Desde su nueva asunción como ministro, Aníbal Fernández contradijo en los hechos cada una de sus declaraciones públicas. Al mismo tiempo que sostuvo, en coincidencia con el propio presidente, que la solución a los distintos conflictos sociales que tomaron notoriedad mediática en las últimas semanas es “el diálogo”, los Fernández desplegaron fuerzas federales en zonas como Rosario, Río Negro y las estaciones de tren del AMBA, en lo que representa un marcado incremento de la saturación represiva por parte del gobierno. Curiosa forma de dialogar.
Esta semana, el tema que ocupó las primeras planas fue el conflicto por el reclamo de la comunidad mapuche de sus tierras en Río Negro. Recordemos que el 1º de octubre, en la Lof Quemquemtrew, la policía provincial, junto a su Grupo Especial del COER (Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate) reprimió a sus habitantes. El intento de desalojo se ejecutó por pedido del empresario Rolando Rocco, quien ha deforestado la zona a mansalva con complicidad estatal. Es uno de los innumerables casos en los que el poder económico se impone, a fuerza de violencia, sobre los derechos históricos de los pueblos originarios en todo el país. Incluso ignoran la vigencia de la ley 26.160 de emergencia territorial de las comunidades, norma que Río Negro desconoce deliberadamente, ya que es la única provincia que a la fecha no ha inscripto ninguna comunidad local en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, creado a tales fines.
Este dato suscitó aparentes diferencias entre el gobierno provincial y el gobierno nacional, y acusaciones cruzadas, que tuvieron su corolario en la coincidencia práctica a la hora de resolver el conflicto: la represión. La gobernadora Arabela Carreras, a partir de una interpretación absolutamente tendenciosa de hechos recientemente ocurridos en El Bolsón, decidió ampararse en la inefable ley antiterrorista para acusar a la comunidad mapuche. Con la ley arriba de la mesa, exigió el envío de fuerzas federales a la provincia para reprimir lo que consideran “terrorismo”. Tamaña declaración racista no tardó en recibir el apoyo de los sectores más rancios a un lado y otro de la grieta: Patricia Bullrich, Sergio Berni y Federico Massoni.
La respuesta del gobierno nacional tuvo dos vías y una misma conclusión: es un conflicto local, no compromete la seguridad nacional… pero “reafirmó” su compromiso con la gobernadora enviando fuerzas de Gendarmería Nacional a la provincia. Incluso, empapado de demagogia, Aníbal Fernández citó la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado para intentar ejemplificar que “las cosas no se resuelven a los palos”. Merecen repudio enfático esas declaraciones, en la misma semana en que el hermano de Santiago, Sergio Maldonado, convocó una movilización a tribunales para exigir que la Corte Suprema salga de su letargo de casi dos años y asigne un nuevo juez que avance con la causa, ante el silencio del gobierno nacional al respecto. Curiosa doble vara la del ministro, que cuando la patota de José Pedraza, acompañada y protegida por la Policía Federal asesinó a Mariano Ferreyra hace casi exactamente 11 años, sostuvo que “los efectivos actuaron correctamente”.
La decisión de enviar fuerzas federales a Río Negro fue la más reciente de las tres que marcan su gestión hasta el momento. Apenas asumido, Fernández resolvió la disputa que mantenía su predecesora Frederic con el gobierno de Santa Fe, con el envío de 575 gendarmes (que completarán un total de 1.575 para marzo de 2022), esta vez bajo la premisa del “combate al narcotráfico”.
El otro anuncio que marcó el rumbo definido por el flamante ministro fue el llamado “Operativo Estaciones de Trenes Seguras”, mediante el cual se dispuso el destino de 6.000 miembros de Gendarmería y Prefectura a las estaciones de las líneas Belgrano y Roca.
Y podríamos sumar, aunque no sea una decisión con la firma de Fernández, el aumento que el gobernador Axel Kicillof le dió a los efectivos de la policía bonaerense apenas comenzaron a circular los rumores de un nuevo acuartelamiento como el ocurrido el año pasado.
El resultado de las últimas elecciones profundizó, en el gobierno nacional, las disputas y crisis entre los distintos sectores que confluyen en el Frente de Todos. Además de ríos de tinta y horas enteras de radio y televisión dedicados al análisis y sobreanálisis de las internas en la coalición gobernante, las conclusiones dispararon una serie de cambios en el gabinete. Entre ellos, se concretó la llegada de Juan Manzur a la Jefatura de Gabinete (que como gobernador permitió que se obligara a parir a una nena violada de 11 años y es el principal responsable político de la desaparición y asesinato de Luis Espinoza), y de Aníbal Fernández al Ministerio de Seguridad.
Cuando nos ocupamos del prontuario de Fernández en la función pública, concluimos que su nombramiento representa un preocupante retroceso en términos de la política de “seguridad” del gobierno. Patricia Bullrich dejó la vara más baja (o más alta en voltaje represivo), lo que tuvo algunos ajustes acertados al inicio de la gestión de Sabina Frederic, con la derogación de varios de los protocolos macristas, proceso interrumpido a poco de iniciarse 2020. Estas primeras medidas en el comienzo de Fernández al frente del Ministerio confirman aquella advertencia.
La situación social y económica que vive nuestro país es crítica. Salarios que, a pesar de intentos mezquinos del gobierno nacional, no llegan a compensar la pérdida contra la inflación; una crisis habitacional histórica, agudizada ante la situación extrema que suscitó la pandemia; reclamos de las distintas comunidades originarias sobre la legítima propiedad de los suelos que habitan y trabajan, incluso desde antes de la conformación del propio estado argentino; el grito sostenido de las mujeres y la comunidad LGBTTIQ+ para que se declare la emergencia nacional en violencia de género y se tomen medidas a la altura de las graves problemáticas.
Hemos repetido hasta el hartazgo que las medidas sociales adoptadas por el gobierno durante la pandemia fueron insuficientes. En esa misma línea, sostenemos que las medidas tomadas con los resultados electorales sobre la mesa no solucionan ninguno de los problemas de fondo, porque no tocan los problemas estructurales. Uno de los temas más sensibles es la posibilidad de controlar los precios, que ya los grandes empresarios de la alimentación han dicho que no van a respetar. Luego de la fallida experiencia de Vicentín y de la tibieza con la que se aplicó el impuesto a las grandes fortunas, nos permitimos la duda de que realmente se exija a los monopolios alimenticios y grandes supermercadistas que no sigan remarcando los productos de una canasta de supervivencia.
Ante la situación que viven millones de trabajadorxs formales e informales, precarizadxs, beneficiarixs de planes sociales, cooperativistas, y otros sectores del campo popular, repudiamos la decisión del gobierno de Alberto Fernández de avanzar en acuerdos con los sectores empresarios que más se han beneficiado a costa nuestra durante la pandemia. Y en la misma línea, repudiamos cualquier acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cuya experiencia ya conocemos, pues sufrimos los resultados.
En el contexto de aislamiento producto de la pandemia de COVID-19, los gobiernos nacional y provinciales asignaron un rol preponderante en el control social a las fuerzas represivas. Denunciamos las primeras consecuencias en nuestro Informe de la Situación Represiva 2020: Esa decisión sostuvo con muy poco cambio los niveles de letalidad de las fuerzas dejados por el gobierno más represor desde el retorno de la democracia, con Macri, Bullrich y compañía.
Denunciamos ahora que las medidas que lleva adelante el ministro Aníbal Fernández abren la puerta al aumento de detenciones arbitrarias, hostigamientos y asesinatos a manos de las fuerzas represivas.
En el sentido opuesto a la política que se está implementado, volvemos a poner de relieve la necesidad de tomar las medidas planteadas en la Agenda Urgente Antirrepresiva, que, junto con las medidas sociales y económicas necesarias, son las únicas que permiten mejorar la situación del pueblo trabajador:
• Derogación de las facultades de las fuerzas para hacer detenciones arbitrarias.
• Prohibición de la portación y uso del arma reglamentaria fuera de servicio.
• Prohibición de dar defensa institucional a miembros de las FFSS en causas penales.
• Acceso gratuito al sistema judicial para víctimas y familiares de víctimas de la represión.
• Castigo real y efectivo a todos los responsables de hechos represivos.
