Después de un año de transición, anunciada conjuntamente por el presidente Mauricio Macri y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, el 1º de enero de 2017 comenzó a operar la Policía de la Ciudad, fusión de la Policía Federal Argentina y la Policía Metropolitana. La “nueva” fuerza de seguridad, presentada como la que iba a ser transparente, eficiente, profesional y respetuosa de los derechos de las personas, acumula, en 22 meses, más de 30 casos de gatillo fácil, y el martes 23 recibió su primera condena a prisión perpetua.
En las audiencias del juicio, que duró casi un mes y medio, se demostró que la mañana del 15 de julio de 2017 el policía de la Ciudad Gustavo Adrián Otero emprendió una persecución a tiros contra el auto en el que volvían de bailar tres amigos -Cristian, Dani y Carlitos-, porque en una bocacalle habían tenido un cruce de palabras. Se probó que el policía disparó al menos ocho veces a corta distancia contra el auto, desde atrás, desde los costados y desde adelante, y que uno de esos tiros mató a Cristian “Paraguita” Toledo, a pocas cuadra de su barrio, de su casa, de su familia. Por casualidad, o mala puntería, no fusiló también a Dani y Carlitos.
A partir de allí, comenzó una lucha en el barrio, en las calles y en los tribunales, protagonizada por familia, amigxs, vecinxs y organizaciones del barrio, junto a CORREPI, que a los pocos meses debió enfrentar la “doctrina Chocobar”, impuesta como regla por el gobierno de Cambiemos para asegurar la impunidad de quienes son el brazo armado de un gobierno que promueve el ajuste y la militarización en las calles. También hizo su entrada en escena el defensor del policía, Marcelo Pecorelli –expulsado de la Dirección de Asuntos Jurídicos del ministerio de Seguridad por “tráfico de influencia”- que así como manifestó, en la primera audiencia, que iba a interrogar a las víctimas como imputados y no como testigos, se esforzó en empiojar el trámite con inexistentes nulidades, a la vez que intentó, sin éxito, traer como “testigos” favorables al asesino al ministro y el secretario de Seguridad de la Ciudad.
El 11 de septiembre de 2018, Adrián Gustavo Otero se convirtió en el primer policía de la Ciudad que se tuvo que sentar -esposado- en el banquillo de los acusados, y desde el 23 de octubre es su primer condenado por gatillo fácil, y a prisión perpetua.
Dijimos en el alegato que éste era un juicio al que llegamos en circunstancias excepcionales, con el policía preso y acusado no sólo por las querellas, sino por la fiscalía, por la figura correcta: el homicidio agravado por su condición de miembro de una fuerza de seguridad estatal. Encontrar jueces y fiscales que se atrevan a usar esa calificación es tan difícil como lograr que le digan tortura (y no apremios, vejaciones o severidades) a la aplicación de tormento.
Dijimos, también, que era la oportunidad para una sentencia histórica, que en pleno avance del estado de excepción impuesto por Macri y sus aliados, llamara las cosas por su nombre, le dijera asesino al asesino y señalara claramente la responsabilidad estatal frente al gatillo fácil.
Rodeados de apoyo popular, de solidaridades inmensas, de unidad y lucha organizada, lo conseguimos.
Condenamos a Otero, pero también desenmascaramos a Horacio Rodríguez Larreta, que, como Patricia Bullrich, no se cansa de decir que CORREPI miente.
Los mentirosos, los jefes de las bandas represoras, son ellos.

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