La desaparición de Lautaro Alexander Rosé, y el hallazgo tres días después de su cuerpo sin vida, remite ineludiblemente a Ismael Sosa, a Franco Casco, a Ezequiel Demonty, a Facundo Astudillo Castro y a Santiago Maldonado, entre muchos otros. Nos dicen “fue su culpa, no sabían nadar y se tiraron al agua”. En la ribera donde se vio a Lautaro por última vez, donde se encontraron sus zapatillas, había decenas de cartuchos servidos por las escopetas policiales.
En esta ocasión fue una razzia. Un operativo montado para, con fuerza policial masiva, dispersar grupos de jóvenes que se habían reunido la noche del domingo en la costanera de Corrientes. Una razzia que no hubiera sido posible si algún gobierno argentino, desde 2003, hubiera cumplido la sentencia que dictó la Corte Interamericana de DDHH en el caso Bulacio. Esa sentencia que hace 18 años espera una decisión política, para terminar con el conjunto de facultades que habilitan a las policías y las demás fuerzas de seguridad a detener personas arbitrariamente.
Si se hubiera cumplido esa sentencia, si se hubieran derogado todas las normas que habilitan la intercepción y detención de personas a puro gusto y pleno olfato policial, como la averiguación de antecedentes o la detención para identificar, si se eliminaran todas las prácticas no normadas, pero avaladas oficialmente por todos los poderes del estado, como las razzias, no sólo no hubiera desaparecido y muerto Lautaro Rosé. Tampoco hubieran muerto más de la mitad de las personas que murieron en una comisaría en los últimos 18 años. Repetimos el dato: la mitad de las personas muertas en una comisaría no estaban acusadas por un delito ni habían sido detenidas por orden judicial. Eran demoradas, contraventoras, víctimas de alguna de estas formas de detenciones arbitrarias.
Por eso, así como reclamamos la prohibición del uso del arma reglamentaria fuera de servicio, lo que reduciría en un 66% los fusilamientos de gatillo fácil y en un 90% los femicidios de uniforme, frente al asesinato de Lautaro Rosé, volvemos a exigir basta de razzias, basta de detenciones arbitrarias, basta de persecución y hostigamiento en las barriadas populares.
Cada gobierno que no tome esas medidas es responsable por cada nueva muerte, como si la hubiera ordenado.
