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CON LA YUTA NO HAY SORORIDAD

Como organización antirrepresiva, anticapitalista y antipatriarcal, denunciamos al aparato represivo del estado que, en complicidad con el sistema judicial, son los principales garantes de las prácticas patriarcales y misóginas de este sistema perverso que nos toma de rehén e intenta hacer de nuestros cuerpos lo que quiera. Nuestra intención es aportar a visibilizar que la opresión hetero-cis patriarcal es una parte estructural  y necesaria para la reproducción del estado, y que las fuerzas represivas juegan un rol fundamental para garantizar la dominación. 

A partir de las enseñanzas que nos acerca el movimiento feminista y disidente, es que nos esforzamos día a día para llevar un proceso de despatriarcalización de toda nuestra organización, e intentamos también integrar cada vez más la práctica de la sororidad entre compañeres

Con estas líneas de acción, personales y políticas, es que llegamos a sintetizar toda una serie de debates y elaboración en forma colectiva, recolectadas en esta revista, para fortalecer la lucha en las calles, en las plazas, y en las camas.

Al mismo tiempo, como CORREPI integramos la Campaña Nacional Contra las Violencias hacia las Mujeres, herramienta política que nos permite intervenir junto a organizaciones hermanas en el vasto campo de las luchas feministas desde una construcción genuina, sólida y profundamente compañera. Allí nos juntamos en manada para resistir y hacerle frente al ajuste como violencia patriarcal mediante las huelgas y los piquetes. ¡No estamos solas, estamos alertas, activas y organizadas!

Sostenemos que la lucha es de las mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binaries, por eso el encuentro tiene que ser disidente e integrar a todas las identidades en su marco político. Al mismo tiempo, creemos necesario y fundamental que el encuentro se pronuncie a favor del aborto seguro, legal y gratuito para continuar con la lucha que garantiza la unidad en las calles. Y en esta oportunidad, también hemos decidido abrazar al histórico Encuentro en su grito de ¡somos plurinacional!

Sobrados son los motivos por los cuales consideramos que esta batalla es de todxs, no podemos seguir invisibilizando que la conformación del Estado-Nación se hizo sobre la sangre y el genocidio de nuestros pueblos latinoamericanos. El estado logró imponerse, colonizar, oprimir y exterminar reprimiendo nuestras raíces. Reconocerse parte del colectivo no es solo visibilizar el exterminio de los pueblos, es abrazarlos y transformar las injusticias en luchas colectivas. Recordar la historia no es sólo volver a pasar por el corazón, sino también reconocer cómo ese sometimiento se perpetúa al día de hoy: la persecución penal a las referentes mapuches, la represión en los territorios recuperados hacia mujeres y niños, la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y del Rafa Nahuel , los pedidos por la libertad de lonkos como Facundo Jones Huala; los gritos de las machis que se alzan a pesar de los cercos mediáticos. 

Una vez más decimos que mientras la represión no tenga límites identitarios ni fronteras, nosotrxs tampoco la tendremos.

FUERZAS DE SEGURIDAD, BRAZO ARMADO DEL PATRIARCADO

Desde CORREPI sostenemos que las llamadas fuerzas de seguridad, al ser el aparato represivo del estado, constituyen una columna vital del sistema capitalista, patriarcal y racista. Estas tienen el rol de garantizar la opresión a todo el pueblo laburante, como también la desigualdad de género. 

La criminalización hacia las mujeres asesinadas es posible gracias a la construcción de un sentido común reaccionario y carente de empatía, garantizado por el estado a través de todas sus instituciones, siendo la policía una pieza fundamental para el encubrimiento de machistas violentos ante la multiplicidad de denuncias que realizan muchas mujeres y disidencias previamente a ser ejecutadas. La revictimización que viven las denunciantes en las comisarías de la mujer es otra forma de violencia machista ésta vez ejercida por el propio estado: las negaciones a tomar las denuncias, los encubrimientos de los violentos, y los múltiples maltratos que sufren las compañeras son moneda corriente. 

Por todo esto denunciamos una vez más, que el estado es el perpetuador de la violencia machista, a través del aparato represivo como columna vital del sistema de muerte.

LAS MUJERES POLICÍAS NO SON BIENVENIDAS AL MOVIMIENTO FEMINISTA PLURINACIONAL Y DISIDENTE

Este año, Las integrantes de la fuerza policial entregaron un documento al ministerio de Seguridad, donde exigen no ser enviadas a “marchas de mujeres”. En ese contradictorio texto, mencionan que: “No es un delito manifestar por la seguridad y la erradicación de la violencia contra nosotras” y agregan, “estamos para levantar el cartel Ni Una Menos, jamás reprimiendo”. A la vez en ese mismo texto anuncian la conformación de una red para denunciar y frenar los abusos y violaciones dentro de la institución estatal. Mencionan que no quieren reprimir marchas de mujeres, cuando sabemos que no dudan en reprimir a trabajadores, sean varones, mujeres, o disidencias. Si efectivamente tuvieran la capacidad de decisión sobre la abstención a realizar sus tareas, lo hubieran hecho en múltiples ocasiones. 

El ejemplo que el gobierno quiere dar de la mujer policía que cumple con sus funciones es aquella que es premiada por matar por la espalda, como la oficial subinspector Laura Lorena Lencina, condecorada por María Eugenia Vidal a fines del año pasado.
Desde hace varios años, un grupo de mujeres policías intenta irrumpir en el encuentro para hacer un taller sobre “Mujer y policía”, el cual se viene interrumpiendo para que no se lleve adelante desde distintos sectores del feminismo. Desde CORREPI denunciamos este intento de la policía de inmiscuirse dentro del movimiento de mujeres y disidencias, tanto en las marchas del 8 de Marzo, 3 de Junio, y el Encuentro Histórico. La represión estatal y la violencia machista actúan de conjunto como herramientas de control social con el fin de garantizar la explotación y la opresión. Al elegir ingresar a las fuerzas de seguridad, se colocan ellas mismas del lado de los explotadores y opresores.

LA GORRA NUNCA SE VA A DESPATRIARCALIZAR

Ya partimos de la base que el patriarcado atraviesa a todas las estructuras sociales, el estado es su garante y reproductor, por lo tanto las fuerzas represivas no son la excepción. De ahí es que sostenemos que es absolutamente inviable la despatriarcalización de la policía.

Sus uniformes no distinguen de género cuando se trata de cumplir con su función social. Sabemos que no les temblará el pulso cuando la orden del gobierno de turno sea reprimir en cualquier marcha, hacer frente a trabajadorxs que reclaman por despidos, perseguir a personas en situación de prostitución o trabajadorxs sexuales, cuando le disparen a pibx por la espalda , o cuando persigan trabajadorxs ambulantes que buscan ganarse el mango para sostener a sus familias.

El funcionamiento de las redes de trata de personas con el accionar directo de la policía junto al poder judicial, y demás funcionarios, no puede pasar de alto. Las represiones y persecuciones a lo largo de la historia a los movimientos de mujeres y disidencias, torturas y violaciones, para disciplinar al movimiento, tampoco.Su tarea es defender al sistema para que siga actuando sobre nuestros cuerpos con violencia y represión. Por eso afirmamos que  no existe una mínima posibilidad de despatriarcalizar el aparato represivo, ya que tampoco existe una forma de “reprimir adecuadamente”. No nos convencen o alivian cuando incorporan a travestis y mujeres trans en la estructura de la maldita bonaerense. Que haya mujeres en su cúpula tampoco es una expresión de la despatriarcalización de esa fuerza. La función que han asumido dentro del aparato estatal las mujeres y disidencias que deciden incorporarse a las fuerzas de seguridad es la de reprimir al pueblo trabajador y garantizar el sostenimiento del sistema capitalista, patriarcal y racista.

AL CALABOZO Y AL CLOSET NO VOLVEMOS NUNCA MÁS

Las disidencias sexogénericas ante la represión del gobierno de cambiemos.

Para las personas no heterosexuales o no cisgénero, las políticas represivas de cambiemos han implicado la vuelta en forma de pesadilla de épocas que creíamos clausuradas.

Con esto no decimos que nuestra experiencia en los años anteriores a la asunción de la gestión actual  haya sido una panacea, y si bien en CORREPI decimos que la represión es política de estado gobierne quien gobierne, Cambiemos merece una distinción en el sentido negativo, siendo indiscutiblemente el gobierno más represor desde 1983. Y esta definición tan categórica se hace carne  en nuestros cuerpos disidentes.

Según los pocos informes que y estadísticas que se han podido recolectar en estos años, siendo los datos estadísticos de violencia sobre nuestra población un problema a nivel internacional que ha generado incluso que la CIDH se pronuncie en 2015 recomendando a los países la investigación sobre estos casos, la violencia sobre las disidencias sexuales y de género sigue siendo alarmante en nuestro país y las fuerzas represivas siguen teniendo un protagonismo importante en la ejecución de las mismas.

La mayoría de estos informes  (en su mayoría emitidos por defensorías o agencias estatales) se construyen a partir del relevamiento de casos en los medios de comunicación o de denuncias en la justicia.  Esto indica,que si bien estos informes constituyen una muestra de la gravedad de las situaciones de violencia que vive el colectivo disidente cotidianamente, sigue habiendo un subregistro de tales situaciones. ¿Por qué? Porque sabemos que muchos casos no llegan a denunciarse ni son levantados por los medios. Dicho subregistro, aumenta si pensamos en los casos en que esas violencias son cometidas por funcionarios estatales. La gran paradoja de creer que el mismo estado que nos violenta para garantizar las desigualdades y las relaciones de opresión a las que somos sometidxs va a registrar correctamente esas violencias.

Lo alarmante es que, con subregistro y todo, el informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT haya arrojado que “(…) En el año 2018 ocurrieron en Argentina ciento cuarenta y siete (147) crímenes de odio, en donde la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de todas las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para la vulneración de derechos y la violencia”.

En el mismo informe,  se manifiesta, que “(…) Las fuerzas de seguridad argentinas y los servicios penitenciarios manifiestan particular saña y odio contra las personas LGBT, y particularmente con comunidad de mujeres trans [y travestis]. Ello se manifiesta en el desconocimiento de sus identidades auto percibidas -burlas, insultos, descalificaciones-, en detenciones arbitrarias con armado de causas judiciales, en la criminalización del trabajo sexual, en la exigencia de coimas o de servicios sexuales gratuitos, en persecuciones, hostigamientos, tratos vejatorios e inhumanos, violaciones y tortura, tanto en la vía pública, como en comisarías y penales.[1]”.

Se consigna también en aquel informe que las fuerzas represivas en ejercicio de sus funciones son responsables del 8,16% de estos crímenes de odio. Sin embargo, si tomamos  como referencia al al informe de “Basta de Genocidio Trans – Informe 2018 Argentina” que elaboró el Centro de Documentación y Situación de América Latina y el Caribe (CeDosTALC) que desarrolla la Red Latinoamericana y del Caribe de personas trans (RedLacTrans); vemos que se consigna a las fuerzas represivas como responsables del 28% de los crímenes de odio sobre las personas travestis y trans.

Una serie de casos que se han mediatizado en estos años, dan cuenta del enorme retroceso en materia de derechos y garantías que hemos sufrido las disidencias sexuales y de género: el procesamiento de Higui por ser pobre,  lesbiana y defenderse de sus violadores; el procesamiento de Joe Lemonge por ser un varón trans que un día dijo basta a la agresión de un grupo de machitos violentos; la absurda condena a Marian Gómez por besarse con su esposa Rocío en una estación de subte ejecutada por la jueza lesbodiante Marta Yungano; las torturas sufridas por Alexis y Nahuel ejecutadas por la policía de Santo Tomé, son solo una pequeña muestra de que el estado a través de la policía y la justicia heterocispatriarcal, cuando no es ejecutor de las violencias sobre este colectivo, las perpetúa.

En estos años, los emblemáticos demuestran cómo a pesar de las conquistas históricas y significativas que hemos logrado las disidencias  a lo largo de años de lucha, seguimos siendo situadas en el terreno de los “grupos peligrosos” junto con lxs migrantes, lxs vendedorxs ambulantes, lxs pibxs pobres de los barrios, las trabajadoras sexuales y las personas en situación de prostitución. Ese es el lugar que reafirmó la ministra  patricia Bullrich cuando emitió en 2017 la resolución 1149-E/2017 aprobando el “Protocolo de Actuación de Registros Personales y detención para personas pertenecientes al colectivo LGBT”, protocolo que constituye un acto de cinismo que, aunque cita los principios de Yogyakarta, Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Ley de Identidad de Género, no hace más que estigmatizar a nuestro colectivo y criminalizarlo.

Sin embargo, la contracara de esta situación somos nosotrxs en este Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales y No Binaries, copando las calles de La Plata, como lo venimos haciendo a lo largo y ancho del país, por el orgullo, contra los travesticidios, transfemicidios y ante cada agresión hacia nuestros cuerpos e identidades.

Porque existimos, deseamos y resistimos y porque al closet y al calabozo no volvemos nunca más.

NI MUERTXS NI PRESXS POR ABORTAR

A más de un año del grito de millones de personas en todo el país por el aborto legal, seguro y gratuito, en el cual una manifestación histórica fue vista en distintas partes del mundo llevando un reclamo político con años de historia, se atravesó a una sociedad entera. La media sanción en la cámara de Diputados después de esa noche fría del 13J, con un Congreso rodeado, fue el primer triunfo de miles de personas que se manifestaron toda la noche. Sin embargo, el resultado no fue el mismo el 8A, cuando en la cámara de Senadores el proyecto fue rechazado por unos dinosaurios que dieron la espalda al millón de personas que se encontraba en las calles.

Este año electoral, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito presentó por octava vez consecutiva en la cámara de Diputados, el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Las calles se volvieron a colmar y a teñir de verde una vez más, porque la lucha sigue.

Sabemos que se utiliza la penalización del aborto como instrumento de criminalización hacia las personas que lo practican y que acompañan. Se pudo ver claro en el caso de Belén, joven tucumana que estuvo tres años en prisión y posteriormente acusada de haberse practicado un aborto clandestino sólo por haber asistido a un hospital de urgencia por un aborto espontáneo. 

En Argentina se practican alrededor de 54 abortos por hora, 1.300 abortos por día, estimándose entre 370.000 y 520.000 por año. Pero las que mueren o tienen complicaciones en su salud siempre son las personas pobres que no pueden acceder a esta práctica de manera segura. Esto nos demuestra que por más de que deje de ser un delito, el aborto va a seguir practicándose por fuera del amparo estatal. Dentro de este sistema de opresión y desigualdad, más de 3.000 mujeres y personas gestantes murieron por abortos en condiciones infrahumanas desde la vuelta de la democracia. Su despenalización no garantiza el acceso a la salud, ya que las mujeres más pobres y las personas con capacidad de gestar, son las que no tienen más opción que exponerse a centros de aborto clandestinos sin ningún tipo de cuidado, o practicarlos en sus propias casas con escasa información y métodos no seguros. Por eso, exigimos que el aborto sea  legal , seguro y gratuito.                                                                        

La capacidad de decisión de las mujeres y personas gestantes sobre su propio cuerpo es fundamental para terminar con la violencia machista reproducida en todas las instituciones del estado y su cultura capitalista y patriarcal. Se deben destinar políticas públicas para que se garantice la ejecución efectiva de la ley, desde la implementación de la educación sexual integral donde las nuevas generaciones se formen bajo los conocimientos del auto-cuidado, la distribución de métodos anticonceptivos acordes a las necesidades de cada persona para evitar embarazos no deseados, y aborto legal en el hospital público que garantice el acceso a quienes requieran hacer uso de ese derecho.

¡EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL PARA DECIDIR!
ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR!
¡ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO PARA NO MORIR!

LA MATERNIDAD SERÁ DESEADA O NO SERÁ.

LA YUTA, EJÉRCITO DE OCUPACIÓN DE NUESTROS CUERPOS

Sabemos que la función de la policía es mantener al sistema capitalista, patriarcal, racista como indiscutible programa de estado, como inalterable realidad. El método que tiene es la represión, adoptando refinadas formas para cada sector social que es considerado peligroso para sus fines: para lxs pobres, militarización de los barrios; para lxs jóvenes, gatillo fácil; para lxs migrantes negrxs, detenciones arbitrarias; para lxs que luchan, gases lacrimógenos; para las multitudes, palo y más palo. Todas estas formas, que se combinan e intensifican de acuerdo al nivel de legitimación social que cada gobierno promueve, no son suficientes para someter a los pueblos a la máxima degradación humana. El sistema también necesita de la violencia sexual para existir, por eso utiliza a la violación como método de tortura y a la violación masiva como arma de guerra.

El eco de la historia hoy se vuelve canción de combate

El silencio es otra forma en la que opera el patriarcado, de ahí que nuestra tarea es romper ese manto porque cada vez que alzamos nuestra voz, ponemos en jaque al sistema. Poco se habla de los abusos sexuales, mucho menos de aquellos cometidos por las fuerzas de seguridad. Pero la violencia sexual existe y se mantiene desde hace miles de años porque sin ella, no hubiera sido posible el desarrollo de una sociedad dividida en clases. Sin la apropiación de los cuerpos de las mujeres como paridoras que garantizan el linaje, no hubiera sido posible adoptar la herencia como forma de acumulación de excedentes, paso fundamental para la creación de clases sociales diferenciadas, y subsiguiente, del estado. Con el avance de la historia y el desenvolvimiento de distintos sistemas que fueron perfeccionando las maneras de acumulación, nos encontramos una y otra vez con la violencia sexual como engranaje que permitió sostener la desigualdad a costa del sufrimiento de millones de personas en todo el mundo. En todos los procesos históricos podemos encontrar al uso de la violencia como factor económico clave para la acumulación, persiguiendo fines específicos según la época, pero siempre con el objetivo principal como matriz. Una de las formas que siempre estuvo presente es la violencia sexual, no como hechos aislados de machos descarriados, sino de manera continua y utilizada de forma sistemática promovida por la cultura imperante, ejercida tanto por varones violentos como por parte de las fuerzas represivas del estado. ¿Por qué? ¿Cuál es la función que esto cumple?

Nuestros cuerpos no son territorio de conquista

Siglos pasaron para que se reconozca dentro de los lineamientos del derecho internacional a la violación masiva como crimen de guerra. Siglos de silenciamiento de nuestras hermanas originarias que sufrieron en sus cuerpos la colonización, que tuvieron que cargar en sus vientres el fruto del intento de destrucción de sus culturas ancestrales a través del “mestizaje” forzoso. Siglos de ocultamiento de la violencia sufrida por las mujeres esclavas negras, quienes fueron expropiadas junto a millones de africanos de sus tierras para ser explotados en América del Norte, ser usadas como meras paridoras y luego expropiados sus bebés para engrosar las filas de la esclavitud, o también violadas como mecanismo de castigo y control frente a sus actos de rebeldía. Tantas guerras acontecieron en el mundo bajo la política de violar a las mujeres de las poblaciones ocupadas como arma de terrorismo político: la guerra ruso-japonesa, las guerras mundiales, la guerra de Vietnam. Los ejércitos al demostrar este despliegue de poder, conseguían aterrorizar a la población a través de someter los cuerpos de las mujeres y humillar a los varones que obligaban a presenciar la violación de sus compañeras, madres, hermanas, hijas. En todos estos casos, la política de dominación concibe a los cuerpos de las mujeres como objeto de disputa de poder patriarcal.

Nunca más sometidas

Del mismo modo, el poder utiliza a la violencia sexual como método de tortura en manos de las fuerzas represivas, diseñado específicamente para mujeres, trans, travestis, homosexuales, y en menor medida varones. En el caso de las dictaduras cívico – eclesiástico – económico – militar orquestadas por el imperialismo yanqui en Latinoamérica el siglo pasado, la utilización de torturas sexuales fue un acto sistemático como represalia a quienes formaron parte de la lucha revolucionaria. Hoy en día se perpetúa la misma modalidad con las mujeres que lucha por la liberación del pueblo kurdo en Medio Oriente. La intimidación y el terrorismo son los objetivos que se persiguen.

Asimismo, encontramos que la violación como mecanismo de tortura persiste bajo los gobiernos constitucionales como dispositivo de sometimiento y control social, desatada en quienes caen arbitrariamente en manos de la policía. Un caso emblemático fue el de Andrea Viera en el 2002, detenida estando embarazada sin motivo concreto junto a su marido, ambxs torturadxs por la policía bonaerense. Ella murió tras haber entrado en estado de coma producto de las violaciones sufridas por los efectivos mientras una mujer policía sostenía sus piernas.

Libres y deseantes nos queremos

Con enorme bronca y profunda fuerza sostenemos día a día que nuestros cuerpos son nuestro territorio de empoderamiento, y herramienta de lucha por nuestra dignidad y la del pueblo entero. No vamos a permitir que sigan violentándonos para sostener este sistema de muerte, por eso luchamos contra el disciplinamiento de los cuerpos. Tenemos derecho a vivir nuestra sexualidad de manera cuidada, de decidir sobre la base del deseo si maternar o no, de sentir orgullo por nuestras identidades sexuales y de género, de poner nuestros cuerpos como trinchera de batalla. Nuestro cuerpo es colectivo cuando ocupa el espacio público para transformar a todo el cuerpo social.

NI UNA MENOS, EL ESTADO ES RESPONSABLE

Desde que empezamos a elaborar el Archivo de Casos de Personas Asesinadas por el Aparato Represivo del Estado, de CORREPI, advertimos que la enorme mayoría de los asesinatos de gatillo fácil, con su fuerte componente de control social, correspondía a varones, especialmente adolescentes, con muy pocos y excepcionales casos de mujeres y niñas. El número de mujeres muertas en lugares de detención es sensiblemente menor que el de varones, lo que se explica por la diferencia cuantitativa de la población carcelaria y de comisarías en relación al género.

Sin embargo, también advertimos que, en un porcentaje importante, los casos registrados de víctimas mujeres se relacionaban con situaciones de violencia machista y patriarcal. La cantidad de mujeres asesinadas por integrantes del aparato represivo estatal por razones de género nos llevó a empezar a sistematizar esas situaciones, sin perjuicio de que, simultáneamente, encuadraran en otras modalidades según la forma de la muerte.

Los dos primeros casos registrados como femicidios se remontan a 1992. Desde entonces el índice ha sido creciente. En nuestro Informe de Situación Represiva Anual 2018, registramos 349 casos sobre un total de 596 de víctimas mujeres, travestis y mujeres trans. Al día de hoy, nuestro Archivo registra un total de más de 6.600 casos. De ese total, 619 son mujeres, trans y travestis asesinadas por el aparato represivo del estado, de los cuales  427 casos son femicidios de uniforme. El 55% de esos 427 femicidios pertenecen solamente a los últimos 10 años. 

Esto nos permite observar que los femicidios de uniforme son la primera causa de muerte de mujeres a manos del aparato represivo estatal, siendo la mayoría de los asesinatos cometidos por el aparato represivo estatal hacia mujeres y disidencias responden directamente a la opresión de género.

Se advierte que casi la totalidad de los casos de muertes en contexto intrafuerza o intrafamiliar son a la vez femicidios de uniforme, mientras que es mucho menor la incidencia de la violencia de género como factor determinante en las demás modalidades.

El notable el incremento de los casos de femicidio y femicidio relacionado, es decir los casos en los que además o en lugar de la mujer el violento mata a otros familiares (hijos e hijas, madres, padres, hermanos), nuevas parejas o a quienes intentan defender a la víctima original. Casi un tercio de los femicidios relacionados tienen niños y niñas como víctimas. Este incremento, especialmente en los últimos años, nos llevó a comparar nuestros datos con las estadísticas generales de femicidios. Estimamos, tomando como base los registros existentes a nivel nacional que, hasta fin de 2018, una de cada cinco mujeres asesinada en un contexto de violencia de género fue a la vez víctima de la violencia estatal, encarnada generalmente en el arma reglamentaria. Pero apenas comenzó el 2019, ese 20% creció, ya que de los primeros 15 femicidios del mes de enero, cuatro fueron cometidos por integrantes del aparato represivo estatal. Ello da cuenta de cómo se potencian, cuando se cruzan, la violencia represiva estatal con la violencia machista y patriarcal.Además, existen algunos casos en los últimos dos años donde la mujer perteneciente a una fuerza de seguridad mata a su pareja, sea varón o mujer, o a sus familiares, incluyendo sus hijxs. Esto nos demuestra que la función represora que adoptan las mujeres policías la trasladan al resto de su vida al igual que los varones, sin importar que sufran la desigualdad de género.

NO ESTAMOS TODAS, FALTAN LAS PRESAS

La segunda causa de muerte en manos de las fuerzas represivas, después del gatillo fácil, son las muertes en lugares de detención y encierro. Las causas varían entre dudosos suicidios, hasta la falta de atención médica, como también denuncias por torturas, hacinamientos, falta de agua, y mala alimentación. El contexto de encierro vulnerabiliza aún más a las mujeres y disidencias que se encuentran en esta situación por su género y por ser en su mayoría pobres. La represión incluye el silenciamiento, y la descarga particularmente a quienes están maternando en diversas situaciones de parto y crianza.

En la provincia de Córdoba, las muertes en contexto de encierro corresponden al 35%, desde que comenzó el 2019, hasta fines de julio de este año, ya son 14 las mujeres muertas en las cárceles y comisarías. Las condiciones inhumanas de vida y las torturas son una realidad dentro de los penales. Los últimos asesinatos en la cárcel de mujeres de Bouwer volvieron a poner el foco en esta realidad que apalea a las personas presas, que en su gran mayoría provienen de los barrios más pobres. “Ni una menos en las cárceles”, es el reclamo que familiares de mujeres presas en la cárcel de Bouwer e integrantes de organizaciones de derechos humanos hicieron en la puerta de los Tribunales de Córdoba.

Elsa Medina, de 62 años, muere por falta de atención médica y desata el reclamo de sus compañeras, llevado a cabo mediante huelgas de hambre para exigir por la falta de atención médica, las torturas, y las pésimas condiciones. 

Janet López, de 30 años, el viernes a la noche, aparece en una celda de castigo muerta colgada de los barrotes de la ventana. Esto desató otra vez el reclamo de las compañeras y como respuesta fueron reprimidas a golpes y gases en las celdas.

Diez muertes en los primeros tres meses de 2019 en la cárcel de Bouwer, donde las autopsias comprueban hechos de torturas.

Las causas de muerte en las penitenciarías de mujeres en la Argentina reflejan la violencia a las que son sometidas desde torturas, muertes de mujeres que no son asistidas en sus partos dentro de las cárceles, mujeres que mueren en agonía y no son asistidas por médicos de la salud, muertes que son en muchos de los casos disfrazados de suicidios. Muertes que no vamos a permitir sean olvidadas

NO ESTÁN PERDIDAS, SON DESAPARECIDAS POR LAS REDES DE TRATA

Para hablar de trata primero debemos dimensionar nuestro abordaje, entendiendo que es un primer acercamiento para centrarnos en la trata de personas con fines de explotación sexual,  diferenciándolo de otros tipos de explotación o del trabajo sexual. Nos referimos principalmente a cómo el estado y su brazo armado, garantizan el funcionamiento de las redes de trata de personas para explotarlas sexualmente, su captación, transporte, traslado y recepción en total clandestinidad, poniendo a disposición todo su aparato para retener, someter y explotar, sobre todo a niñxs, mujeres y disidencias, para perpetuar el disciplinamiento de los cuerpos, deseos y subjetividades en función a la edad, géneros y clase a dominar.

Es esta problemática la que nos permite observar una vez más, el accionar concreto de un estado capitalista y patriarcal, dejando al descubierto las grandes redes que posicionan su enriquecimiento clandestino en los primeros lugares de los negocios millonarios, junto con el comercio de armas y el narcotráfico. Para que estas redes se tejan, es necesario poner a disposición todo el entramado de poder estatal, desde los proxenetas que transitan la calle, espacios públicos o privados, hasta los jueces, fiscales, policías, ex policías, gendarmes, prefectos, intendentes, gobernadores, diputados, senadores, y demás funcionarios públicos que accionan directa o indirectamente. 

En términos antirrepresivos, entendemos que si bien la normativa vigente criminaliza el proxenetismo, la persecución en las calles es a las personas en situación de prostitución y trabajadorxs sexuales. Los distintos colectivos han avanzado en la construcción de herramientas colectivas para hacerle frente a la represión que sobre ellxs se descarga, pero es claro que se debe avanzar en la conquista de derechos y reivindicaciones para quienes están en las calles, permitiendo que se hagan visibles las distintas problemáticas de quienes son protagonistas, contadas y validadas por su propia voz. 

La clandestinidad en la que funcionan las redes, aumenta la desigualdad y exposición a la represión de las personas que desean desarrollar el trabajo autónomo, sometiéndolas a palo limpio al poder de la comisaría de la zona, el jefe de calle o fiolo, impidiendo que compitan con el funcionamiento de su negocio u obligando a que se incorporen al mismo.

Entendemos la represión como una violación de derechos humanos, ya que son derechos superadores y distintos de los individuales o subjetivos, por lo tanto universales. Es por eso que, además de tener la obligación de garantizarlos, es el estado el único que puede violarlos. El estado cuenta además con el monopolio de las fuerzas. Es por eso que cuando hablamos de un homicidio perpetrado por el aparato represivo del estado, hablamos de una doble violación, porque es alguien en función del estado quien asesina a una persona.
Cuando hablamos de trata, más aún cuando entendemos que su funcionamiento depende del accionar de funcionarios públicos y el aparato represivo del estado, hablamos también de una violación a los derechos humanos por parte del estado hacia distintas personas, en distintos contextos o de distintas procedencias. Pero principalmente hablamos de niñxs, jóvenes, mujeres, travas, trans, pobres y migrantes, con poco acceso a la salud, a la vivienda, a condiciones laborales formales, o a la educación. Hablamos del sector que más le asusta al estado capitalista y patriarcal, potenciales rebeldes, objeto de disciplinamiento y represión.

Si tomamos como ejemplo las denuncias del colectivo LGBTTIQ+ organizado, nos encontramos con una esperanza de vida que no supera los 35 años, donde la mayoría no tiene cobertura médica, o ve obstaculizado su acceso a las instituciones de salud, y cuando lo hacen sufren discriminación por parte del personal. La mayoría sólo accede a trabajo en negro precarizado, no puede acceder a una vivienda propia, no puede concluir sus estudios secundarios. Casi la totalidad fue reprimidx en alguna oportunidad, sufriendo detenciones arbitrarias, violaciones, golpes, abusos, acosos, coimas. 

Los derechos conquistados hasta ahora son producto exclusivamente del movimiento, pero resulta imprescindible que con urgencia exijamos la implementación del cupo laboral trans, desde una lucha colectiva y organizada por el campo popular.

La desaparición de niñas, niñxs y adolescentes para fines de explotación sexual, tiene características específicas que se fueron modificando y desarrollando con el transcurso de los años. El método comienza con una coptación progresiva por parte de una red con múltiples eslabones de poder, partiendo por la selección de una persona en determinado contexto, con las características necesarias para que esta coptación se desarrolle: una niñez o adolescencia que se vive desde el encierro en la casa, a veces cuidando hermanitxs o cuidándose de no salir a la calle para enfrentar otro tipo de violencias; una familia laburante que no puede estar mucho tiempo en la casa, a veces familias de madres solteras con varixs hijxs, con laburos lejos de sus casas; a veces con grupos familiares que viven en otras localidades, provincias, incluso países; con acceso a redes donde se pueda iniciar o profundizar a puertas cerradas la coptación; y otras características particulares que pueden jugar un papel fundamental. Comienza por una persona de confianza, un vínculo directo con la piba, a veces novios, a veces amigos, a veces conocidos, que comienzan a frecuentarla para acercarla a los establecimientos que integran la red. La coptación se hace de manera progresiva, con una participación constante, sin secuestro, sin tráfico. Muchas veces las redes se cuelan en instituciones educativas, en los barrios, clubes, incluso hogares de tránsito, para señalar a las pibas. Esto sucede a espaldas de sus familias y amistades, y va profundizándose con el tiempo que lleve metida en la red. Los establecimientos, boliches, locales, están a la vista de todxs nosotrxs. No podrían funcionar sin la protección de las comisarías de la zona, involucradas directamente en el desarrollo del negocio. Muchas veces las pibas desaparecen unos días y vuelven a las casas. En el transcurso de esas horas, las familias recurren a esas mismas comisarías para denunciar que les falta su hija, y vuelven a sus casas para ser vigiladxs de cerca y hostigadxs. Muchas veces las pibas no vuelven. 

Los medios de comunicación hegemónicos, publican cuando una piba desaparece por la presión de la lucha organizada, e inmediatamente se ocupan de instalar en el sentido común el discurso machista que responsabilice a la víctima, la revictimice, legitimando un relato cosificador y clasista, que naturaliza la crueldad y la violencia, criminaliza a la juventud y le quita el protagonismo al estado, la policía y lxs integrantes de las redes, para depositarlo en las familias, en el consumo problemático, culpar a algún “loco suelto” o a ellas mismas, como también lo hicieron con Melina, Candela, Micaela, Ángeles. Los medios de comunicación hegemónicos, ni siquiera publican cuando una trava desaparece.
¡Por  más medios de comunicación independientes, populares y combativos!

Experiencias como la Red del Bajo Flores, donde docentes, vecinxs, familias, amigxs, profesionales y organizaciones políticas territoriales, se han organizado colectivamente en los barrios para hacer visible el funcionamiento de las redes, y las pibas que faltan de sus casas. Incluso se han construido herramientas de autocuidado en la zona y estrategias mediáticas para denunciar el accionar del estado, consiguiendo que todas las pibas que faltaron en esa zona, vuelvan. Estas son conquistas indiscutibles, cuando hay lucha y organización, las pibas vuelven.

También seguimos reclamando justicia y aparición con vida de Diana Colman desde las entrañas del sur del conurbano bonaerense, a pesar de que el estado, la policía y la justicia, retrasaron la investigación y amenazaron a las personas que luchan por este caso y contra las redes de trata.

Vivas, libres y deseantes nos queremos. Por Johanna, Roxana, Diana y todas las pibas que faltan. Con vida las llevaron, con vida las queremos.

El Protocolo para saber ¿Qué hacer ante la desaparición de una persona? que elaboramos desde CORREPI de conjunto con la Agrupación Feminista Indómites, enumera una serie de herramientas construidas colectivamente a través de los años.
En principio, se debe realizar inmediatamente la denuncia en Fiscalía. No es necesario esperar las 48hs, y tienen la obligación de tomarla. Debe registrarse como “medida de protección” y no como “fuga de hogar” o “averiguación de paradero”. Deben darte una copia e informarte a qué juzgado lo derivan. También se puede efectuar la denuncia en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.
No se debe concurrir a la Comisaría o Comisarías de la Mujer.

Contactar a amigxs, familiares, conocidxs, lugares que frecuenta, hospitales.

Acercarse a agrupaciones compañeras y redes que acompañen esta situación, ayuden a visibilizar colectivamente las fotos y el nombre de la persona desaparecida, que puedan contactarse con organismos que posean distintas herramientas, como la línea 144, medios alternativos para la difusión, o asesoramiento legal.
Si se sospecha que esa persona puede estar detenida, consultar nuestro Manual del Pequeño Detenido, contactarse con CORREPI.

La restitución de derechos para las personas que fueron explotadas por redes de trata, están diseñadas por un estado patriarcal y moralista que pretende generar las condiciones para la prevención y el proceso penal, estableciendo que se garantice asesoramiento legal, psicológico, médico, protección de identidad, testimonios cuidados, alojamiento o retorno al domicilio. Pero no contribuye a reparar las situaciones de vulnerabilidad o alienación social, no garantiza una rápida inserción laboral, y escatima presupuesto para construir herramientas, capacitar organismos e instituciones que puedan detectar, prevenir, acompañar, y visibilizar la problemática. No genera protocolos de intervención pronta y efectiva.
Es una decisión política sostener estas redes sin destinar el presupuesto necesario para su desmantelamiento, pero sí poniéndolo a disposición para que continúen en la clandestinidad, garantizando que sus responsables sigan ocupando lugares de poder y cargos políticos, ocultando o cajoneando las causas, nombres y demás información recolectada al respecto de manera independiente, que incluso publican adornadamente organismos oficiales como la PROTEX . Partiendo de la simple conceptualización de la víctima como unx otrx, abonan a la estigmatización, la revictimización e impiden la recuperación de su autonomía, de su subjetividad, su voz, su deseo, su derecho al placer y a la vida sexual no patriarcal y libre de violencias. La urgencia una vez más, es generar herramientas propias de lucha organizada que hagan frente a estas políticas.

¡Desmantelamiento ya de las redes de trata! A la represión, el capitalismo y el patriarcado, respondemos con más organización y lucha.

VIVXS, DESEANTES Y ANTIYUTA NOS QUEREMOS

Históricamente, mujeres, lesbianas, bisexuales, travas, trans, intersex, maricas, e identidades disidentes, hemos sido condenadxs a un lugar de silencio y clandestinidad. La clandestinidad estatal mata, oculta, invisibiliza, paraliza nuestros cuerpos. Nos aisla, nos consume y legitima la violencia.
La respuesta que construimos día a día es la unidad para la lucha organizada como única esperanza y posibilidad de pegar nuestra voz como un sólo grito en el cielo, como bandera multicolor de liberación y dignidad.


[1] REDLACTRANS. Esperando la muerte, Informe de situación de las personas trans en Argentina, 2017.

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