La tarde del lunes 1 de febrero trajo una competencia de rap y freestyle que reunió a lxs jóvenes entre música y rimas en el parque Canota del departamento de Maipú, Mendoza.
Familias, niñxs, gente bailando zumba y otras actividades convivían en el lugar. Sin embargo la patrulla venía direccionada a silenciar el arte en las calles, no por casualidad ni menos aún por protocolo de pandemia. Revisaron mochilas sin encontrar nada, todxs con distanciamiento social y barbijo.
Allí estaba Emanuel, un pibe de 25 años del Valle de Uco que se las rebusca para hacer la changa en Mendoza, amante de la música, hace rap y tiene sueños como cualquier otrx pibx. Esa tarde mientras esperaba su turno para competir y disfrutaba del evento junto a Carla, la policía se le acercó, le pidió que muestre su mochila, donde solo había un envase vacío. Inmediatamente le pidieron documento pero no lo tenía con él. “Nos va a tener que acompañar” se escuchó. Emanuel se paró y caminó hacia el móvil. Se lo llevaron por portación de rostro, él nunca se resistió, nos contó Carla.
Lo patearon, le pegaron, le torcieron el brazo. Al pibe le dolía el brazo, lo tenía inflamado porque había estado laburando en la cosecha de papa para ganarse el mango. Era lógico que quisiera salir de los golpes y del ahorcamiento que le estaba asestando la policía. Se los sacó de encima, se movió unos metros y levantó las manos como muestra de que estaba dispuesto a entrar al móvil por su voluntad y sin que le peguen. El policía amenazó a tirar con la reglamentaria y pidió refuerzos.
En breve se llenó de patrulleros el lugar, había más yuta que personas disfrutando de aquella tarde. Irrumpieron en el parque y amedrentaron con las itakas. Entre miedo, gritos, corridas, golpes, sangre, se desató la represión.
Una vez más se metieron con lxs pibxs que son el blanco de la discrecionalidad en el accionar policial. Les pegaron, lxs amenazaron, les borraron algunos videos que registraban la represión. El policía que golpeó y detuvo a Emanuel, amenazó con abusar sexualmente de Carla a cambio de la libertad del pibe. Se llevaron seis detenidxs, entre ellxs había un menor.
A la comisaría 10° de Maipú llevaron a cuatro de lxs pibxs, Antonella, Israel, Carla y Emanuel. Desde el primer momento la detención se desarrolló dentro de los marcos de la ilegalidad. Las pibas fueron aprehendidas y llevadas al calabozo por policías hombres, además de haber sido golpeadas. En la comisaría se les negó el derecho a realizar una llamada, lxs incomunicaron argumentando protocolo por covid-19 para imposibilitar que tuvieran contacto con sus familias. Sin embargo, en la comisaría 10° se violan todos los protocolos de pandemia, desde el uso de barbijo hasta la mantención de la limpieza de los calabozos y el aprovisionamiento de los elementos de higiene. Pasaron frío y hambre, les quitaron la medicación, les privaron la comida y abrigos que sus familias les intentaban hacer llegar. Continuaron las burlas, amenazas, hostigamientos, insultos hacía lxs pibxs y hacia las familias que estuvieron en la puerta de la comisaría desde ese lunes hasta el miércoles a las 14:00 cuando las pibas recuperaron la libertad.
“Váyanse a sus casas a dormir tranquilxs, acá lxs pibxs la están pasando bien, mañana esto será una anécdota más” les dijeron a la familia la policía.
Imputaron a Carla, Antonella y Emanuel injustamente por resistencia a la autoridad. La creciente represión que sufren lxs pibxs como la hemos visto, responde a un claro mensaje y objetivo disciplinador y de control social como herramienta para sostener la estrategia de poder y garantizar la funcionalidad de la desigualdad social.
Hacemos responsables de la represión desatada el pasado lunes sobre lxs jóvenes y de todo los tipos de violencias hacia ellxs.
Al intendente del departamento de Maipú, Matías Stevanato (PJ), que en un intento desesperado de maquillar la responsabilidad del municipio, ahora juega al organizador de competencias de freestyle, mientras sostiene una política que persigue y criminaliza a lxs pibxs.
Al fiscal que lleva la causa, Lauro Monticone. Capítulo aparte merece recordar que el fiscal tiene siete denuncias por violencia de género en su contra.
Al ministro de seguridad, Raúl Levrino y al gobernador Rodolfo Suarez que desde el inicio de su gestión y mas aún a partir del DNU 297/20, priorizan la respuesta punitiva y represiva sobre la población más vulnerable y sobre los sectores organizados.
