Uno de los rasgos distintivos del gobierno macrista es que, por primera vez en nuestra historia, las fracciones más concentradas del capital local y trasnacional, de larga tradición reaccionaria, represora y golpista, accedieron al gobierno, en diciembre de 2015, por la vía institucional y no, como siempre hasta entonces, por un golpe militar o el fraude. Integra Cambiemos una nueva generación de tecnócratas, CEOs y cuadros políticos que representan en primera persona a los grupos empresarios que históricamente han aplicado mano de hierro para profundizar el saqueo y la apropiación de las riquezas que produce a diario el pueblo trabajador. La clase social que instrumentó el genocidio en beneficio propio ahora viene por más, por lo que les faltó, por todo lo que queda.

Otro aspecto a contemplar es el papel que el gobierno argentino pretende jugar en el tablero regional e internacional: ser la punta de lanza de los intereses yanquis en la región, ejerciendo presión sobre otros países y pueblos, fundamentalmente apoyando la política golpista oligárquica y proimperialista en Venezuela.

En un contexto regional e internacional de avance de la derecha, en Argentina, desde hace dos años, han venido a imponer una reforma de largo plazo, de carácter estructural, de transformación de las relaciones entre trabajo y capital en detrimento de la clase trabajadora y el pueblo, que redundará en mayores niveles de explotación, avasallamiento de derechos ganados en décadas de lucha, con condiciones de trabajo y de vida cada vez más precarias.

Las calles de nuestras ciudades y barrios muestran con claridad las consecuencias de las políticas antipopulares del macrismo. Es creciente la presencia de personas que malamente sobreviven con el cartoneo, la prostitución, la venta ambulante  y todo tipo de actividad ultra precaria. Esas mismas calles son el escenario donde se juega la conflictividad social, con las luchas de los trabajadores y las trabajadoras estatales, privados y precarizados; del movimiento de mujeres y colectivos disidentes; del movimiento antirrepresivo y por los  derechos humanos.

Desde el minuto cero, el gobierno de Cambiemos dispuso una avanzada en todos los frentes, además del económico-social. Para imponer sus políticas antiobreras y antipopulares necesitan doblegar la resistencia que oponen las organizaciones del pueblo  trabajador, que fueron desplegando luchas y ganando fuerza a pesar de la eterna tregua de la burocracia sindical en todas sus modalidades. Desde el gobierno, al calor de la primera ofensiva de despidos masivos en el ámbito estatal y privado, dieron inicio a una batalla ideológica basada en el intento de desprestigiar a las y los trabajadores y dirigida a la demonización de toda actividad gremial y sindical, incluido el mero intento de organizarse para la defensa de derechos básicos. Sabido es que no se limitaron a ello, sino que, en paralelo, desde la misma designación de los y las funcionarias de las áreas de seguridad en todos los niveles –nacional, provinciales y de la ciudad- y a partir del lanzamiento de una serie de medidas, iniciaron lo que pretende ser una reforma de la política y del aparato represivo, acorde con el objetivo de sentar bases inamovibles para un modelo de acumulación económico y político que derrote y ponga en peores condiciones a las trabajadoras, trabajadores y al pueblo.

La primera medida fue el decreto que declaró la emergencia nacional en seguridad. Tres elementos del decreto nos dejan clara su orientación: mayores facultades para la persecución política (asociación ilícita “organizada para cometer delitos por fines políticos”, asociación ilícita calificada, otros delitos creados por las leyes antiterroristas del kirchnerismo como asociación ilícita terrorista, financiación del terrorismo); autorización para convocar personal retirado de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía Aeroportuaria, y la facultad de cambiar el destino de partidas presupuestarias y hacer contrataciones directas.

Acto seguido, el Consejo de Seguridad Interior, con el consenso mayoritario de gobernadores, aprobó el Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas, conocido popularmente como el Protocolo Antipiquetes.

Luego fue el turno de la unificación de la Policía Federal y la Metropolitana, una transición que concluyó con la creación de la Policía de la Ciudad, que actuará en el marco del Sistema Integral de Seguridad Pública de la CABA, un combo que incluye al aparato judicial y a la seguridad privada, incrementando gravemente el nivel de militarización de la ciudad, ubicándola como líder mundial en presencia policial en las calles (un policía cada 107 personas, 860 policías cada 100.000 habitantes).

En los últimos meses de 2016, el gobierno logró, en el Congreso Nacional, con acuerdo de todas las fuerzas patronales, la aprobación de la Ley de Flagrancia, que extiende ese procedimiento al ámbito federal, y permite que, en un par de semanas, la causa sea elevada a juicio y tenga sentencia, haciendo casi imposible que el acusado/a pueda acceder a su defensa. Esta reforma favorece al recrudecimiento de la industria de las causas armadas. Con más demora y negociaciones, las dos cámaras legislativas nacionales también aprobaron la validación por ley de las figuras del agente encubierto (infiltrado), el informante (buche) y el agente revelador (provocador), con la excusa de “combatir el crimen organizado”. Cambiemos siguió pertrechándose de figuras legales para infiltrar, vigilar y criminalizar a las organizaciones de los y las trabajadoras y el pueblo.

Como telón de fondo ideológico de todas estas medidas, Cambiemos asumió la reivindicación de la dictadura, del terrorismo de estado y de sus protagonistas militares y civiles. En ese marco debe entenderse la razón detrás de las intervenciones de distintos funcionarios -desde el desplazado Lopérfido hasta el propio Macri- que pusieron en cuestión la cantidad de detenidos/as desaparecidas por la dictadura. En línea con ello, Avruj, el Secretario de Derechos Humano se reunió con el autodenominado Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTyV). También intentaron quitar el feriado del 24 de marzo. Sin dudas, el ataque más grave fue el que operaron a través de la Corte Suprema para el fallo a favor del 2×1 para los genocidas, y quien más claramente lo expresó fue la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, cuando aseguró que “los demonios no eran tan demonios”. Esa defensa directa de la dictadura ya tiene consecuencias materiales, con la obstaculización de los juicios pendientes por crímenes de lesa humanidad, la facilitación de más prisiones domiciliarias, excarcelaciones y absoluciones a genocidas.

El correlato cotidiano de esta ofensiva antipopular y represiva se expresa en la creciente militarización de nuestras calles, barrios y ciudades. Continuando la tarea iniciada por el gobierno anterior, los grandes centros urbanos fueron ocupados a niveles de saturación por las diferentes fuerzas represivas federales, provinciales, comunales y locales. En nombre de la lucha contra el delito, y al amparo de las campañas de miedo agitadas por los medios hegemónicos, los y las jóvenes pobres sufren todos los días la persecución, el hostigamiento, las golpizas, un aumento exponencial de las detenciones arbitrarias, además del recrudecimiento de los asesinatos y fusilamientos que conocemos como gatillo fácil, así como la tortura seguida de muerte bajo condiciones de detención.

Estamos ante una avanzada represiva que abarca a todo el territorio nacional. Si bien a primera vista se destacan por su virulencia represiva provincias como Jujuy, Mendoza, Buenos Aires, Córdoba, y también CABA, es necesario señalar que en estos dos años los distintos gobiernos provinciales -los que aún comulgan en el kirchnerismo, los que renegaron de ese espacio, los que responden al PJ anti K, el massismo, y las gobernaciones de tradicionales partidos provinciales- vienen aplicado disciplinadamente y sin dudar medidas represivas dirigidas tanto al control social cotidiano como las que tienen como destinatarios a los sectores y organizaciones que sostienen la conflictividad social en la pelea por sus derechos. Sirvan como muestras las represiones y medidas de criminalización de la protesta desatadas en Río Negro, Tierra del Fuego, Neuquén o Santa Cruz.

En los últimos meses de 2017, hemos visto agudizarse esta ofensiva, con tres aspectos destacados: la avanzada hacia una reformulación del rol que juegan las FFAA con miras a que cumplan tareas de represión interna (con la excusa del combate al narcotráfico y al terrorismo internacional), el alineamiento subordinado con el imperialismo yanqui y sus fuerzas armadas, y la ofensiva en la construcción de un enemigo interno que legitime la represión y los crímenes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

No menos revelador es el rol del obediente poder judicial, que mientras garantiza la impunidad de los represores de ayer y de hoy con cada vez menos disimulo, carga sin compasión contra trabajadores y trabajadoras y manifestantes, y pega un salto cualitativo en la persecución política contra sus opositores, con detenciones y prisiones preventivas imposibles de explicar desde la técnica jurídica.

A pesar de importantes limitaciones que debemos superar en el campo de las y los trabajadores y el pueblo, la lucha, la organización y las masivas movilizaciones populares impusieron límites parciales pero importantes al gobierno, al punto de hacerlo retroceder o recalcular en más de una ocasión. Estas respuestas populares de resistencia vieron incrementada su fuerza en la medida en que hemos podido concretar mayores niveles de unidad de acción y una respetable masividad.

Venimos de dos años de resistencia popular contra el ajuste y la represión, forjada con algunas movilizaciones de gran masividad que han atravesado a todo el país, como las luchas frentes a los despidos al inicio del gobierno de Cambiemos, las que dieron los y las docentes, las contundentes y radicalizadas medidas del movimiento de mujeres y colectivos disidentes (Ni una Menos, el paro internacional de mujeres del 8 de marzo, los ENM), las convocadas por la CGT con importante participación de los y las trabajadoras, y fundamentalmente aquellas convocadas como respuesta a la represión estatal y al intento de barrer con las conquistas que durante largos años de lucha supo ganar el  movimiento por los derechos humanos.  En la capacidad popular de garantizar medidas unitarias, masivas, contundentes, está la posibilidad de poder poner freno a las políticas de los gobiernos nacional y provinciales, de ir construyendo una fuerza popular que vaya fogoneando la crisis de este gobierno de ricos, verdugo del pueblo pobre y trabajador, y mansamente servil de lo más concentrado del capital local, trasnacional y el imperialismo yanqui.

Santiago Maldonado, Rafael Nahuel

En la segunda mitad de 2017, la política represiva del gobierno de Cambiemos dio un salto de calidad con la desaparición forzada de Santiago Maldonado durante la represión de gendarmería contra la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen. Su desaparición el 1º de agosto y la aparición de su cuerpo el 17 de octubre en las aguas del río en cuyas cercanías fue visto con vida por última vez, marcaron un hito en la trayectoria represiva del macrismo.

La desaparición y muerte de Santiago puso en evidencia, para quien lo quiera ver, la modalidad de hostigamiento y represión permanente que sufren los pueblos originarios en todo el país, en este caso en la provincia de Chubut: intromisiones en territorios de las comunidades, quema de viviendas y pertenencias, violencia física, detenciones arbitrarias, criminalización de los y las que se organizan. Todo con un alto grado de violencia por parte de las fuerzas represivas, con el respaldo del aparato judicial, y a las órdenes del gobierno.

Con una gravedad que pinta de cuerpo entero el carácter criminal de este gobierno, funcionarios de primera línea se dedicaron a garantizar el encubrimiento de los responsables materiales, siempre con la complicidad de los medios hegemónicos, que operan como reproductor y amplificador del discurso oficial.

Cuatro meses después de la desaparición de Santiago, en el marco de otro operativo represivo contra una comunidad, esta vez a cargo de efectivos del grupo Albatros de prefectura, fue asesinado por la espalda a Rafael Nahuel, joven integrante de la Lof Lafken Winkul Mapu, en cercanías de Villa Mascardi, provincia de Río Negro. Otros dos integrantes de la comunidad, varón y mujer, fueron heridos por la espalda y sobrevivieron, mientras que Lautaro González y Fausto Jones Huala fueron detenidos cuando bajaron de la montaña cargando el cuerpo de Rafael, en un desesperado intento de proveerle ayuda médica. Ambos fueron liberados varios días después, al calor del reclamo popular, que forzó al juez a admitir que no habían atacado a los prefectos con el arsenal inverosímil descripto en el relato de Patricia Bullrich.

Estos dos crímenes se dan en el marco de un hostigamiento cada vez más grave a las comunidades originarias, y en particular al pueblo mapuche, que resiste históricamente frente a los usurpadores y saqueadores de sus territorios ancestrales.

La operatoria del gobierno incluye intercambios y acciones comunes junto a su par chileno, operaciones de inteligencia, y un despliegue mediático que oficia de punta de lanza del encubrimiento de su propia responsabilidad, apoyado en una campaña que busca la creación de un enemigo interno al que se atribuyen objetivos y acciones de terrorismo, para lograr consenso que legitime la represión y criminalización del pueblo mapuche. Y que no queden dudas, marca el inicio de un nuevo momento represivo que, bajo el pretexto de combatir al terrorismo, planifica lanzarse a la persecución y criminalización de diversas expresiones de resistencia, colectivos, organizaciones sociales y políticas que forman parte del pueblo que trabaja y lucha.

Militarización del territorio y detenciones arbitrarias

La tendencia a la creciente militarización de los territorios no se acota a nuestro país, ni al gobierno de Cambiemos. Cierto es que sus causas deben buscarse en las contradicciones y asimetrías de carácter estructural que atraviesan a la sociedad argentina: una formación social que tiende a la concentración de los medios de producción y las riquezas en menos manos, que expulsa a cada vez más grandes porciones de la población hacia condiciones de vida precarias e indignas. Es decir, una sociedad cada vez más desigual que, librada a las políticas de los partidos patronales que nos gobiernan, sólo puede esperar mayores niveles descomposición y diversas y tal vez crecientes expresiones de conflictividad y resistencia popular. Para preservar este estado de cosas y mantener a raya al pueblo pobre para garantizar control y disciplinamiento social, el estado dispone la ocupación del territorio de las grandes ciudades, las barriadas populares y sobre la casi totalidad de los espacios públicos, a manos de las distintas fuerzas de represión.

Con esos objetivos en común, las distintas expresiones patronales que han gobernado y gobiernan, han dado pasos que -más allá de los matices que las diferencian- cimentaron lo que hoy se traduce en una saturación de las fuerzas de seguridad del estado en las calles. A mediados de los ’90, cuando comenzaban a cobrar cuerpo las organizaciones de trabajadores y trabajadoras desocupados, que sería el actor más dinámico de la década siguiente, fue Menem el que desplazó la gendarmería y la prefectura hacia los centros urbanos, con la excusa de la custodia de “objetivos judios”, y empezó a usar esas fuerzas de frontera y ríos en la represión del conflicto social. En el mismo camino siguieron los gobiernos de De la Rúa y Duhalde, que usaron gendarmes y prefectos en sus principales represiones, como el Puente de Corrientes en 1999 y el Puente Pueyrredón en 2002. Luego, el kirchnerismo, en sus primero tiempos de gobierno, dispuso personal de gendarmería para custodiar empresas de electricidad y estaciones de trenes del conurbano. Consolidada su posición después de las elecciones de 2005, comenzó la ocupación de gendarmes y prefectos de los barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, multiplicada, con alcance nacional, hacia el final del gobierno de Cristina Fernández. A esa militarización del territorio hay que sumar el reclutamiento masivo en las policías provinciales y la creación de las policías locales, todo regado con abundante aumento del pertrechamiento armamentístico y tecnológico.

Todos esos dispositivos de control social y muerte crecieron brutalmente con el gobierno macrista, que subió los presupuestos para las áreas de Defensa (29.9%) y Seguridad Interior (14.9%). En provincia de Buenos Aires, el aumento en 2017 fue de un 74% respecto de 2015. Esta es la base presupuestaria que el gobierno de Cambiemos tradujo en una profundización de la militarización de los barrios y localidades con mayor potencial de conflictividad social: en diferentes etapas el ministerio comandado por Patricia Bullrich, destinó casi 10.000 efectivos de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, además de “aportes” importantes a otras ciudades con alto nivel de conflictividad social, como Rosario, que fue invadida por gendarmería.

La consecuencia cotidiana de estas políticas es el agravamiento de la imposición del repertorio represivo al que se ven sometidos los y las jóvenes pobres, vendedores/as ambulantes, estudiantes, músicos, artistas callejeros/as: hostigamiento, cacheos, detenciones arbitrarias, armado de causas, torturas, gatillo fácil.

 

Informe de la situación represiva nacional 2016/2017

La siguiente es una enumeración, seguramente incompleta, de los hechos represivos que pudimos registrar a lo largo y ancho del país en el curso del bienio macrista. En la larga lista, ordenada cronológicamente, se mezclan hechos de represión a manifestaciones y movilizaciones, medidas de lucha gremial y sindical, del movimiento estudiantil, del de mujeres y disidencias sexuales, del antirrepresivo y de DDHH. También hubo represiones por conflictos de tierra y vivienda, en particular, en el primer caso, los vinculados a las luchas de los pueblos originarios. La variedad de circunstancias en que sectores populares han sido reprimidos por el actual gobierno, da cuenta de su decisión de avanzar sin límite, como dijo Patricia Bullrich, en la defensa de los intereses propios y de los suyos, los empresarios y las multinacionales:

Leer completa en: http://www.correpi.org/2018/01/19/hechos-represivos-del-gobierno-de-cambiemos-en-dos-anos/

 

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