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Se cumple un nuevo aniversario del plan criminal gestado por la burocracia sindical de la Unión Ferroviaria y la empresa UGOFE , con conocimiento y apoyo de funcionarios del gobierno nacional, que culminó con el asesinato de Mariano Ferreyra y las graves heridas a Elsa Rodríguez y otros manifestantes. Una década después, la memoria de Mariano vive en cada lucha.

El 20 de octubre de 2010, Mariano, militante del Partido Obrero, era uno de tantxs que, como parte de organizaciones sociales y políticas, acompañaba a los tercerizadxs del Ferrocarril Roca, que se venían organizando para denunciar la precarización con contratos basuras a través de cooperativas truchas de la Unión Ferroviaria, y reclamaban la reincorporación de despedidos y el pase a planta permanente de unos 1.200 trabajadores y trabajadoras.

Ese día, habían decidido movilizar a la Estación Avellaneda (posteriormente renombrada Kosteki y Santillán) y allí cortar las vías. Pero al acercarse a la estación advirtieron que una patota integrada por alrededor de un centenar de individuos convocados por la burocracia de la Unión Ferroviaria se encontraban ya sobre las vías, con el objetivo de evitar que se realizara la protesta.

Para evitar todo tipo de confrontación, la columna de organizaciones y trabajadores modificó el recorrido, y se dirigió por la calle Bosch hasta las inmediaciones de la estación Hipólito Irigoyen. A lo largo de ese trayecto, la patota, escoltada por personal de la Policía Federal, los siguió sobre el terraplén, mientras la policía bonaerense desplegó sus efectivos detrás de la manifestación.

Cuando pasaron el Puente Bosch, ya en territorio de la Ciudad de Buenos Aires, se descargó sobre lxs manifestantes una lluvia de piedras arrojadas por quienes estaban sobre las vías, al mismo tiempo que la Policía Federal, que ya tenía un operativo en el lugar, disparaba balas de goma. Los compañerxs se retiraron entonces hasta la esquina de las calles Pedro de Luján y Pedriel, donde asistieron a quienes habían recibido heridas en ese ataque y realizaron una asamblea, en la que resolvieron desmovilizar, porque la patota permanecía amenazante sobre las vías, y había un despliegue policial entre esa esquina y el puente.

Fue entonces cuando vieron a la distancia que una parte de los matones bajaban a la carrera el terraplén y se acercaban a la carrera cuando la columna ya caminaba hacia la avenida Vélez Sarsfield. Rápidamente se formaron dos cordones de seguridad para contener el ataque, mientras el grueso de la movilización, que incluía mujeres y personas de más edad, apuraban el paso para alejarse. Como pudimos probar en el juicio oral, la patota, que había sido reforzada por un grupo compuesto de barras bravas, entre ellos Cristian Favale, disparó al menos cuatro armas de fuego diferentes.

Mariano Ferreyra, Nelson Aguirre y Ariel Pintos fueron heridos por balas de distinto calibre mientras protegían la retirada de sus compañerxs, entre quienes estaba Elsa Rodríguez, que recibió otro disparo en la parte de atrás de su cabeza, a más de 200 metros del cordón en el que estaban los tres primeros. Una vez realizados los disparos, la patota volvió sobre sus pasos, pasando entre los móviles y el personal de la Policía Federal con tanta tranquilidad como cuando iniciaron el ataque. Sólo se interpusieron cuando  algunos compañeros intentaron perseguir al grupo de choque, para garantizar su fuga.

El repudio y la bronca no se hicieron esperar. En las primeras horas de la tarde, una multitud ya cortaba Callao y Corrientes. En una improvisada conferencia de prensa, compañeros y compañeras que acaban de llegar desde Barracas contaron lo sucedido, y tras una asamblea en el Bauen recuperado se organizó la masiva movilización que fue hasta Constitución. Al día siguiente, la concentración en la emblemática Plaza de Mayo contaba con el doble de manifestantes. Desde allí, nunca dejó de crecer el reclamo de justicia por Mariano.

En el proceso judicial, en el que CORREPI intervino junto a APEL representando a Elsa y otros heridos, logramos que la mismísima Cámara Criminal de Apelaciones reconociera que el propósito del ataque fue aleccionar y disciplinar a los trabajadores que no se sometían mansamente a la explotación manejada por la Unión Ferroviaria y UGOFE, bajo el paraguas del gobierno.  Demostramos que el rol de la Policía Federal  fue decisivo para primero habilitar el ataque, y luego permitir la huída de la patota con sus armas, y quedaron al descubierto, con las escuchas telefónicas, los manejos de funcionarios ministeriales, como Tomada, De Vido, Jaime o Rial, verdaderos socios de la empresa, del burócrata José Pedraza y su segundo, Juan Carlos “Gallego” Fernández.  

También quedó claro que no sólo se complotaron para atacar a los trabajadores que buscaban su propio camino de lucha independiente, sino que trabajaron de conjunto para tratar de ganar la impunidad. Amenazaron testigos, resguardaron a los responsables políticos, proveyeron la defensa institucional del Ministerio de Seguridad, a través de los abogados de la Dirección de Asuntos Jurídicos, a los comisarios y demás policías involucrados, e intentaron una fabulosa coima a dos camaristas, con el aporte de 50 mil dólares del Belgrano Cargas, un ex juez federal, un servicio de inteligencia, un secretario de la Cámara de Casación Penal y dos camaristas.

La vida de Mariano, la gravísima herida a Elsa, que hoy todavía se recupera con enorme coraje, y las de Nelson y Ariel, fueron el precio de la lucha contra la alianza criminal entre el estado, la patronal y la burocracia sindical, que amasaban fortunas con la precarización, el fraude laboral y otros negocios millonarios.

La lucha en las calles, unida y organizada, permitió llegar al juicio, que, sostenido por la movilización, fue un hecho político trascendente y marca un precedente histórico de las luchas obreras en Argentina. Logramos altas condenas de prisión por homicidio calificado (consumado y tentado) para Pedraza, Fernández, Díaz, el resto de la patota, dos comisarios y penas menores para otros policías federales, aunque Pedraza murió con prisión domiciliaria, y quedaron impunes la pata empresarial y la pata política, que el sistema judicial se negó a investigar.

Cuando cerramos nuestro alegato, dijimos a los jueces la misma frase que fue consigna a lo largo de la pelea: “La bala que mató a Mariano salió del corazón del Estado”, y les exigimos una sentencia aleccionadora para los que creen que encarcelando o matando obreros pueden frenar las luchas de los explotados, y para los que no entienden cuál es el motor de la historia.

Los jueces nos respondieron, unas semanas más tarde, en la sentencia. Condenaron a los hombres, pero se negaron a reconocer el plan criminal tripartito, que atribuyeron a nuestra “manifestación de principios… que da cuenta de su propia visión del mundo”. Plantados, también ellos, en su particular visión del mundo, no se dieron cuenta que nos hacían el mayor de los elogios, al verbalizar la diferencia entre su rol, y el nuestro.

Hoy, a 10 años de su asesinato, Mariano es un símbolo de la lucha de clases, nos acompaña en cada pelea, Seguimos levantando sus banderas y abrazando sus causas, alzando los puños cerrados y redoblando las fuerzas para continuar luchando.

Mariano Ferreyra ¡Presente!

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