El 21 de enero se cumplieron seis años del fusilamiento de Jon Carlos Camafreitas por parte del (en ese momento) cabo de la Policía Federal Martín Alexis Naredo. A pesar de haber sido condenado a cadena perpetua, Naredo se fugó gracias al tribunal que le dio permiso para irse a la casa porque no estaba en condición anímica de escuchar la lectura de la sentencia, aun a pesar de nuestras advertencias. Hasta que el 6 de noviembre de 2017, con una carta para la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, se entregó. En ella, no dice que asesinó a Jon, mientras estaba agachado forzosamente, y que gatilló su arma reglamentaria Browning 9 mm. Tampoco cuenta que la apoyó en su sien, donde lo pudo cazar al 3275 de la Avenida Independencia. O que el único delito del chico fue entrar en la categoría de “sospechoso” por tener piel oscura y gorrita, y que al alejarse de una plaza en donde ocurría una pelea corrió asustado ante la presencia policial. Cuando menciona que “lamentablemente fallece Camafreitas”, no dice nada del pibe de 18 años a quien le arrancó el futuro. Ni hablar de Franco Rojas, de 14 años, que estaba con él, que fue detenido por el policía Juan Carlos Moreyra. Jon agonizó por cuatro días en el hospital Ramos Mejía y falleció el 25 de enero de 2012.

Lo que sí cuenta en la “conmovedora” carta es acerca de los cafés y bebidas frescas que le convidaban los vecinos por ser alguien de confianza. Allí se define como “un hombre de ley”, como “una persona trabajadora” y se victimiza sobre las condiciones en que se dio su juicio. Además, se queja de los allanamientos y de los escraches recibidos. Y por último, que se entrega con la confianza en la actual ministra ya que sabe que “vela por todos los derechos de los ciudadanos”.

Es curiosa la omisión en la que incurre el asesino de Naredo cuando intenta denunciar los contactos e influencias de la ex Ministra de Seguridad Nilda Garré e incluso de nuestra compañera María del Carmen Verdú. Parece olvidar que sus compinches, el comisario Barrios, el subcomisario Brónico y el oficial Chamorro, también de la comisaría 8va, fueron investigados por cómplices de su fuga previo a leer la sentencia por no estar “en condiciones anímicas”, siendo el segundo policía de la misma comisaría en tres meses en escapar de la misma manera. En ambos casos, el Tribunal que lo juzgó rechazó nuestro reclamo de detenerlo preventivamente para asegurar su presencia en el momento de la sentencia.

Llamativa amnesia temporal debe haber asaltado a Naredo para olvidar toda la ayuda que habrá recibido durante estos más de tres años para mantenerse en libertad en condición de prófugo pese a ser condenado a cadena perpetua, culpable de usar el poder del estado para cometer un delito grave contra los Derechos Humanos, en palabras del Tribunal. Olvidó el poder que tuvo, junto a Moreyra, de ocultar la existencia de testigos presenciales, de tomarse declaración a sí mismos, de actuar con total impunidad. Naredo recibió la excarcelación durante todo el proceso, que no suele otorgarse dada la gravedad del delito, por su claro privilegio de pertenecer al brazo armado del estado. Está claro de qué lado están los privilegios y el poder.

Cuando leyeron la condena de prisión perpetua, la inhabilitación para ejercer cargos públicos y portar armas, Delia Castro (mamá de Jon) señaló que este fallo fue el logro de su familia organizada en CORREPI y sin confiar en las promesas que les hacían desde el gobierno. “Nos mintieron desde el primer momento, me dijeron en 2012 habían echado a Naredo de la policía, y durante el juicio supimos que recién lo exoneraron ahora en agosto, por la presión de la movilización”, agregó. Delia y su familia buscaron, de la mano de la organización y la lucha, justicia tanto para Jon como para Marcelo Sepúlveda, su primo, asesinado con brutales golpizas y torturas, el 9 de enero del mismo año. Lo que recibieron de parte del estado fue más represión.

Todo el esfuerzo que dispuso el estado en encubrir, dejar libre y facilitar la fuga de Martín Naredo evidencia que su accionar asesinando jóvenes pobres es avalado por una política sistemática. Si fuera un “loquito suelto”, hubiera sido tratado como un delincuente común. Sin embargo, desde policías, jueces y hasta medios de comunicación se encargaron de cuidarlo. El estado necesita a la policía en la calle reprimiendo a los pibes y las pibas de barrios populares porque es su manera de disciplinar al sector de la sociedad que tiene más motivos para rebelarse. El hecho de que Naredo se entregue y su carta significa que está depositando su confianza en seguir contando con esos privilegios, pero de la mano de un gobierno que ha sabido multiplicar los casos de gatillo fácil y muerte por torturas.

Como gritamos y levantamos en banderas desde CORREPI, la única salida es con unidad, organización y lucha, con la que conseguimos la prisión perpetua para Naredo. No queremos más a nuestrxs pibxs asesinadxs por el estado bajo sus fuerzas represivas para llevar adelante sus políticas contra el pueblo.

¡Justicia por Marcelo Sepúlveda, Jon Camafreitas y todxs lxs pibxs!

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