Ajuste, inflación, despidos, desocupación. La receta que nos ofrece el FMI, no parece muy prometedora. Mientras tanto, el gobierno pretende que la sociedad naturalice el gatillo fácil, que no es otra cosa que avalar la pena de muerte extrajudicial. Mientras tanto, el gobierno busca aumentar la cantidad de efectivos policiales. Las muertes ocasionadas por éstos, se multiplican. Entonces, bien vale preguntarse qué sucede con las armas que carga el estado.
Mientras los distintos funcionarios del gobierno se dedican a dar conferencias de prensa que nada explican, las condiciones de vida para millones de argentinos empeoran. La palabra “ajuste” se repite como un mantra, en el discurso de los medios hegemónicos. Los especuladores están en su salsa; el FMI dispone y el gobierno obedece.
Los sectores populares, mientras tanto, pagamos la cuenta de una fiesta a la que no fuimos invitados. Día tras día, cientos de laburantes pasan a engrosar la reciente nómina de desocupados. Las condiciones de trabajo empeoran, la flexibilización laboral se agudiza y la inflación se devora nuestros sueldos. La “tormenta”, de la que tanto habla el presidente, no es más que la consecuencia deliberada de una política económica de saqueo. Esta famosa “receta” salvadora, no es más que “miseria planificada”, para aumentar los márgenes de ganancia de los capitalistas.
Semejante panorama, no es sostenible en el tiempo sin represión. La crisis económica tiene brutales consecuencias en las barriadas de todo el país. La represión policial e institucional crece, conforme recrudece la recesión. Las muertes provocadas por balas policiales, en distintas situaciones, se multiplican. Basta con repasar tres casos, ocurridos en las últimas semanas, para comprenderlo. ¿Qué sucede con las armas que carga el estado?
El 5 de julio, por ejemplo, el diario La Capital de Mar del Plata publica: “Policía mató a un menor que lo habría intentado asaltar”. En el cuerpo de la nota, comienza desentrañarse este verbo en potencial. La primera hipótesis con la que trabajaba la Justicia, era que el agente Pablo Muñoz había repelido a tiros una agresión. El informe preliminar de los peritos, no solo confirmó que no habían existido disparos contra el uniformado. Confirmó, además el hallazgo de siete vainas servidas calibre 9 milímetros. Y que todas las detonaciones que se realizaron esa noche, se hicieron desde el interior del auto. Facundo Gómez, de tan sólo 15 años, era asesinado por el Estado.
Al día siguiente, en la localidad rionegrina de General Roca, el agente Basilio Huenumilla intentó suicidarse con su arma reglamentaria. En el medio de una fuerte discusión, este efectivo se traba en un forcejeo con sus hijas. Una vecina, que salió a la vereda a ver qué pasaba, recibió cuatro disparos. Evangelina Cayuleo perdió la vida en el acto.
Por esos días, también, la tragedia se hizo lugar en Santa Fe. Franco Fernández, un policía de esa provincia, sería el protagonista. El portal Rosario 3, resume lo ocurrido en el siguiente titular: “Femicidio en Ceres: fue a buscar a su hijo y su ex pareja policía le pegó tres tiros”. A los 19 años, Sahira Belén Sayago perdía la vida. Otro caso de violencia de género, perpetrado por el miembro de una Fuerza de Seguridad.
Todo esto, mientras los casos de gatillo fácil se multiplican. Todo esto, mientras las muertes en contexto de encierro aumentan. Todo esto, mientras los femicidios perpetrados por miembros de las FFAA y FFSS crecen. El abanico de muertes, lamentablemente, es demasiado amplio. Y tiene al Estado como principal responsable.
Por eso, para el Estado, ningún gatillo es difícil.
Inseguridad, es más policía en las calles.
