Mientras que, en estos días, los ojos del mundo están pendientes de Brasil, el gobierno de la alianza Cambiemos profundiza su modelo de represión, hambre y saqueo. Esto no es fruto de la casualidad. Tanto Macri como Bolsonaro se constituyen en fieles representantes de los sectores más concentrados de la economía. En este contexto, los medios de comunicación cumplen un rol fundamental, ya que no sólo ofrecen candidatos como si fueran productos comerciales, sino que, a fuerza de repetición, van cooptando “sentido común” para configurar los discursos que circulan mayoritariamente.
Desde que, en 2015, asumió la coalición Cambiemos, hemos sido testigos una larga serie de gestos que se transforman, en los hechos, en órdenes cumplidas por todo el aparato represivo del estado. No se trata de provocaciones, sino más bien de todo lo contrario: lo que se busca es respaldar el accionar criminal de los uniformados al servicio del gobierno. No hace falta remontarse mucho en el tiempo para que encontrar pruebas.
Emmanuel Echazú, único imputado por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, por ejemplo, fue premiado con un ascenso en enero de este año. A los pocos meses, el presidente Mauricio Macri y la ministra Patricia Bullrich recibieron al asesino de Juan Pablo Kukoc, el policía Luis Chocobar, en la Casa Rosada, que acababa de ser procesado por el homicidio. Poco después de recibir una visita de la misma ministra en su casa, Chocobar volvió a patrullar las calles de Avellaneda.
Cuando se conoció la pericia balística que señaló al cabo Francisco Pintos como el autor material del asesinato de Rafael Nahuel, Bullrich no sólo ratificó el infame accionar de los prefectos aquella jornada, sino que eligió un momento emblemático para hacerlo, el acto por los 208 años de Prefectura Naval.
A pesar de la certeza de que los policías tucumanos mataron por la espalda a Facundo Ferreira, de 12 años –y hasta dieron positivo para cocaína y marihuana sus exámenes toxicológicos- sólo se tomó una sanción disciplinaria cuando uno de ellos se vio implicado en un robo. En el medio, los familiares de Facundo denunciaron aprietes y amenazas.
No podemos olvidar, tampoco, el episodio en el que un prefecto asesinó a un conductor tras una discusión de tránsito. A pesar de las pruebas, el asesino Daniel de Jesús Acosta hoy se encuentra en libertad.
Más recientemente, alertado por la violencia con la que se llevaban a un detenido, un juez laboral que pasaba por el lugar trató de interpelar a dos policías. El altercado fue grabado con un celular y viralizado. La resolución del Ministerio de Seguridad bonaerense, a cargo de Cristian Ritondo parece firmado por la propia Bullrich: se otorgaron ascensos para los implicados.
No se trata, en ningún caso, de meras provocaciones. Son, en realidad, órdenes leídas al interior y al exterior de las FFSS, mandatos de muerte, que se cobran más de una vida por día.
Cuando gatillan un gendarme, un policía o un prefecto, la responsabilidad es del Estado, y del gobierno que lo dirige. Lo que se pretende ocultar es la necesidad que tiene el macrismo de sostener un modelo económico que excluye a millones de personas; un modelo que genera desempleo, hambre y exclusión, y que no cierra sin represión.
Calle por calle, palabra por palabra, desarmemos el discurso autoritario que se expande por toda la región.
¡Unidad, organización y lucha, es la salida!

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