La Ministra de seguridad no se cansa de salir en los medios poniendo todo su empeño en deslegitimar nuestra voz y el trabajo que sostenemos desde 1996 cuando comenzamos a hacer la lista de las personas asesinadas por las fuerzas de seguridad, de todo el país, desde que terminó la dictadura hasta aquel entonces. Desde hace 26 años realizamos anualmente la misma recopilación. En nuestro Informe de la Situación Represiva Nacional del 2017 gritamos bien fuerte que el gobierno de la Alianza Cambiemos tenía en su haber 725 asesinatos en manos del aparato represivo estatal en 721 días de gestión. Esta cruda cifra (que hoy ronda las 800 personas) fue la que, durante la emisión del programa radial “Radio con vos” conducido por Ernesto Tenembaum, el 6 de febrero de este año, la ministra condenó como “falsa de toda falsedad” y aseguró que enviaría a la producción un informe desmintiendo las mentiras de la CORREPI. Sin embargo, el viernes pasado, a más de un mes de aquella entrevista, el periodista Gustavo Grabia interpeló a Bullrich en el programa Intratables, recordándole que el informe nunca fue presentado. Como ya sostuvimos en otra nota que publicamos, la única referencia oficial emitida por el Ministerio de Seguridad fueron unas tibias y sesgadas estadísticas, que no solo pretendieron ocultar a las personas asesinadas por el estado al día de hoy durante su gestión, sino también cambiar el foco de la discusión, victimizando a los miembros de las fuerzas represivas. Esta es la línea que mantiene Bullrich desde la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Recordemos los dichos de la ministra respecto a esto: “De ninguna manera vamos a aceptar que se plantee que esta es una desaparición forzosa, en la medida que eso es una construcción”. Desde un primer momento, el apoyo de la ministra a Gendarmería Nacional fue absoluto. Defendió su accionar a través de la expresión “no vamos a tirar un gendarme por la ventana”, y lo minimizó refiriéndose a una “posible inconducta” que, según ella, no aseguraba la desaparición de Santiago. Como corolario de esta doctrina, el Ministerio de Seguridad confirmó, en los últimos días, el ascenso de 6 de los gendarmes que participaron en aquel violento operativo.

La defensa encarnizada de las fuerzas represivas por parte de la ministra continuó con el asesinato de Rafael Nahuel en Villa Mascardi el pasado 25 de noviembre. En conferencia de prensa junto a Garavano, Bullrich fue clara con respecto a la línea de Cambiemos: crear un enemigo interno, luego del nefasto informe presentado que involucra a la RAM y a distintas organizaciones sociales, para justificar así la represión estatal. Luego de explicitar su estrategia, repitiendo que las fuerzas represivas no debían dar explicaciones sobre su accionar, Bullrich decidió instalar (hasta el día de hoy) la versión del enfrentamiento armado. En todo espacio mediático donde se la invitó, la ministra repitió hasta el hartazgo que Nahuel, junto a Jones Huala y González atacaron a los prefectos. Esta última semana el informe del Departamento de Caracterización de Materiales del Centro Atómico Bariloche (CAB) arrojó que no se hallaron restos de pólvora en los estudios realizados en el cuerpo de Rafael Nahuel. Sin embargo, esto y las pericias que determinaron que los prefectos dispararon 114 veces sobre Rafael y sus compañeros, parecieron no importarle. La ex ministra de la Alianza de La Rúa no titubeó al minimizar este informe y seguir sosteniendo la teoría del enfrentamiento.

El caso Chocobar vino a reforzar con crudeza esta política. Con él, Cambiemos, a través de Bullrich afirmó una vez más su línea: defensa y promoción sin escrúpulos del gatillo fácil y la pena de muerte. La ministra junto al presidente Macri recibieron al policía bonaerense en la Casa Rosada. El efectivo, que semanas antes había ejecutado a Juan Pablo Kukoc (de 18 años) por la espalda, fue recibido con honores, un fuerte abrazo y llamado “héroe”. Así se ha dado a todos los agentes de las fuerzas de seguridad la orden explícita de disparar y matar en cualquier circunstancia, con la certeza de que sus jefes políticos los van a defender. Bullrich salió públicamente a acusar al Poder Judicial de “meterse donde no debe”, y fue más allá al afirmar: “Los jueces que hagan lo que quieran, para nosotros es política pública defender al policía en acción”. En línea con esto, el gobierno aseguró que se haría cargo de la defensa legal y el embargo dictado a Chocobar y así dejó en claro que hay vía libre para el gatillo fácil y la represión, ellos se harán cargo de la protección de las fuerzas represivas incluso presionando a la justicia si es necesario.

A los pocos días del asesinato de Kukoc, la ministra de seguridad anunció en Clarín: “estamos cambiando esta doctrina de que el policía siempre era culpable“, continuando con sus intentos de humanizar el accionar de las fuerzas. Mientras tanto seguíamos contando fusilados, entre ellos Fabián Enrique (de 17 años) asesinado en Quilmes el 6 de febrero por un miembro del Grupo Halcón. El policía relató en su indagatoria que, pese a estar uniformado, lo atacaron armados para robarle un celular. Pero dos testigos presenciales corroboraron que Fabián estaba solo y desarmado, que solo sonaron los cinco tiros del uniformado y no hubo huellas ni de otros disparos ni del teléfono.

Un mes después, con igual impunidad, fue fusilado Facundo Ferreira en Tucumán, un niño de 11 años que se dirigía junto a un amigo en moto a ver las picadas del barrio. En su último viaje una bala de la policía le entró por la nuca y terminó con su vida. Bullrich hizo propia la versión policial, asegurando que hay una investigación que dice que, lamentablemente, un chico de 11 años le tiró a la Policía. “Esa es la prueba que hizo la fiscal”, concluyó.

En estos 3 casos el fusilamiento fue por la espalda, lo cual para Bullrich, no es más que “un detalle que no se puede analizar”. Pero por si esto fuera poco, no se limitó a manifestar esta sentencia en público en un programa radial sino que intentó también esgrimir su propia definición de lo que es gatillo fácil y expresó: “Es cuando un policía sale, agarra un chico por la calle que no le gusta la cara, le mete un tiro y lo mata”, desconociendo que cuando hablamos de gatillo fácil hablamos lisa y llanamente de un fusilamiento, de un asesinato llevado a cabo por cualquier fuerza de seguridad respondiendo a la necesidad del gobierno de reprimir con el objetivo de disciplinar en el respeto al orden y la autoridad. Lo que Bullrich y todo su gobierno impulsan, garantizan y respaldan sin descaro ni disimulo.

Con sus dichos: “Si la policía siente que cada vez que actúa termina en una situación de ser analizada por la Justicia, cuando actúa en defensa de un ciudadano, lo único que se va a lograr es parálisis” no solamente justifica el accionar de las fuerzas que deriva en las nefastas estadísticas con las que iniciamos la presente nota, sino que además presiona a la justicia para que no intervenga. Esto se traduce en más garantías para disparar del lado de las fuerzas, y menos garantías del lado del pueblo, principalmente en los sectores que el gobierno caracteriza como “enemigos”. El gatillo fácil avalado y defendido por el gobierno nacional es pena de muerte de facto. De esto hablamos cuando nos referimos a que estamos atravesando un estado de excepción. Libertad de acción en el accionar represivo de las fuerzas, con aval, promoción y defensa política, en connivencia con sectores del poder judicial mediante el endurecimiento de las penas o el armado de causas contra los sectores populares, tal como quedó evidenciado en las históricas jornadas del 13, 14 y 18 de diciembre del año pasado.

En las últimas semanas del corriente mes se conocieron los casos de Gonzalo Sala, quien fue baleado por gendarmería en Lomas de Zamora al no detenerse en un control vehicular, y de Facundo Agüero, golpeado brutalmente por la policía neuquina luego de que esta lo acusara de un robo que no cometió. Ambos continúan internados peleando por su vida.

Desde CORREPI venimos sosteniendo hace 26 años que la represión es política de estado e incluso hemos consignado que los gobiernos pasan y la represión queda, pero desde la llegada de Cambiemos al poder, venimos denunciando el incremento exponencial y sistemático de la represión y continuamos visibilizando que hoy nos encontramos frente algo jamás sucedido que es que esta política de estado que denunciamos desde nuestros orígenes, es reconocida explícitamente por primera vez por un gobierno. Ya lo expresó Bullrich: “no tenemos límite para aplicar esta política que hemos decidido”.

Nosotros seguiremos respondiendo a cada intento de la ministra y cualquier miembro de este gobierno, de atacarnos y deslegitimar nuestra militancia, como también lo hemos hecho durante estos años, gobierne quien gobierne. Más fuerte gritaremos, firmes y con nuestra convicción intacta, que este gobierno es hambre, muerte y represión.

 

 

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