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La crisis causó dos nuevas muertes” tituló Clarín al día siguiente de los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en aquella jornada en Puente Pueyrredón. Pero la crisis no mata por sí misma, lo que mata son las políticas estatales que la generan y la represión como intento por contener al pueblo de pie.

¿Cómo llegamos al Puente Pueyrredón?

La movilización del 26 de junio de 2002 desde la ex Estación Avellaneda fue hija de innumerables jornadas de lucha que resistieron a la avanzada neoliberal que significó la llegada de Carlos Saúl Menem al poder. El 12 de abril de 1995, la policía provincial de Tierra del Fuego, junto a 300 gendarmes enviados por el gobierno nacional, reprimieron una protesta de trabajadorxs en Ushuaia contra los despidos masivos de las empresas fueguinas. Allí fue asesinado Víctor Choque, la primera víctima de represión en la protesta social desde el retorno a la democracia. A él le siguieron, entre otrxs, Teresa Rodríguez, también un 12 de abril pero de 1997, durante la represión a una de las tantas movilizaciones docentes en la ciudad de Cutral-Có, Neuquén; y Francisco Escobar y Mauro Ojeda, asesinados por la Gendarmería Nacional durante la represión a los cortes en Puente General Belgrano, Corrientes, en 1999. Esa fue la respuesta del menemismo contra la resistencia que opuso el pueblo a las privatizaciones, la ilusoria ley de Convertibilidad, un voraz endeudamiento, y todo el camino pro-mercado que derivó en un final de gobierno con un trabajo precarizado del 38%, números de pobreza e indigencia del 36% y el casi 10% respectivamente, y niveles de desocupación que llegaron a tocar el 18% en 1995. Y todo esto sin pandemia de por medio…

Pero el preludio triste e inmediato de la masacre de Avellaneda podemos ubicarlo en la histórica rebelión de diciembre de 2001. La asunción de Fernando De la Rúa en 1999, que buscó presentarse como una opción de alivio a las políticas de su predecesor, no fueron más que mentiras de campaña. El llamado Blindaje primero y el Megacanje después, dispuestos por Ricardo López Murphy (recientemente incorporado a la interna de Juntos por el Cambio) y por Domingo Felipe Cavallo (creador de la ley de Convertibilidad durante el menemismo) respectivamente, profundizaron el ritmo de endeudamiento; la Ley de Déficit Cero, a pedir del Fondo Monetario Internacional, derivó en un feroz ajuste a partir de medidas como el recorte del 13% a las jubilaciones implementado por la actual presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad del gobierno de Cambiemos, Patricia Bullrich. En mayo de 2000 se aprobó la reforma laboral que flexibilizaba aún más las condiciones de contratación de lxs trabajadorxs. El Corralito, que representaba restricciones al retiro de dinero de los bancos, impuesto el 1° de diciembre de 2001, fue la gota que rebalsó el vaso. El 19 y 20 de diciembre, el pueblo salió a las calles en todo el país, aunado en un solo grito: Que se vayan todos. La respuesta del gobierno de De la Rúa fue una feroz represión que se cobró la vida de 39 compañerxs, entre los cuales fue asesinado nuestro compañero de CORREPI Carlos “Petete” Almirón.

Por aquel entonces, los sectores de trabajadorxs desocupadxs, las asambleas barriales, y las organizaciones de base contaban con la estructura suficiente para oponer movilización popular en las calles ante cualquier intento estatal por continuar con la avanzada contra sus derechos. El movimiento piquetero era una realidad, crecía y se organizaba al calor de las demandas del pueblo.

Luego del raid de presidentes entre el 21 y el 31 de diciembre de 2001, el 1° de enero de 2002 la Asamblea Legislativa, compuesta por diputados y senadores, apelando a la ley de Acefalía, eligió como presidente a Eduardo Duhalde. Por entonces senador, Duhalde venía de haber sido derrotado en las elecciones presidenciales por De la Rúa y de concluir en 1999 una gestión nefasta como gobernador de la provincia de Buenos Aires, donde dio vida a la “maldita policía” bonaerense. Carlos Ruckauf renunció a la gobernación de Buenos Aires, a la que había accedido tras ganar las elecciones también en 1999, y en su lugar asumió el entonces vicegobernador (y actual Canciller) Felipe Solá. Tenemos ya aquí, en Duhalde y Solá, a dos de los principales responsables políticos del asesinato de Darío y Maxi.

Las balas las pone el estado

Duhalde adoptó la derogación de la ley de Convertibilidad como una de sus primeras medidas, que resultaba en una encerrona política, ya que era insostenible como tal, pero a su vez su derogación y las políticas posteriores tuvieron efectos devastadores. La consecuente devaluación agudizó la crisis económica y social, elevando hacia mediados de 2002 las cifras de desocupación (21%), pobreza (54%) e indigencia (27%). Los distintos movimientos piqueteros y de trabajadorxs organizadxs daban la lucha en las calles, con movilizaciones masivas y cortes de ruta, para exigir el cese de un nuevo ajuste en el presupuesto para ese año, que recaía sobre ellxs. Sin embargo, la respuesta represiva del gobierno de Duhalde, aún con lxs muertxs de diciembre de 2001 a la vuelta de la esquina, no se hizo esperar. Ya el 10 de enero de 2002, voceros de la secretaría de Seguridad, a cargo del ex agente de la SIDE Juan José Álvarez, anunciaban que las distintas fuerzas federales y la policía bonaerense comenzarían a operar de forma conjunta (cualquier similitud con los actuales Comandos Unificados no es pura coincidencia). Luego se sucedieron reuniones entre el propio Álvarez, el ministro del Interior José Matzkin, y los gobernadores pertenecientes al Partido Justicialista. En ellas se consensuaron a nivel nacional las políticas de mano dura que permitieran llevar adelante el plan de ajuste a pedir del FMI, que a su vez reclamaba una imagen de “mayor fortaleza” por parte del gobierno para alcanzar un acuerdo.

El 17 de junio, nueve días antes de la masacre, Duhalde convocó al gobernador Felipe Solá, a miembros de las FFAA, las distintas fuerzas represivas federales y de la provincia de Buenos Aires, los servicios de inteligencias, y ministros de su gabinete a una serie de encuentros para delinear la “marcha de los planes sociales y la seguridad interna”. De estos encuentros participaron Álvarez, Matzkin, el jefe de Gabinete Alfredo Atanasof (hoy embajador en Bulgaria) y el ministro de Defensa Jorge Vanossi (actual diputado del Parlasur). Allí se delineó el operativo conjunto entre las fuerzas federales y la policía bonaerense de cara a la movilización ya conocida por entonces, para el 26 de junio. Durante esa serie de reuniones, Duhalde fue claro en lo que significó una continuidad en materia represiva: “Hay que ir poniendo orden”.

El 22 y 23 de junio se realizó la Asamblea Nacional Piquetera en el Estadio Gatica de Villa Domínico. En ella participaron compañerxs de distintas organizaciones piqueteras, delegadxs de base, asambleas barriales y trabajadorxs de fábricas ocupadas. La convocatoria fue pública y abierta a los medios de comunicación. Se concluyó en un Plan de Lucha que ratificaba la movilización del 26 de junio definida días antes. Las consignas eran concretas y en línea con las que se levantaban en las distintas marchas a lo largo y ancho del país: Fuera Duhalde. Fuera el FMI. Que se vayan todos. Sin embargo, agentes a cargo de Carlos Soria y Oscar Rodríguez, jefe y vicejefe de la SIDE respectivamente, infiltraron la convocatoria y elevaron un informe al ministro Vanossi, quien a su vez lo compartió con los jefes de las distintas fuerzas federales. Por si queda alguna duda de que la represión es política de estado, en todos sus métodos, y entonces la masacre de Avellaneda ya había sido detalladamente planificada con antelación. El mismo Solá dio cuenta de esto, cuando años después, en su intervención en el Senado mientras se reprimía a la movilización contra la ley de Presupuesto 2019 del gobierno de Macri, confesó: “No disociemos la actuación policial de la decisión política porque eso no es así. No lo comprobé ideológicamente, lo comprobé trabajando”

Ya el día de la movilización, las organizaciones convocantes llegaban al Puente Pueyrredón desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Allí se toparon con un operativo cuya disposición auguraba que cualquier provocación podía derivar en una cacería. Y así fue. Bastó una breve toma de la manga en el uniforme del jefe de Infantería, y luego asesino de Darío Santillán, el ex comisario Alfredo Luis Fanchiotti, para que se desatara la represión. Esta se desplegó sobre la Avenida Mitre, y también sobre la Avenida Hipólito Irigoyen. Allí es donde fue herido de muerte Maximiliano Kosteki. Al sentir el impacto de bala en el pecho, Maxi pidió ayuda a sus compañeros y fue llevado hacia el interior de la ex Estación Avellaneda. En plena avanzada policial, Darío entró a la Estación y vio a Maxi tirado en el suelo, contra un cartel. Se agachó para auxiliarlo. El comisario Fanchiotti llegó, junto al cabo Alejandro Acosta, el principal Carlos Quevedo, el cabo Lorenzo Colman, y el suboficial Marcelo de la Fuente. Darío levantó su mano en un intento vano por frenarlos. Recibió un disparo de plomo por la espalda. Con Darío agonizante, Fanchiotti, junto a los otros policías, lo golpearon en el piso y lo llevaron a la rastra hasta la calle. Replicaron la misma inhumanidad con Maxi, y cargaron a ambos en una ambulancia que los trasladó al Hospital Fiorito, donde llegaron ya sin vida.

En los días posteriores, pudimos ver lo más putrefacto de la connivencia entre el poder político, judicial y los medios hegemónicos. La primera versión oficial que se intentó instalar desde el gobierno, con eco en Clarín, La Nación y los medios que respondían a Daniel Hadad, fue la de un “enfrentamiento entre piqueteros”. Sin embargo, gracias a la valentía de compañerxs fotoperiodistas como Sergio Kowalewski y Pepe Mateos, quienes registraron el momento exacto en que Fanchiotti y compañía ingresaron a la estación y dispararon contra Darío, en menos de 48 horas logramos que esas imágenes fuesen publicadas con la cronología correspondiente. Fue gracias a esa reconstrucción que tanto el gobierno como los medios alineados se vieron obligados a echar por tierra el falso relato.

Por supuesto que, lejos de reconocer su responsabilidad en la represión y la cacería de esa jornada, el gobierno utilizó el informe de la SIDE para estigmatizar y responsabilizar a lxs compañerxs que participaron de la movilización, por las balas que ellxs mismxs recibieron. Aníbal Fernández, por entonces Secretario General de Presidencia, posterior funcionario en distintos cargos del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, y actual interventor de Yacimientos Carboníferos Fiscales, en la mina de Río Turbio del gobierno de Alberto Fernández, emuló prácticamente el discurso la última dictadura cívico-eclesiástico-militar sobre “lxs subversivxs”, y dio detalles de la asamblea realizada en el Estadio Gatica días antes, en plena conferencia de prensa. Jorge Vanossi preparó días antes la denuncia que presentó el gobierno nacional ante la justicia federal, contra lxs referentes de las organizaciones convocantes a los cortes, por nada más y nada menos que 17 delitos. Esa causa, que en Comodoro Py llamaban del “Complot”, fue archivada gracias a la rápida intervención colectiva de organizaciones antirrepresivas y organismos de DDHH.

La juventud y un ejemplo que se multiplica

Darío Santillán y Maximiliano Kosteki tenían 21 y 22 años en ese trágico momento que los cruzó en la la Estación. Ambos militaban en el Movimiento de Trabajadores Desocupados, aunque no se conocían previamente. Darío militó en el barrio Don Orione, en Claypole, hasta que se mudó a Lanús y continúo haciéndolo ahí; Maxi militaba en Guernica. Sin embargo, los unía un pasado y un presente en el que veían cómo los sucesivos gobiernos llevaban adelante modelos económicos que arrebataban de antemano su futuro. Ambos decidieron ponerle el cuerpo a la lucha para evitar que su generación y las venideras sufrieran lo que a ellos y a sus compañerxs les tocaba en carne propia. Su ejemplo, esa actitud de tomarle la mano a un par hasta el final, de asistir y acompañar a un compañero hasta el final, se convirtió en un símbolo, no solo replicado en distintos rincones a lo largo y ancho del país, sino devenido en bandera que encabeza los principios de nuestra militancia, y se vio replicada en Carlos Fuentealba, en Mariano Ferreyra, en Daniel Solano, en Santiago Maldonado, en Rafael Nahuel. Y que hoy continúan levantando miles de pibxs, a pesar de que economistas de frases vacías lxs insulten por televisión, una ex ministra de Seguridad pretenda mostrarse cercana en redes sociales desde un discurso fatuo, o los principales diarios lxs inviten a irse del país en la búsqueda de aquello que no es otra cosa que la meritocracia disfrazada de sueño irrealizable. 

Su lugar, nuestro lugar, está en las calles, resistiendo y luchando contra todo aquel que pretenda arrebatarnos una sola conquista a fuerza de balas, como lo hicieron Darío y Maxi. Es por y para ellos. A 19 años de su asesinato, exigimos juicio y castigo a todos los responsables.

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