Sergio tenía 17 años cuando, el 6 de agosto de 1992, fue detenido por “averiguación de antecedentes” y trasladado a la Comisaría 1 º de Morón., de donde salió moribundo 12 horas después. Llegó muerto al hospital. En la primera autopsia, el forense dijo que había fallecido por “una intoxicación por sustancias que hubiere ingerido”, sin especificar cuáles, y que las marcas que tenía en los testículos correspondían a “señales de rascado”. No había ningún análisis químico que avalara esa hipótesis, y en el informe no se hacía referencia al origen traumático de varias lesiones que presentaba el cuerpo. Ni las marcas de picana en el escroto, ni los dientes rotos, ni siquiera un corte en la lengua y los golpes en la cara significaban nada para el médico forense Carlos Alberto Rossi Álvarez.

Los familiares de Sergio, junto con CORREPI, comenzaron un largo peregrinaje que incluyó marchas, escraches y hasta una huelga de hambre frente al juzgado de Morón. Finalmente lograron arrancar una nueva autopsia, que determinó que la víctima había sido torturada durante más de ocho horas con el “submarino seco” (una bolsa de polietileno en la cabeza para provocar asfixia) y con picana eléctrica en los testículos. Las nuevas pericias también determinaron que el joven había sufrido lo que se llama “masturbación violenta”, una práctica sádica para aumentar el dolor de la picana hasta límites inaguantables.
La muerte, decía el nuevo informe, se produjo por un “un mecanismo reflejo que causó un paro cardio-respiratorio”. En otras palabras: Sergio murió de dolor.
Desde entonces su caso se convirtió en paradigmático: era la primera vez, desde 1983, que se comprobaba la utilización de la picana en una comisaría de la policía bonaerense, fuerza que inventó esa herramienta de tortura casi un siglo. “La víctima -explicaba en aquel entonces CORREPI- era un joven de baja extracción socio-económica, prototipo del ‘sospechoso’ a los ojos policiales. Toda la causa muestra el enorme esfuerzo realizado para encubrir a los torturadores, incluyendo la autopsia falsa por la que se encuentra procesado el médico Carlos A. Rossi Alvarez.”
Hasta que el informe anátomo-patológico probó el pasaje de corriente eléctrica en los testículos, por el asesinato sólo estaba detenido el subinspector Jorge Ramón Fernández, quien antes de las torturas había sacado a Sergio de la celda diciéndole “Vení pibe, que ya te vas”. Fernández, que había guardado silencio desde su detención, habló cuando se conocieron los datos que arrojó la nueva pericia. Cercado, acusó a cuatro de sus compañeros por las torturas: el subcomisario Miguel Angel Rojido, el cabo Raúl Rodolfo Gastelú, el oficial Luis Alberto Farese y el cabo Hugo Nicolosi. Los cuatro acusados integraban el servicio de calle de la comisaría, lindera al juzgado donde declaró Fernández. Allí se los vio por última vez: mientras el juez redactaba las órdenes de captura, todos se dieron misteriosamente a la fuga. A ninguno lo pudo ubicar la justicia. Con sus cuatro cómplices prófugos, en los primeros días de octubre de 1995 el subinspector Fernández fue condenado, en soledad, a cadena perpetua como partícipe necesario del delito de aplicación de tormentos seguida de muerte.
Mientras tanto, los prófugos desarrollaban su vida normalmente. Con su impunidad garantizada por el aparato estatal, no imaginaban que la familia de Sergio Durán y la CORREPI los seguirían buscando.

Prófugos de privilegio y excarcelados de lujo.
Las “pesquisas” oficiales continuaron después del juicio que condenó a Fernández, pero todos los operativos ordenados por la justicia y la fiscalía fracasaron: cuando daban con ellos, los prófugos se escapaban caminando o por los techos. Uno de ellos (Farese) logró huir de sus perseguidores en un Fiat 147 destartalado. En cambio, la familia, los testigos y los militantes de CORREPI sufrieron todo tipo de presiones. Los presos de la comisaría que atestiguaron lo que vieron, padecieron armados de causas por supuestos motines, y varios de ellos murieron sospechosamente. Uno de los abogados de CORREPI que llevaba la causa, enfrentó un proceso por desacato cuando denunció que en torno al caso se había tejido un “pacto policial-judicial”.
Pero la suerte de los policías prófugos pareció cambiar en octubre de 1996, cuando tanto el subcomisario Rojido como el cabo Gastelú fueron ubicados por CORREPI y los familiares de Sergio. Ambos seguían viviendo en sus viejos domicilios y haciendo una vida normal. Estaban prófugos en su propia casa, a la vista de todo el mundo, menos de la justicia y la policía. CORREPI, con la colaboración de un solidario programa de televisión, instaló cámaras ocultas frente a ambos domicilios, logrando el documento que obligó a su detención. En las imágenes se veía a Rojido en su casa de Mar del Plata, junto a su esposa -también policía, luego comisaria e instructora de policías- y saludando con un abrazo a un uniformado que iba a visitarlo en patrullero. A Gastelú se lo ubicó en Moreno, en el barrio Las Catonas, llevando con custodia policial a sus hijos a la escuela, entrando a su trabajo en la municipalidad de Moreno -donde tenía un puesto su esposa- y caminando tranquilamente por la calle.
Con los videos en la mano, CORREPI fue donde el juez Jorge Carreras, que terminó trabajando de madrugada para detener a los poco escondidos prófugos; sacó de la cama al entonces flamante jefe de la policía bonaerense, el comisario Vitelli y lo comprometió personalmente con las detenciones. El Día de la Madre de 1996, ambos policías fueron detenidos en sus domicilios. A Rojido lo tuvieron que trasladar rápidamente desde Mar del Plata, por pedido del Jefe de la Unidad Regional, alertado porque “la familiaridad y respeto con que todos sus subordinados lo trataban no le permitía garantizar que, de permanecer el subcomisario allí toda la noche, estuviera preso a la mañana”, según informó por escrito al juzgado.
Un año después, fue descubierto el tercer prófugo, Luis Alberto Farese, quien, a pesar del pedido de captura en su contra, seguía cobrando su sueldo de policía normalmente. En un documento de aquel entonces CORREPI denunció: “…descubrimos que sólo fue cesanteado de la policía bonaerense el 11 de abril de 1997, es decir tres años después de su huida, en el marco de la “depuración” policial posterior al Caso Cabezas. Durante ese tiempo, Farese percibió personalmente, exhibiendo su documento y estampando su firma, haberes mensuales por u$s800 y hasta un retroactivo de u$s5.000 en marzo de 1996. La policía, que le pagaba el sueldo, jamás lo detuvo”.
Sin embargo, la historia de los prófugos de fuga fácil no terminó allí. El 4 de febrero de 1998, Farese se escapó caminando, vestido con uniforme policial, de la comisaría donde estaba alojado. Nunca más se supo de él, excepto cuando secuestró a su propio hijo en un sonado incidente familiar. El niño fue encontrado sano y salvo, sin que hasta hoy haya más que rumores del paradero del padre. Como para compensar la fuga de Farese, pocos meses después fue detenido el cuarto prófugo, el cabo Nicolosi.
El subcomisario Rojido y el cabo Gastelú, estuvieron presos hasta 1999. Al cumplirse tres años de su detención sin que se realizara el juicio, la Cámara de Morón les dio el privilegio de la excarcelación, sin escuchar la oposición de la familia y CORREPI. Sólo Fernández, ya condenado, y Nicolosi, aguardando juicio, quedaban presos.
El 20 octubre de 2003, once años después del crimen, comenzó el segundo juicio oral contra Nicolosi, detenido, y Rojido y Gastelú, excarcelados. Ninguno de los dos se presentó el primer día de audiencia. La comisaria Silvia Amelia Giménez, esposa de Rojido, informó a la Sala II de la Cámara que su marido “había salido la tarde anterior a hacer trámites y que no supo más de él”. La esposa del cabo Gastelú, por su parte, explicó que éste trabajaba de camionero, que el lunes anterior había salido con rumbo a Bahía Blanca y que estaba “preocupada” por lo que le podría haber pasado.
El 21 de octubre de ese año, se libró nueva orden de captura nacional e internacional contra los dos torturadores. El juicio continuó sólo contra Nicolosi, que fue condenado a prisión perpetua como coautor del delito de tortura seguida de muerte en perjuicio de Sergio Gustavo Durán.
Nuevamente, frente a la inacción estatal, CORREPI buscó a Gastelú, y lo encontró antes que la justicia y la policía. En abril de 2004, gracias a la ayuda de los vecinos del Barrio Trujuy, en Moreno, se comprobó que el torturador vivía en el mismo domicilio que figuraba en su legajo policial y caminaba apaciblemente por las calles. Las filmaciones obtenidas tras varios meses de paciente y prolijo seguimiento fueron entregadas a la justicia, que encomendó la captura al ministerio de Seguridad provincial. El ministro León Arslanián estrenó para la ocasión una brigada “antiprófugo”, que protagonizó un fenomenal blooper en Moreno. Alertado por el escandaloso operativo, nuevamente Gastelú escapó.
Luego de la campaña que emprendieron CORREPI y la familia Durán, responsabilizando al gobierno por la increíble huida de Gastelú, y gracias a la difusión de afiches con la cara del prófugo, que pregonaban “Si lo ve, NO le avise a la policía”, Gastelú fue recapturado en la Nochebuena de 2004, en la misma zona oeste del conurbano donde siempre se movió. En el tercer juicio del inacabable proceso, a fin de abril de 2005, el cabo fue condenado, como los dos anteriores, a prisión perpetua por el delito de tortura seguido de muerte. Rojido y Farese seguían prófugos.
Mientras tanto, las defensas de Fernández y Nicolosi habían recurrido las sentencias condenatorias ante la Cámara de Casación Penal bonaerense, y luego ante la Suprema Corte Provincial. En 2008, un anónimo llegado por correo electrónico denunció a CORREPI que el oficial subinspector Jorge Ramón Fernández, el primer condenado por el crimen, estaba en libertad hacía tiempo, y trabajaba como Jefe de Operaciones en la empresa de seguridad y vigilancia privada Segur Part SA, en la calle Bartolomé Mitre 1131 de la ciudad de Morón, a cuatro cuadras de los tribunales y a ciento cincuenta metros de la comisaría donde Sergio Durán murió en la tortura.
Durante 15 días los abogados de CORREPI rastrearon el expediente, hasta que confirmaron que la información era correcta. El 16 de diciembre de 2003, al cumplirse diez años de su detención, sólo ocho años después de su condena a prisión perpetua, Jorge Ramón Fernández, la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Morón le concedió la excarcelación, pues su condena no estaba confirmada. Eso no es todo: consta en el incidente del Patronato de Liberados que fue autorizado a trabajar como Supervisor en la empresa Segur Part SA. Y también surge de las actuaciones que recién en 2004 tramitó su pase a retiro en la policía…
La empresa Segur Part SA, figura en el listado de prestadores de servicios de seguridad privada del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, y sus empleados estaban sujetos a su supervisión, conforme las leyes vigentes. También estaba habilitada para la portación de armas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde registra domicilio en Esmeralda 517, piso 4º dpto. “B”.
La denuncia pública que hizo CORREPI sobre la escandalosa situación de un condenado por tortura seguida de muerte trabajando con permiso de la justicia y el poder ejecutivo provincial en una empresa de seguridad privada logró, apenas, que lo echaran del trabajo. Hoy Jorge Ramón Fernández sigue libre, y es frecuente verlo en los pasillos de los tribunales de Morón, ya que usó su tiempo libre con subsidio oficial para recibirse de abogado en la Universidad de Morón.
Nicolosi y Gastelú, los otros dos condenados, también salieron ya en libertad hace rato.
En abril de 2012, nuevamente la solidaridad y compromiso de los vecinos, esta vez de Mar del Plata, nos permitió comprobar que el subcomisario Miguel Ángel Rojido, prófugo por segunda vez desde octubre de 2003, sigue viviendo tranquilo en su ciudad, alternando entre la vieja casa familiar (Jara 1271) y otros inmuebles de su mujer, ya retirada de la policía bonaerense, y de sus hijos. Manejaba entonces un Corsa color champagne, patente FZL 862. Todo su “disfraz” consistía en usar una gorrita con visera. CORREPI entregó fotos y videos a la justicia, que –cosa curiosa- no lo encontró aún.
El 24 de julio de 2013 perdimos a Olga, pero sus hijas y CORREPI tenemos larga memoria, y firme convicción. En cada lucha la recordamos también a ella, ejemplo de fortaleza Seguimos buscando a los prófugos Miguel Angel Rojido y Luis Alberto Farese.
Si los ves, no avises a la policía, ni a los jueces

¡Avisale a CORREPI !

 

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