El 20 de febrero se aprobó en Brasil, y por amplia mayoría en el Senado, la intervención militar en Río de Janeiro. En la misma línea, Michel Temer anunció la creación del Ministerio de Seguridad Pública a cargo del ministro de Defensa Raúl Jungmann, el cual funcionará de conjunto con las autoridades regionales. Jungmann, principal impulsor de la intervención, declaró que la responsabilidad de los hechos de violencia en este estado es de los “consumidores de drogas ilegales de la clase media, que durante el día se indignan y por las noches ingieren sustancias prohibidas compradas en la ilegalidad”. Queda claro entonces hacia quiénes van apuntadas las nuevas medidas represivas.

La nueva cartera se encargará de coordinar la integración de las fuerzas represivas en todo el territorio nacional. Tendrá a su cargo, por ejemplo, todo el operativo desplegado en Río de Janeiro. Se le retira, de esta manera, al gobernador Luiz Fernando de Souza el control de todas las fuerzas, quedando estas en manos del general Walter Braga Netto. El flamante interventor aseguró que la operación aprobada por el Poder Legislativo en Río es “como un laboratorio” para el resto de Brasil, confirmando así la profundización del modelo represivo.

Según el grupo de estudios Brazilian Public Security Forum, la policía de Río ya es una de las más letales del mundo: 925 personas fueron asesinadas en operaciones policiales en 2016. Algunos recuentos iniciales de organizaciones de derechos humanos suben la cifra para 2017 por encima de las 1000 víctimas del aparato represivo estatal.

También quedará bajo la esfera de Jungmann la Policía Federal, la cual lleva a cabo la investigación de los hechos de corrupción conocidos como la operación Lava Jato, denuncias que tienen implicados a Temer, miembros de su gabinete y funcionarios de otros países (como el caso de Arribas en Argentina).

Tras la designación de Jungmann al nuevo ministerio, en Defensa Michel Temer nombró al general Joaquim Silva e Luna, quien desarrolló parte de su formación en Israel y en Estados Unidos y posee un doctorado en ciencias militares. Desde el regreso de la democracia es la primera vez que un militar ocupará este cargo.

La utilización de fuerzas militares en las calles por parte de los gobiernos democráticos no es una novedad para el pueblo brasileño, y en especial de Río de Janeiro. Itamar Franco lo hizo a principios de la década del 90. Por su parte, Lula da Silva creó además las Unidades de Policía Pacificadora (un nombre bastante paradójico); y Dilma Rousseff, de cara al mundial de fútbol en 2014 y los Juegos Olímpicos en 2016, formó el Batallón de Operaciones Policiales Especiales. Sin embargo, ninguna se realizó con figuras provenientes del ámbito militar ocupando cargos en el Ejecutivo.

Otra medida que agrava la situación, es que en octubre del año pasado, el Senado brasileño votó una ley que le da protección a los militares que cometan crímenes durante su accionar, aprobando un tribunal especial para los militares. Una ley que pretende brindar más impunidad a los uniformados.

Esta profundización está directamente vinculada a dos objetivos puntuales. Por un lado, el brutal ajuste que se está desarrollando sobre el pueblo trabajador desde la asunción de Michel Temer mediante el golpe de estado realizado en 2016. La serie de medidas impopulares adoptadas por el gobierno se coronó a mediados del año pasado con la aprobación parlamentaria de la reforma laboral, la cual entró en vigencia en noviembre. Todo esto a pesar de la histórica huelga general que se llevó a cabo el 28 de abril, con movilizaciones en distintas ciudades que fueron reprimidas. Desde nuestros orígenes lo manifestamos como premisa ineludible: todo estado que represente y defienda los intereses de la clase dominante sobre las mayorías oprimidas, deberá ejercer la represión.

Por otro lado, esta militarización del estado responde a la presión y los intereses de los Estados Unidos en la región. No es casual que estas medidas se implementen poco tiempo después de la gira que el secretario de estado Rex Tillerson realizó por algunos países. En la misma línea va, por ejemplo, el acuerdo que la ministra Patricia Bullrich firmó con la DEA para instalar una base de esta fuerza en Misiones. Estamos ante un claro avance de las fuerzas militares y los servicios de inteligencia extranjeros sobre toda la región.

Vemos que la segunda ciudad más grande de Brasil fue elegida como la plataforma para demostrar la escalada represiva, que, como muchos especialistas indican, apunta a ser una prueba piloto para todo el país. Así como pasa en nuestro país: más ajuste, más represión.

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