Con los eufemismos propios de una estrategia de campaña electoral, el gobierno de Cambiemos presentará ante el Congreso el proyecto de nuevo Régimen Penal Juvenil.

Un gobierno que no ha tomado (ni tomará jamás) una sola medida que mejore y contribuya al bienestar del pueblo, insiste con el manodurismo como única propuesta para seducir al núcleo duro de sus votantes.
El gobierno de Cambiemos, que mediante sus fuerzas de seguridad mata a una persona cada 21 horas – en su inmensa mayoría pibxs y pobres- ahora dice estar preocupado por:1) evitar la carrera delictiva; 2) resolver el limbo legal y la precariedad legislativa en la materia; y 3) tener menos delincuentes y menos presos.

Es de manual recurrir a discursos con objetivos loables para ocultar la necesidad de reprimir y disciplinar ante la naturaleza destructiva y arrasadora de las políticas económicas que administran.
El proyecto presentado como “la asignatura pendiente de la democracia” es en verdad más de lo mismo: ponen en marcha el trifásico “compasión (pobrecitos), tutela (me encargo), represión (los encierro)” que adoptan en ocasiones los responsables de profundizar la pobreza y la marginalización social.

Bajar la edad de imputabilidad es un viejo anhelo de los preocupados en cercar con mayor rigor a lxs pibxs. No les preocupa que sufran desde la mala alimentación hasta el cierre de escuelas, desde la desocupación de sus padres hasta el reclutamiento policial en los barrios, desde la violencia material y simbólica hasta el gaste del discurso de la meritocracia.
Con este proyecto, el límite de 16 años se pasaría a los 15 para penar a lxs involucradxs en delitos graves. El proyecto del Frente Renovador, en sintonía con el oficial pero doblando la apuesta, contempla bajar a los 14 años. Cuando para las consecuencias se piensa del mismo modo, no hay por qué suponer que van a pensar distinto a la hora de ejecutar las causas.

Según los datos oficiales (data de 2017) 1.300 pibxs se hallan detenidxs en diferentes unidades, comisarías o institutos. Y tomando los datos de UNICEF que registra 2.915 pibxs en programas llamados de “supervisión de territorio” son 871 lxs que están con absoluta privación de su libertad, mientras que 122 se hallan en libertad restringida.
Sobre casi 100 mil presxs adultxs que hay en las más de 250 cárceles del país, la participación de esos pibes y pibas en hechos graves no representa ninguna amenaza.

No obstante la situación de detención es bajo la modalidad del sistema carcelario, expresamente prohibido por los tratados internacionales que rigen en el país (Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño). Sometidos, vulnerados, destruidos, según la Comisión Provincial por la Memoria, 619 pibxs se hallan en los 27 centros bonaerenses, 193 en los 6 de Córdoba y 11 en los 4 de CABA.

Si el número fuere la razón para implementar políticas correctivas, sería bueno que se conozca que la mitad de nuestrxs pibxs (6,5 millones) están en la pobreza estructural, es decir que no acceden a derechos elementales. Lejos de preocuparse por cambiar esa realidad, la política del gobierno la agrava.

El proyecto declara que la prisión será el último recurso, pero al mismo tiempo faculta para dictar la preventiva por un año que además es prorrogable cada tres meses. Está claro el carácter meramente retórico de aquella declaración.

Es falso lo del vacío legal para resolver el problema, porque el problema no es legal, sino político.
Las provincias (o incluso países) que no tienen ese “vacío” tampoco han logrado nada diferente. En todo caso, el vacío se llenó con la definitiva consagración del derecho a la condena y a la frustración. Un pibe o una piba criminalizadxs en el contexto de un país saqueado, es una necesidad de la clase dominante que lxs saquea. El estado cumple aquí su verdadera función. Lx mata con el gatillo fácil o lx destruye en la cárcel. La otra alternativa que les queda es convertirlxs en soldaditxs narcxs o reclutarlxs como banda para la policía, el pequeño costo que esa clase y el estado pagan por administrar excedentes del capital.

Si 6,5 millones de pibxs son enviados diariamente a la pobreza estructural, buscar la solución a muchas de sus consecuencias en una ley que amplíe el rango de “responsabilidad criminal” de algunos de sus protagonistas no parece una solución.

O tal vez sea la Solución Final.

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