“Sale de su casa, se va a trabajar / con el miedo que le dice que esta hasta las manos / traba la puerta porque esta asustado / el niño que baila le va a robar…” No exageramos si decimos que esta letra bien podría ser la noticia que repiten los medios hegemónicos. La criminalización de la juventud es moneda corriente, y los barrios más humildes son los señalados. El 1º de marzo, cuando el presidente Mauricio Macri salude la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, hablará sobre la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. Otra vez, en las agendas política, mediática y pública se instalará la necesidad de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. No es casual que en todos los gobiernos aparezca este proyecto; otra herramienta más dentro del paquete de políticas represivas.

Desde principios del 2017 que, mediante una “comisión multidisciplinaria de especialistas”, se viene trabajando sobre esta reforma. A lo largo del año, aparecieron en escena los férreos defensores. Uno de sus argumentos se basa en querer modificar los regímenes de responsabilidad penal juvenil y garantizar formalmente la presencia de abogados defensores y tribunales especializados, y de un proceso específico para “darles más derechos” a esxs niñxs. Pero aquí, lo único que se pretende garantizar es la condena, no la defensa. Esto es válido cuando hablamos de familias que pueden afrontar una defensa particular. Lxs pibxs que sean asistidxs por un defensor oficial, lo va a ver una sola vez cuando le lleve un papel para que firme y le diga “arreglá un abreviado, pibe, que te conviene”. Esos mecanismos, aplicados a la realidad material de lxs jóvenes que son judicializados en nuestro país, lxs más pobres y vulnerables, son formidables herramientas de disciplinamiento social.

Otra de las falacias del sector de los poderosos es sostener que si tenés menos de 18 años sos impune por cualquier delito que cometas. Lxs pibxs entre 16 y 18 años son punibles como cualquiera, con la única diferencia que, según el distrito, son distintos los trámites procesales. Si tiene 12, 15 o 17 años y es detenidx por las fuerzas de seguridad, queda a disposición de un juez de menores. La ley 22.278/22.803 permite que les impongan las mismas penas que a los adultos. Asimismo, posibilita que lxs menores de 16 años (no punibles) estén internadxs en institutos por tiempo indefinido o hasta alcanzar los 18 y aplica un modelo tutelar, en el que los jueces disponen y deciden en forma discrecional. Independientemente de su culpabilidad o inocencia, queda en manos de un juez que es quien decide si vuelve con su familia o si es internado en un instituto con algún argumento como su desprotección o su situación de abandono y desamparo; una vivencia que se replica en los centros de detención creados por el mismo sistema que los excluye.

 

Parece que no son suficientes las detenciones arbitrarias, las muertes por gatillo fácil y torturas, la persecución y el hostigamiento militarizando los barrios, y la estigmatización para lxs pibxs pobres. Tal es la línea reflejada de esta gestión, en la voz de Esteban Bullrich, cuando orgulloso describió como un logro tener “un metro más de asfalto y un pibe preso más por día”. Queda claro que el estado no está ausente ni atado de mano, sino que su presencia está enmarcada en estas políticas represivas hacia lxs hijxs del pueblo trabajador.

 

Desde que llegó a la Casa Rosada, la alianza Cambiemos aplicó grandes reformas para que la justicia penal sea más “rápida y efectiva”. Con los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad, y el apoyo de los principales bloques opositores, el Congreso aprobó leyes como la de flagrancia. Ahora se suma el debate por la baja de edad de imputabilidad que bien puede ser para la tribuna, teniendo en cuenta que las cárceles y los institutos de menores están llenos hijxs de la clase trabajadora, y ningunx es hijx de un político, empresario o funcionario, porque sabemos que la impunidad la gozan los mismos personajes de siempre.

 

Este proyecto de ley, orquestado con Macri y Garavano a la cabeza, y avalado por los grandes medios de comunicación que refuerzan el discurso de “inseguridad”, nos impone un falso debate, escondiendo detrás de la biblioteca los cadáveres de miles de pobres, hoy al ritmo de más de uno por día. Sabemos que mientras se mantenga el carácter clasista del sistema judicial y de todo el aparato estatal, los niñxs pobres seguirán muriendo también en los reformatorios. Y por supuesto, seguirán siendo pobres.

 

 

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