Melody Barrera (27) fue asesinada por el policía Darío Jesús Chávez Rubio el 29 de agosto de 2020 en Mendoza. Esa madrugada, al menos seis disparos fueron ejecutados desde el vehículo del asesino en la calle Correa Saa y Costanera del departamento Guaymallén.
El crimen de Melody además de derivar del desprecio, rechazo y discriminación que sufre la comunidad LGBT+, responde a una deuda histórica que el estado tiene con la comunidad, que se traduce en vulneración sistemática de derechos.
En Argentina, el último informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, reflejó que del total de las víctimas de crímenes de odio, el 80% de los casos corresponden a mujeres trans. Además, indica que del total de lesiones al derecho a la vida, el 20% de los casos son asesinatos, el 7% suicidios y el 73% restante son casos de muertes por violencia estructural, es decir muertes en donde la vulneración sistemática e histórica de derechos generó las condiciones materiales de precariedad en la que se inscriben estos decesos, todos ellos evitables. De ahí, el 86% de las lesiones al derecho a la vida son a mujeres trans. Estos alarmantes números muestran cómo la violencia hacia la comunidad LGBT+ está particularmente dirigida: es en las mujeres trans en quienes se manifiesta con especial odio, saña y de la manera más brutal la discriminación en su máxima expresión, que en muchos casos termina con sus vidas.
El Observatorio también hace referencia a quiénes son los autores materiales de estos crímenes de odio. Señala que el 60% son llevados a cabo por el Estado y, dentro de este porcentaje, el 8% es perpetrado específicamente por personal de las fuerzas de seguridad.
Desde CORREPI hablamos de femicidios/trans travesticidios de uniforme cuando la violencia estatal se entrecruza con la violencia machista patriarcal encarnada en el arma reglamentaria. Podemos afirmar que uno de cada cinco femicidios/trans travesticidios son cometidos por las fuerzas de seguridad, en un 95% cuando estos asesinos se encuentran fuera de servicio. Por eso exigimos en uno de los puntos de nuestra Agenda Urgente Antirrepresiva, la prohibición y uso del arma reglamentaria fuera de servicio.
A pesar de las conquistas obtenidas como la Ley de identidad de género, la derogación del protocolo para detener a personas LGBT+ y la Ley de Cupo e Inclusión Laboral Travesti Trans, siguen vigentes los mecanismos que restringen los derechos y perpetúan las violencias sobre las personas LGBT+. De esta manera, además de ser sometidas a la desidia del Estado a través de la exclusión en el sistema educativo, la discriminación en el mercado laboral y de salud, sumado al déficit habitacional, son sometidas a la violencia policial mediante hostigamientos, persecuciones, violencia sexual y detenciones arbitrarias.
Melody fue una de las tantas víctimas de las violencias sistemáticas que sufre diariamente el colectivo LGBT+.
Por eso, camino al juicio por Melody, donde se juzgará por jurado al asesino, exigimos:
¡Justicia por Melody Barrera!
¡Basta de travesticidios!
El estado es responsable.
