En estos últimos días, a partir del rechazo a la aprobación de la Ley de Zonificación de la Actividad Minera, vimos cómo el gobernador Mariano Arcioni comandó una feroz represión sobre el pueblo chubutense movilizado. La permanencia en las calles como respuesta a las balas del estado, a 20 años de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001.
El jueves 16 de diciembre, entre gallos y medianoche, la legislatura provincial de Chubut aprobó, por 14 votos a favor y 11 en contra, la Ley de Zonificación de la Actividad Minera, ratificada por el gobernador Arcioni el día de ayer a través del Decreto 1285/21. En términos generales, la ley habilita a la minera canadiense Pan American Silver a llevar adelante la explotación, mediante xantato (un método no menos nocivo que el utilizado vía cianuro), de plomo, cobre y plata en algunas zonas de la provincia, como Gastre y Telsen.
A pesar de las promesas de campaña de Arcioni en 2019, y del Frente de Todos a nivel nacional durante la última campaña legislativa, cuando remarcaban no avanzar en proyectos que deterioren el medio ambiente, esta ley cuenta con el impulso del gobierno local y también del ejecutivo nacional. Así lo aclaró Carlos Eliceche, presidente de la comisión de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales, en su discurso de cierre del debate. Eliceche fue contundente: “Es un pedido del presidente Alberto Fernández para que la minería se desarrolle y existan inversiones”.
Una vez más, vemos que cualquier propuesta favorable al campo popular en su conjunto, encuentra su límite en la necesidad de recaudar los dólares necesarios para pagar la deuda fraudulenta con el Fondo Monetario Internacional, aunque signifique un deterioro incesante de nuestro propio suelo, y de las condiciones de vida de quienes lo habitamos. Esta misma semana sufrimos el derrame de petróleo en el área Medanitos, en Río Negro, concesionada a la empresa Petróleos Sudamericanos, que afecta cuatro hectáreas a la redonda, con el peligro latente de extenderse.
El año pasado se intentó avanzar con la ley de Zonificación Minera y fue el pueblo de Chubut en las calles quien dijo NO y frenó su tratamiento. La respuesta del gobernador Arcioni y su ministro de Seguridad, Federico Massoni (una especie de Berni local), fue una brutal represión con detenciones en las rutas, una vez concluida la enorme movilización popular.
Esta vez, se intentó meter el proyecto por la ventana para evitar que el repudio general se manifestara nuevamente, pero el compromiso de las distintas Asambleas en defensa del medio ambiente, y miles de autoconvocadxs, generó movilizaciones masivas en distintos puntos de la provincia, con principal epicentro en Trelew y Rawson. Fue allí donde, una vez aprobada la ley, la policía provincial descargó una verdadera cacería sobre quienes aún resisten en las calles. Primero, a la aprobación legislativa, y ahora a la flamante promulgación de Arcioni.
El saldo fue de varias personas heridas por balas de plomo, y detenciones arbitrarias. Todo esto, en el marco del vigésimo aniversario de aquella histórica rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001, que puso un freno a la avanzada de ajuste y hambre de la Alianza, con Fernando De La Rúa y el reciclado Domingo Cavallo a la cabeza. En aquellas jornadas fueron asesinadas 39 personas (entre las cuales perdimos a nuestro compañero Carlos “Petete” Almirón), que le pusieron el cuerpo junto a miles de personas a la represión en todo el país y resistieron hasta echar al gobierno.
Si la prensa hegemónica, además de defender los intereses empresariales de los que forman parte, fuese más federal, tendríamos real dimensión de la lucha histórica que vienen llevando adelante distintas organizaciones medioambientales y comunidades originarias, y serían más visibles las imágenes de las golpizas, los disparos a mansalva y las persecuciones que se vivieron estos últimos tres días en Chubut. Es en la resistencia del pueblo donde podemos ver puntos de contacto con aquel 2001. Al igual que hoy, teníamos al Fondo Monetario Internacional digitando la política económica nacional en pos de pagar una deuda ilegítima, con ajuste, y en detrimento de las posibilidades económicas y sociales de millones de argentinxs, y también del territorio que habitamos. La respuesta del estado a las necesidades del pueblo, por aquel entonces y hoy, es la represión.
Hace dos días, en Plaza de Mayo, durante la presentación de nuestro Informe de la Situación Represiva Nacional 2021, y con presencia de algunxs compañerxs de Chubut, marcamos con contundencia nuestra preocupación por la profundización de la estructura represiva por parte del gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Es imposible disociar esto de la decisión estatal de usar a las fuerzas para contener una situación social y económica crítica, que se agudizará sin dudas ante cualquier eventual acuerdo con el FMI.
Por eso, desde CORREPI decimos nuevamente:
