 2015, el policía Julio Diego Torales fue condenado a diez años de prisión. Solo un culpable, cuando sabemos que al menos participaron ocho efectivos de las torturas.
Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga
Después de una lucha incansable de sus familiares y amigxs, y acompañada por organizaciones de derechos humanos, antirrepresivas, sociales y populares, tenemos la certeza de que a Luciano lo mató la policía y lo desapareció el estado. A partir de Luciano, desde CORREPI, pudimos dar más visibilidad a las casi 200 desapariciones perpetradas desde el ’83 a la fecha por los distintos gobiernos que se tildan de democráticos , que no eran tenidas en cuenta.
Pero tuvieron que pasar cinco años y ocho meses de la desaparición de Luciano para que aceptaran en la justicia la presentación del Habeas Corpus. Gracias a la presión social, el 17 de octubre de 2014 se constató que sus huellas coincidían con la de un cuerpo enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita: Luciano fue atropellado por un auto en la General Paz, luego nos enteraríamos que el conductor vió a alguien corriendo, huyendo de algo y no lo pudo esquivar. Además, vio que había un patrullero con las luces bajas en la colectora.
 

Los hostigamientos, las detenciones arbitrarias, las amenazas, las torturas, el gatillo fácil, las desapariciones forzadas y el crimen organizado son una constante en los barrios populares. El aparato represivo del estado se manifiesta de esa manera: refuerza su poder en el territorio e impone el control social, disciplinando a la población a través del incremento de las fuerzas de seguridad de todos los colores en las calles, que se alimenta del discurso de luchar contra la inseguridad. Esta represión como política de estado, la que está velada, la que se cobra una vida diaria en los sectores más golpeados del pueblo, es lo que nosotros llamamos “represión preventiva”. La militarización de los barrios junto con lo que fue el intento de la baja de edad de imputabilidad y toda su política comunicativa, aliada a los medios hegemónicos, crean el caldo de cultivo para lograr tener mayor aceptación en la sociedad, el pedido de más policías es muestra de ello.
Lo tangible es que esto no hizo más que aumentar, groso modo, las estadísticas represivas del gobierno actual: en 722 días de gestión el estado asesinó a 725 personas. Cada 23 horas muere una persona en manos de uniformados. En el Informe de la Situación Represiva Nacional que realizamos desde 1996, contabilizamos que, desde la vuelta a la democracia, 5462 personas fueron víctimas de la represión estatal en manos de Gendarmería, PFA, Policía Bonaerense y Prefectura; no importa cuál, ellos no discriminan para matar. Y la profundización de estas políticas represivas por parte de Macri, Bullrich y compañía lo avalan. Tal como fue la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado y el fusilamiento de Rafael Nahuel; además de la represión selectiva para lxs que luchan, como son las persecuciones y detenciones a los compañeros del Partido Obrero y el pedido de detención para el compañero del PSTU.
Este sábado 27 de enero, como desde hace 9 años, formaremos parte de la jornada cultural en defensa de los derechos humanos, que se realizará en la plaza “Luciano Arruga”, a partir de las 13 hs. En Perú y Pringles, Lomas del Mirador.
¡Nuestras banderas contra el aparato represivo del estado, el poder judicial y los gobiernos de turno, seguirán en pie pidiendo justicia y esclarecimiento por la desaparición y muerte de Luciano Arruga!

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