Hugo Arce y Carlos Vázquez eran dos amigos que vivían en la Isla Maciel. Hugo, de 17 años, jugaba al fútbol en las inferiores de San Telmo, trabajaba con su papá, y se levantaba todos los días a las 6 de la mañana para ir a la escuela. Su mamá, Alejandra, lo recuerda como un pibe de una solidaridad enorme, siempre dispuesto a ayudar a sus amigos. Como tantas otras noches, junto con su amigo Carlos (de 16 años), habían salido a pasear en auto, cuando se cruzaron con el Cabo 1º Sergio Bobadilla de la comisaría 12ª de la PFA. Bovadilla estaba en ese momento de civil, volvía de una fiesta familiar, y decidió terminar con la vida de los jóvenes cuando los fusiló a quemarropa.
Como es usual, la policía intentó instalar la versión de que Bovadilla había actuado de esa manera para “defenderse” ante un intento de robo por parte de los pibes, que supuestamente estaban armados y habían amenazado a su hija de 10 años. Al enterarse de esta noticia, tanto los familiares y amigos de Hugo y Carlos, como los compañeros de Hugo del club y el padre Paco Olivera, referente de la Isla, no creyeron esa versión. Ellxs conocían a los pibes y sabían que no eran capaces de hacer algo así. También conocían a la policía, y sabían muy bien de lo que son capaces. Por eso inmediatamente se organizaron para esclarecer el hecho, y se contactaron con CORREPI.
Una vez más, como en gran parte de los fusilamientos por gatillo fácil, en la causa penal figuraban como imputados Hugo y Carlos por el intento de robo, y Bovadilla solamente había declarado en calidad de testigo, como damnificado. A fuerza de organización y lucha, radios abiertas, escraches y otras acciones llevadas adelante, se logró que se investiguen los hechos, y que se lo impute al policía asesino. Las pericias demostraron claramente que la única arma presente en el lugar de los hechos era la reglamentaria que utilizó Bovadilla, y que los únicos disparos que hubo en el momento se produjeron desde adentro del auto en el que iba el policía, descartando claramente la versión esgrimida por la policía de un supuesto enfrentamiento. Gracias a estas evidencias, cinco años después de producido el hecho, se logró que el juez a cargo de la causa cite a Bovadilla a indagatoria. El cabo de la PFA nunca se presentó a prestar declaración. Tiempo después supimos que había sido trasladado a Formosa, donde continúa aún prestando servicio como agente de las fuerzas represivas del estado.
Lamentablemente, el caso de Hugo y Carlos es uno más entre tantos otros en los que vemos reflejado el porqué de la afirmación que venimos sosteniendo como organización en nuestros 30 años de recorrido dentro del campo antirrepresivo, que “no es un policía, es toda la institución”. Al trasladar a este asesino, el estado buscó brindar protección a uno de sus perros guardianes. También el aparato judicial buscó garantizar la impunidad para los asesinos de lxs hijxs del pueblo, como intenta hacer siempre en estos casos. Pero quienes vemos esta realidad no nos vamos a dejar avasallar ni amedrentar por estas acciones, y vamos a seguir firmes, tanto en los tribunales como en las calles, denunciando a estos asesinos. Por Hugo, por Carlos y por los más de 5500 pibes que el brazo armado del estado nos ha arrebatado, desde la vuelta de la democracia hasta la actualidad.

HUGO Y CARLOS, ¡PRESENTES!
AHORA Y SIEMPRE
CONTRA LA REPRESIÓN,
ORGANIZACIÓN, UNIDAD Y LUCHA

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