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Un nuevo caso de gatillo fácil, el asesinato de Andrés Aníbal Carbonel por la espalda a punta de pistola del sargento de la bonaerense Lucas Maella, aviva una discusión que siempre aparece en épocas electorales. El foco en quién pierde la moto por sobre quien pierde la vida evidencia el negocio político de quienes alientan una convivencia cada vez más violenta.

La crisis económica agudiza el clima espeso que se siente en los barrios y construye el terreno fértil para que, luego de una pandemia de la que no salimos mejores como (con bastante optimismo) se vaticinaba, proliferen los discursos de odio. Así es como vemos que figuras de inflada exposición pública, como Patricia Bullrich, Javier Milei o el reaparecido Sergio Berni, aprovechan los abundantes micrófonos para empujar la vara sobre expresiones o propuestas que retroceden con cada vez más peligrosidad debates que creíamos saldados. Nos confiamos. Y cuando nos dimos cuenta, estábamos intentando explicar de nuevo lo básico.

El lunes por la noche, Andrés Aníbal Carbonel intentó robarle la moto al sargento de la policía bonaerense Lucas Maella. Un hecho delictivo, de los que con suerte contamos con una cámara que filme lo imposible de tergiversar, alrededor del cual medios hegemónicos y dirigentes de la derecha envalentonada construyen un relato simple y directo. “El que no trabaja es porque no quiere, el que delinque no tiene lugar en esta sociedad, y por eso hay que exterminarlo” escuchamos y leemos todo el tiempo. 

La disputa a nivel superestructural que tiene como uno de sus protagonistas al Poder Judicial, encuentra su correlato anclado en el propio sistema mucho tiempo antes que las discusiones al respecto que nos atraviesan hoy. Leyes para unos y leyes para otros hubo siempre. Y no precisamente a favor del pueblo.

La pena de muerte a punta de pistola en nuestro país no existe, y no debe existir. Somos millones quienes saldremos a la calle a impedirlo el día que alguien lo quiera volver a implementar, cómo ya lo hizo y quiere retomar Patricia Bullrich. No nos olvidemos: somos muchísimxs más que los que tienen micrófonos. Sin embargo, lo que se amplifica son mentiras que van instalando, como “la suelta masiva de presos” en pandemia, la famosa “puerta giratoria” para quienes cometen algún delito, o la supuestamente inmodificable situación de reincidencia de quienes pasan un tiempo adentro (totalmente falaz, la reincidencia según estadísticas oficiales es del 17%). Las luces apuntan a los delitos más violentos, que son cada vez menos (8,6 homicidios dolosos cada 100.000 habitantes en 2001, 4,6% en 2021). Toda esta batería de muestras cuya simplificación no se cruza ni cerca con la realidad, gritos y cara de malos de sus voceros, conforman una base increíblemente sólida para confrontarnos con nuestrxs pares. 

Moreno, donde florece el control social

La “Fuerza Barrial de Aproximación” , el nuevo cuerpo de la policía bonaerense, creado para copar los barrios del conurbano, acaba de aterrizar con 300 efectivos en Moreno. 

Hace pocos días, pusieron a prueba su entrenamiento  junto al G.A.D y personal de la Cria. 3ra de Paso del Rey, en un allanamiento ilegal realizado en la casa de una militante del Partido Obrero/Polo Obrero por causa de una supuesta bicicleta robada. La robada en realidad fue la compañera: la policía le sustrajo plata y mercadería del comedor que allí sostienen desde la organización política. 

Junto con la construcción de la cárcel y la alcaldía en El Vergel (Cuartel V) son ejemplo de cómo se puede ejercer el control social desde miradas “progresistas”. En el plazo de dos años se definió desde provincia y municipio, la tierra a expropiar sin consultar a la comunidad, se licitó la obra y se dió inicio a su construcción, que promete culminar antes que termine el año, por lo menos en lo que respecta a la alcaldía. Se ejecutó presupuesto en tiempo récord. 

Vale preguntar: entre 2021 y 2023 ¿De cuánto presupuesto se dispuso  a nivel municipal para construir nuevas escuelas, no refacciones,  aulas en edificios existentes u obras demoradas de más de ocho años? Cero.

Si. Andrés, asesinado por la espalda en Moreno, podría ser vecino de nosotros. Y nadie se pregunta por qué él estaba en esa hecho, y cómo esa pregunta podría derivar en soluciones para su situación y también para el falso debate sobre la (in)seguridad, sin balas de por medio. Y el propio Estado, al asesinarlo a través de un policía, desistió de juzgar su conducta.

Lo cierto es que, salvo momentos puntuales en los que se intentaron algunas tímidas medidas y reformas, desde el retorno de la democracia este tema se abordó siempre desde lugares con la mirada puesta en la represión. En aumentar la cantidad de efectivos, de armas, de videovigilancia, y distintos recursos relacionados a controlar la situación mediante la violencia. Y esto, lo primero y principal que ha generado son 8.701 personas muertas por el Estado hasta nuestro último informe publicado. Muchas de ellas, seguramente, en una situación similar a la de Andrés, a quienes debería haberlos encontrado el derecho a un proceso justo y no la muerte por una bala o una golpiza en una comisaría. Tampoco una “puerta giratoria”, como decíamos que se difunde falsamente. Si hay quienes tienen puerta giratoria, son los miembros de las fuerzas de seguridad, como Lucas Mallea, que al otro día de asesinar a Andrés quedó en libertad, apesar de la grave imputación de la fiscalía. O todos los oficiales que tenemos prófugos, condenados por la justicia pero que esperaron la sentencia en su casa porque “no había riesgo de fuga o de entorpecer la causa”. Esa es la verdadera puerta giratoria.

Y así como ubicamos la responsabilidad de este sentido común imperante en los medios hegemónicos y los partidos de derecha en toda su expresión, cuyo negocio está, por ejemplo, en la administración del narcotráfico que dicen combatir y que genera el miedo sobre el pibe soldadito reclutado y descargado por las bandas en connivencia con la policía (¿qué falta para empezar a preguntarnos por esxs chicxs como víctimas y no como victimarixs?), lo marcamos ahora y lo hemos hecho históricamente: el estado es responsable.

Salvo algunas incipientes como las medidas tomadas por la ex ministra Sabina Frederic (varias propuestas en nuestra Agenda Urgente), como bien dijimos, siempre se abordó el tema desde una lógica represiva y punitivista. Con una defensa, y una disputa discursiva y cultural, muy marcada durante el macrismo. Se implementron protocolos que atacaron a sectores como el colectivo LGBTTIQ+, o lxs pibxs de los barrios; se defendieron de forma irrestricta a los gendarmes responsables de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, a los prefectos asesinos de Rafael Nahuel, y al policía Luis Chocobar, que dió origen a una doctrina de seguridad; se legalizó el gatillo fácil; se reprimió sistemáticamente la protesta social; y se rompieron todos los récords de personas asesinadas a manos del estado. Todo esto marcó un quiebre en la discusión sobre el valor de la vida de quienes peor la pasan. De la misma forma que abonaron, por omisión, acción en un tono mejor, la falta de creatividad o de voluntad política, de quienes gobernaron antes o después.

Ni una moto, ni un celular valen la vida de nadie. Lo que vale la pena es comenzar a ocupar lugares en la discusión pública y en las calles, que choquen de frente con esta propuesta violenta; que discutan realmente cómo podemos evitar que sigan muriendo nuestrxs pibxs con las balas que dispara un policía, pero son cargadas por las palabras de quienes quieren sostener su poder con los pies sobre nuestras cabezas.

 AGENDA ANTIREPRESIVA ¡YA!

La gravedad de la situación amerita una respuesta acorde por parte de las organizaciones de la clase trabajadora y el pueblo. Así como enfrentamos la doctrina Chocobar durante el macrismo, no podemos permitir que se vuelva a retroceder en materia de derechos humanos en nuestro país. 

La pena de muerte sumaria en Argentina por parte del estado, aunque ilegal, se llevó la vida de más de 8.701 personas entre 1983 y 2022. 

No podemos celebrar el fusilamiento por la espalda a través de la bala policial. 

No a la doctrina Bullrich ni a la Doctrina Berni. 

¡No a la portación del arma reglamentaria fuera del horario de servicio!

¡No a la defensa institucional de las fuerzas de seguridad!

Castigo efectivo a los responsables de hechos represivos. 

¡Basta de gatillo facil!

Contra la represión ¡Organización y lucha!

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