El gobierno de Cambiemos junto a la ministra impulsora de la doctrina Chocobar, Patricia Bullrich, saben que se aproxima un fin de año de masivas movilizaciones debido al brutal ajuste que está soportando el pueblo. La sanción del senado al presupuesto trae más ajuste y miseria para cumplir con las condiciones que impone el FMI y corona el mes con la reunión de líderes del sistema capitalista en la Cumbre del G20, el 30 de noviembre y 1 de diciembre. Las calles volverán a ser el escenario, y ellos lo saben.

Lo “novedoso” de esta etapa, de este verdadero estado de excepción en el cual derechos y garantías están suprimidos, es la elección y puesta en foco, por parte de Pato y sus aliados, de la creación de un nuevo enemigo interno: las organizaciones sociales. Esta vez su batea de mentiras se descarga sobre aquellos sectores populares organizados, aduciendo muy suelta de boca que “sus acciones de protesta en las calles son supuestos armados electorales de cara a la disputa presidencial del año próximo“;  además de señalarlos como vinculados con el “narcomenudeo” en las villas de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires diciendo que “lo que hemos visto estos años es que la relación entre el narco y los punteros políticos de villa es muy estrecha…“.

Este giro que hace Bullrich pretende, a través de los medios hegemónicos, sembrar el odio y criminalizar a los pobres y trabajadores que se organizan contra estas feroces políticas de ajuste que se terminaron plasmando en una reducción salvaje del presupuesto aprobado el miércoles 14 de noviembre en el senado.

Afirmamos, por el contrario, que esta necesidad de poner el foco en las organizaciones sociales (que no está de más recordar que son quienes día a día le ponen el cuerpo y trabajan en las barriadas donde el estado capitalista está ausente salvo por su brazo armado) como posible “amenaza” para la sociedad es una política en pos de justificar y avalar el accionar de las fuerzas represoras del estado. Un estado que no sólo cercena derechos y garantías del pueblo, sino que hace de la doctrina Chocobar una política pública de estado, reivindicando, como lo ha hecho después del fusilamiento por la espalda de Rafael Nahuel, el accionar de su brazo armado, ya que para la ministra “la versión de las fuerzas es de carácter de verdad para nosotros”.  Nunca expresado tan claramente.

Por último, pero para nada menos importante, el gobierno acompaña la criminalización y las mentiras sobre las organizaciones sociales con la Reforma del Código Penal en el que los “cambios” son un ataque directo a los sectores populares, tratando de amedrentar y desalentar las movilizaciones.

Sabemos que son tiempos en donde son necesarias la unidad, la resistencia y la lucha, en un escenario que conocemos bien: la calle. Es primordial que salgamos las veces que sea necesario en pos de nuestros derechos y de no relegar ni un poquito a quienes vienen a imponer políticas de ajuste a costa de la miseria y el hambre del pueblo.

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