Hace dos años que el brazo armado del estado se llevó la vida de Leo Sotelo, un pibe del barrio de Rafael Calzada, que iba a la Escuela N° 71, fanático de Boca. Desde los 14 años trabajaba en el lavadero de autos de su padre en Monte Chingolo.
Con mucho esfuerzo había logrado comprarse su primera moto. Al poco tiempo, el 1° de diciembre de 2016, iba en la moto con un amigo, cuando su camino se cruzó con el del oficial de la policía local, Giuliano Armando Fattori, que les disparó nueve veces. Tres de esas balas impactaron en la espalda de Leo, otra impactó, también desde atrás, al amigo, que sobrevivió sólo para seguir preso hasta el día de hoy por tentativa de robo, mientras que el policía no estuvo ni un segundo detenido.
Desde el primer momento quedó claro que fue un fusilamiento. Las nueve vainas secuestradas en la escena fueron disparadas por el arma reglamentaria de Fattori; los disparos fueron todos de atrás hacia delante y no hay señales de otras armas en el lugar. Sin embargo, así como los medios de comunicación hegemónicos, sin siquiera chequear la versión policial, salieron a decir rápidamente que un “heroico” policía local había abatido a dos peligrosos “motochorros”, el aparato judicial cumplió su rol de garante de la impunidad de los represores. El primer fiscal dejó constancia en el acta de la declaración indagatoria de Fattori, que realizaba ese acto procesal como mera “formalidad” a la que estaba obligado, porque estaba convencido que el accionar policial había estado justificado. Ironía nada casual, ese fiscal era el titular de la Fiscalía especializada en “Violencia Institucional”…
Durante un año y medio dimos batalla dentro y fuera de los tribunales junto a la mamá de Leo, Noemí Robelli, que no dejó que la rabia y la angustia la paralizaran, y rápidamente se organizó en CORREPI y salió buscar verdad y justicia por su hijo. Logramos ir venciendo trabas palmo a palmo, y finalmente logramos abrir el camino hacia el juicio, a la vez que la evidencia forzó a algunos de los medios a desmentir sus dichos.
A tono con la “doctrina Chocobar” en su versión más leve, el juez de Garantías elevó la causa a juicio con la imputación de homicidio con exceso en la legítima defensa. Pero nuestra presencia en el debate, que aún no tiene fecha, nos permitirá sostener una acusación alternativa, por homicidio calificado por la pertenencia del autor a una fuerza de seguridad estatal.
El caso de Leo es muy parecido a tantos casos de personas fusiladas a diario en los barrios populares por el aparato represivo de un estado que usa estas prácticas para disciplinar e imponer el control social en un sistema basado en la desigualdad llevada al extremo por el gobierno de Cambiemos.
La lucha de justicia por Leo, es también la lucha por los más de 5.600 asesinados por el gatillo fácil o muertos en lugares de detención, conscientes de la necesidad de la organización y la lucha del pueblo, que incansablemente señala a sus asesinos. Por eso, como todos los días, hoy decimos:
¡JUSTICIA POR LEO SOTELO!
¡JUSTICIA POR TODXS LXS ASESINADXS POR EL APARATO REPRESIVO DEL ESTADO!
CONTRA LA REPRESIÓN:
ORGANIZACIÓN, UNIDAD Y LUCHA

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