El 1º de diciembre de 2016, el policía bonaerense Giuliano Armando Fattori fusiló a Leonel Sotelo (19), desarmado y por la espalda. El primer fiscal de la causa, Pablo Rossi, de la UFIJ nº 8 de Violencia Institucional de Lomas de Zamora, asumió el rol de defensor del policía desde el primer minuto. En el acta de la declaración indagatoria, dejó constancia que lo hacía sólo por razones formales, ya que, a su criterio, Fattori no debía ser acusado por delito alguno.
La lucha de nuestra compañera Noemí Robelli, dentro y fuera de los tribunales, logró vencer la impunidad, y, después de mucho esfuerzo, el 13 de junio de 2019 empezó el juicio oral. En esa primera audiencia, la nueva fiscal, Viviana Simón, hizo notar al Tribunal Oral en lo Criminal n° 1 que el policía había sido mal indagado, dejando la puerta abierta a que la defensa pudiera argumentar nulidades en el futuro. Por eso, reclamó que se le hiciera saber con claridad que estaba imputado por el homicidio de Leo. Los jueces Mariel Elizabeth Alegre, Nicolás Miguel Plo y Fernando Ariel Bueno aceptaron el planteo y suspendieron el debate para corregir la indagatoria.
Lo que se tendría que haber resuelto en un par de semanas se convirtió en un laberinto de apelaciones y recursos de la defensa del asesino, hasta que en diciembre de 2020 la causa quedó en condiciones de retomar el debate suspendido.
Pero entonces fueron los jueces los que se sumaron a dilatar el juicio, pasándose la causa como si fuera una papa ardiente. Ya a principios de 2021, después de meses dando vueltas, el TOC nº 1 se excusó de seguir interviniendo, con el argumento de que había “perdido la imparcialidad”. En marzo fue sorteado el TOC nº 2. Pero en abril, en lugar de poner fecha para seguir el juicio, los jueces Ignacio Etchepare, Mariela Gianina Aprile y Santiago Daniel Márquez señalaron que los argumentos del otro tribunal eran insuficientes, rechazaron la competencia y le devolvieron la causa. El TOC nº 1 sostuvo su decisión y trabó una “contienda de competencia” que en mayo pasó a la Sala II de la Cámara de Apelaciones para decidir qué tribunal debe intervenir.
Mientras la causa deambula por los pasillos de tribunales buscando un tribunal que juzgue al policía, se consolida la impunidad.
Exigimos a los camaristas Alejandro A. Rojas y Pablo Little que resuelvan de inmediato qué tribunal debe intervenir, y se fije fecha para continuar el juicio oral sin más demoras.
Exigimos juicio y castigo ya para el asesino de Leo Sotelo.
Basta de dilaciones.
Basta de impunidad.
