La reforma del código contravencional de Mendoza, promovido por el gobernador Alfredo Cornejo y que acaba de ser aprobada en la legislatura provincial, sintetiza la política represiva que Cambiemos y sus aliados buscan imponer en todo el país, a través de cambios legislativos que apuntan directamente a estigmatizar y crtiminalizar a lxs más vulnerables y a la protesta y el conflicto social. En sintonía con la reciente reforma del código de faltas en la provincia de Santa Fe o el proyecto actualmente en debate en la Legislatura porteña, la norma que el gobierno mendocino logró aprobar con sus aliados supera ésas y otras reformas en danza, que profundizan de conjunto el sistema de faltas y contravencionales, herramienta clave, junto a las detenciones para establecer identidad o averiguar antecedentes, para la imposición de control social y disciplinamiento.

Ese objetivo queda claro desde la misma exposición de motivos, que intenta justificar la necesidad de endurecer el sistema contravencional a partir de la invocación a una genérica “demanda social de seguridad”, y la definición de una “política de prevención de la criminalidad” a partir de la sanción, con penas de hasta 90 días de arresto, además de multas y otras penas lo que admite que son conductas ajenas al derecho penal. Sin medias tintas, el proyecto define las contravenciones como “conductas antisociales sin categoría de delitos”, expresión en la que cabe cualquier cosa, y recurre sin pudores a la reaccionaria tesis yanqui de la “ventana rota”, cuando afirma que “la certera sanción de las contravenciones evitan que se cometan delitos”, como si encarcelar un trapito o un limpiavidrios permitiera impedir en el futuro un secuestro extorsivo o un robo comando a un banco.

El nuevo código abunda en figuras descriptas de modo impreciso (“conducta sospechosa en inmediaciones de viviendas, comercios o vehículos”), tipos abiertos (“actos turbatorios o desórdenes”), situaciones de peligrosidad sin delito (“posesión injustificada de llaves y ganzúas” o portar “objeto cortante o contundente, arma arrojadiza o de proyección o de acción neumática”) y derecho penal de autor, que confirman la adecuación del sistema contravencional de la provincia a las necesidades represivas del gobierno para garantizar el plan de ajuste, saqueo y entrega que exige el FMI.

Por una parte, estigmatiza y persigue a quienes intentan sobrevivir con trabajos precarizados en la calle, como trapitos, limpiavidrios, vendedores ambulantes, artistas callejeros y personas en situación de prostitución. Por la otra, planifica un verdadero cepo a la protesta y la movilización, que incluye la posibilidad de penas a las organizaciones, con la admisión de responsabilidad a las personas jurídicas; impone el requisito de la “autorización previa” para cualquier reunión de personas o manifestación en lugares abiertos o cerrados; sanciona con dureza pintadas, afichadas o la propalación de “ofensas directas” a funcionarios públicos y el uso de las redes sociales para realizar “convocatorias masivas”.

Particularmente preocupante es la situación que enfrentarán lxs niñxs, ya que si bien se mantiene la no punibilidad de personas menores de edad, se impone la transferencia de la pena a los responsables mayores de edad y pone lxs pibxs a disposición del organismo administrativo correspondiente y/o juez de familia, lo que implica su posible institucionalización.

El sistema se completa con la creación de nuevas contravenciones, como la negativa a identificarse ante funcionarios de las fuerzas de seguridad o realizar compras sin factura, a lo que se suman el mantenimiento de la instrucción sumarial en manos policiales; la escandalosa cuadruplicación de la cantidad de juzgados; los brevísimos plazos procesales entre arresto y sentencia, lo que impide una defensa material eficiente y la imposibilidad de asistencia técnica letrada excepto en instancias recursivas. Todo ello, de conjunto, garantiza un procedimiento dirigido sin matices hacia la condena.

Es ocioso buscar explicaciones en el razonamiento jurídico. El nuevo código promovido por Cambiemos en Mendoza ratifica que el sistema contravencional responde a la necesidad del gobierno de que su aparato represivo cuente con herramientas eficaces que le permitan actuar discrecionalmente para reprimir la pobreza, las disidencias sexuales y de género, y la protesta.

Las contravenciones, que también sirven para hacer “estadística” y para que las fuerzas de seguridad exhiban esos arrestos como efectivos resultados en el “combate al delito”; que dan la oportunidad para la extorsión y la recaudación de su “caja”, y son la antesala de la tortura y la muerte en comisarías, tienen como único fundamento real la necesidad del gobierno de ejercer como nunca antes el control social a través del aparato de seguridad.

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