El mes de abril va llegando a su fin en medio de represiones, persecuciones y muertes dirigidas a manifestantes, trabajadorxs, jóvenes, luchadorxs y líderes populares.

El caso de la represión que se llevó adelante antes y después de la detención del ex-presidente de Brasil Lula Da Silva es un claro ejemplo de represión selectiva frente a un pueblo que, en su manifestación popular en las calles, expresa un fuerte malestar y disconformidad frente a lo que fue la detención del candidato más firme del PT para las próximas elecciones presidenciales.

 

En Belo Horizonte, São Paulo y Río de Janeiro se hicieron sentir las manifestaciones contra la detención de Lula, que eligió como espacio de resistencia y espera la sede del Sindicato Metalúrgico, y que muchos medios convirtieron en “cuenta regresiva”, ante su detención. Dejando de lado esta operación mediática de la espectacularización de un caso paradigmático de prisión de un ex-mandatario, con sus simpatizantes y opositores, destacamos que los opositores no fueron reprimidos, mientras que los simpatizantes sufrieron la materialización de balas de goma y gases lacrimógenos. En CORREPI, caracterizamos este tipo de represión dirigida a las manifestaciones y clases populares en lucha, como represión selectiva, que tiene como objetivo ejercer un control social sobre el pueblo. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas de Brasil se hacían con amenazas de un nuevo golpe de estado.

Un eco represivo latinoamericano

En Nicaragua, la situación represiva cuenta los cadáveres hora tras hora. Al menos 20 personas fueron asesinadas en cuatro días de protesta y no cesa la violencia institucional.

Cuando estos asesinatos cobran visibilidad en los medios, cuando entre los muertos hay un periodista, como el caso de Ángel Gahona, y cuando un pueblo se opone, se levanta y lucha frente a una dura reforma a la Seguridad Social que afecta a trabajadores y jubilados, afloran las comparaciones con la historia reciente latinoamericana. Mientras que medios hegemónicos locales, como Infobae, intentan adjudicar las muertes a “Turbas” -grupos violentos no identificados, principalmente jóvenes- y las comparan con Turbas” chavistas, nosotrxs señalamos la peligrosidad de la criminalización de la juventud como estrategia de cambio de foco, cuando se están llevando adelante procesos represivos por parte del gobierno nicaragüense. La vicepresidenta Rosario Murillo reclama que estos grupos “quieren reinstalar la violencia” y nos resuena la justificación de la represión institucional en situaciones de protesta en el discurso de nuestros propios gobiernos.

¿Una nueva Marielle Franco?

En Brasil, el mes pasado también fue álgido cuando se dio a conocer la noticia del asesinato de la referente política que días antes de su muerte, había denunciado crímenes realizados por la policía militar en favelas intervenidas por el gobierno. Si Marielle Franco, mujer, negra, latina y feminista, fue asesinada por luchar, también cabe mencionar el caso de la líder indígena Olivia Arévalo en Ucayali, Perú. Dos ciudadanos canadienses fueron señalados como artífices del crimen. Tres disparos terminaron con la vida de Arévalo el pasado 19 de abril. Tres amenazas de muerte cargaba antes de su último día. El mismo Estado que no se hizo cargo de garantizar su seguridad, ahora reclama una justicia rebajada, translúcida, inverosímil. Estas mujeres también son las venas abiertas de América Latina.

 

Frente a la represión: unidad, organización y lucha

Queda claro que frente a la legitimación del discurso de los gobiernos de derecha que tienen en su agenda una profundización de los hechos represivos contra los pueblos que se alzan contra el ajuste y la implementación de modelos económicos neoliberales. En nuestro país, la doctrina Chocobar, que le levanta el pulgar a la violencia institucional y le da la mano al gatillo fácil, el apoyo de los medios masivos de comunicación como herramienta y la represión a la protesta, como vivimos durante diciembre del año pasado, suman ejemplos a los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Se trata, en conjunto, de políticas represivas llevadas adelante por toda la institución policial y las fuerzas, porque como venimos denunciando sistemáticamente, ésta es la política de Estado. Con unidad, organización y lucha, seguiremos en las calles.

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