Situación Represiva en Córdoba

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CORREPI tiene más de 25 años de actividad relevando y denunciando la represión de todo el país. 

Los datos registrados permiten sacar algunas conclusiones, las que sistematizamos y que nunca ha podido ser desmentida por ninguno de los sucesivos gobiernos a los que señalamos como ejecutores de la represión estatal en su respectiva etapa.

Desde Septiembre del año 2017, está presente con una militancia activa en la provincia de Córdoba.

Consideramos que es importante observar las diversas coyunturas que se viven en los diversos lugares. Cada provincia, si bien comparte características generales con el resto del país, tiene sus propias políticas represivas que son de suma relevancia identificar para poder actuar en consecuencia; estas responden como siempre a intereses específicos, pero es nuestra tarea también saber interpretar estos momentos históricos y esos intereses. Este trabajo de recopilar el Archivo y las conclusiones son parte de la lucha organizada contra la represión que nos determina como militantes. La necesidad de profundizar, año a año, reafirma la aplicación práctica de nuestra consigna fundacional: ¡Contra la represión, organización y lucha! 

Treinta y cinco años de democracia: Veinte años de PJ

En esta presentación sobre la situación represiva en Córdoba nos interesa caracterizar las gestiones de Unión por Córdoba, que vienen siendo consecutivas desde 1999. Entendemos que, si bien cada gestión tuvo sus particularidades, el PJ pudo darle continuidad a sus políticas represivas por más de 20 años. Estas políticas han estado ligadas a los planes de urbanización, que incluyen, desde los procesos de favelización con la creación de los barrios ciudades en el primer gobierno de De La Sota, hasta la división por cuadrantes que impuso el gobierno de Schiaretti en su última gestión. Con la excusa de la “inversión en obra pública” garantizan los grandes negocios inmobiliarios y de saqueos de recursos en la provincia. Son estos los estructuradores de la represión cordobesa, que dispone sus fuerzas para amedrentar y sembrar terror en los sectores más marginados mediante asesinatos y torturas, como también para reprimir a quienes se organizan contra estas lógicas. Este mismo aparato represivo es el que maneja el crimen organizado en la provincia, lo cual quedó evidenciado en el narcoescándalo del 2013, en la renuncia del ex secretario de seguridad Diego Hack el año pasado, y en la caída del jefe de la policía de Río Cuarto a principio de este año.

Son ejemplos de represión en sintonía con estas políticas de urbanización y favelización los distintos desalojos e intentos de desalojo a tomas de tierra que han tenido lugar durante los años de la gestión Unión por Córdoba: como Piedra Blanca, Barrio Comechingones en Cuesta Blanca, Villa la maternidad, Cooperativa 12 de julio, Barrio Cabildo, los Cortaderos, Parque Las Rosas; por solo nombrar algunas. En el último año la represión en el Parque Esperanza, Juarez Celman, hacia quienes eran desalojados de sus viviendas para poner un country en el lugar, terminó con 11 detenidxs. 

 La represión hacia la lucha ambientalista en el marco de una política extractivista y de saqueo de recursos ha sido otro de los ejes en estos años: La represión a la protesta contra la autovía de montaña (autovía que no contempla las medidas de salud e impacto en el ambiente ya que pasa por casas de lxs vecinxs y por territorio de reserva natural), el caso del continuo hostigamiento y represión en Malvinas Argentinas desde 2013 hasta 2016 mientras duró la lucha contra la instalación Monsanto en el lugar, o la represión en Capilla del Monte en enero y febrero de este año para garantizar el desmonte, entre otros.

 El famoso código de faltas que creó el radicalismo, con figuras como la de “merodeo” que dejaban gran lugar a la discrecionalidad policial, fue durante muchos años el marco normativo que apañó el hostigamiento policial en los barrios. En diciembre de 2014 se cambió el código de faltas por el código de convivencia que tiene un tinte menos persecutorio, pero lamentablemente esto no significa que haya menos detenciones arbitrarias, sino que por el contrario, el estado se las ingenia para usar las carátulas del fuero penal, abriéndoles causas por delito a las personas detenidas.

El gobierno de UpC (Unión por Córdoba) creó 7 divisiones y cuerpos policiales en unos pocos años: Desde la CAP (Comando de Acción Preventiva) en el año 2003 en el marco de los programas Red Vida y Mi Casa Mi Vida encargados de la creación de barrios ciudades en el proceso de favelización (expulsión de los sectores más marginalizados a zonas aledañas, como medida de control social y ocultamiento de la pobreza), hasta las policías barriales creadas en el año 2016 en respuesta al plan integral de seguridad, o la división de inteligencia antiterrorista que fue creada en el marco de la desaparición de Santiago Maldonado y la criminalización a lxs anarquistas. 

 En septiembre del 2016 bajo el gobierno de Schiaretti se presentó el plan integral de seguridad ciudadana y prevención del delito el cual trabaja bajo el lema de la prevención y acercamiento a los vecinos y la comunidad. En el marco de este plan se divide la ciudad en cuadrantes marcando como “zonas rojas” los lugares más vulnerables de la ciudad y estructurando la represión preventiva (la represión a lxs más marginadxs) en ese sentido. Es este plan el que da lugar al “Programa de Policía Barrial para la Gestión de Seguridad Ciudadana por Cuadrantes”: en los  cuadrantes se instala la policía barrial (policía de proximidad, en la actualidad cuenta con 2.043 efectivos) con el discurso del “policía amigo del vecino”; y se constituyen los consejos barriales que están integrados por funcionarios provinciales, municipales, instituciones barriales y los policías barriales. Nosotrxs sabemos que todo esto se establece en función del control social, y que los 20 años de gestión de UpC cargan con el peso de 340 asesinadxs en manos del aparato represivo del estado cordobés, que corresponden al 78% de lxs 435 asesinadxs en Córdoba desde el comienzo de la democracia hasta 2018. 

 La primera forma de asesinato del estado cordobés es la de gatillo fácil, que se corresponde al 42% de lxs asesinadxs durante los 20 años del gobierno del PJ. 

El estado tiene como foco represivo a la juventud y a la niñez, siendo al 54% de lxs asesinadxs por el aparato represivo de Córdoba menores de 25 años. 

Es importante luchar contra la criminalización de la niñez y la juventud en un momento en que todo el aparataje mediático está en función de esto: La segunda forma de asesinato de niñxs menores de 16 años con el 35% es en lugares de detención o institutos para menores (comisarías, complejo esperanza, etc.)

Las muertes en cárceles y comisarías en Córdoba corresponden al 35% de los asesinatos en manos de fuerzas represivas en la provincia. Las condiciones inhumanas de vida y las torturas son una realidad dentro de los penales, los últimos asesinatos en la cárcel de mujeres de Bower volvieron a poner el foco en esta realidad que apalea a las personas presas, que en su gran mayoría provienen de los barrios más pobres: mientras se criminaliza la pobreza se premia a los genocidas con domiciliaria y no se encuentran en ninguna cárcel los funcionarios responsables del ajuste contra el pueblo. 

En estos últimos años nos encontramos en un contexto de ajuste, tanto a nivel nacional como provincial, caracterizado por el vaciamiento en educación, salud y cultura, como es el caso de los CAJ (Centro de Actividades Juveniles) y CAI (Centro de Actividades Infantiles), o el desfinanciamiento del PAICOR (Programa de Asistencia Integral de Córdoba), tan importante en este momento donde las familias no tienen que comer. Según datos del CIPPES, en toda la Provincia, el 55,6% de niñxs y adolescentes viven en hogares que no cubren necesidades básicas. Son unos 564 mil menores de 17 años. Eso incluye 156 mil chicxs en situación de indigencia. La tasa de pobreza del 46,04% en niñxs y adolescentes es mucho mayor que la de la población en general.

 El gobierno en vez de intentar solventar las necesidades básicas para una vida digna satura las calles de los barrios con más y más policía. Sabemos que lejos de ser una oposición, UpC trabaja junto al gobierno nacional en materia represiva: un ejemplo de ello es el acuerdo entre Bullrich y Schiaretti, que dio origen al CUC (Comando Unificado Conjunto) en Agosto de 2018 integrado tanto por fuerzas provinciales como nacionales. El 5 de diciembre del mismo año la legislatura de Córdoba transformó en ley este acuerdo. Por el cual la gendarmería, policía federal y policía de seguridad aeroportuaria, tendrán vía libre para reprimir en Córdoba. Este acuerdo se expresó en el incremento de gendarmes en los barrios y colectivos. En una de esas visitas Bullrich comentó que las fuerzas nacionales están disponibles para patrullar las “calles calientes” de Córdoba: La creación del CUC es la expresión de las políticas nacionales en la región. 

En este contexto la propuesta de los gobiernos, tanto nacionales como provinciales, sigue siendo la represión y criminalización a lxs que decidimos enfrentarlos en las calles: un ejemplo de esto fueron los 11 allanamientos que se dieron a locales políticos, sociales, culturales, incluida la casa de un familiar de la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil  el 31 de Agosto del 2017, después de la movilización en contra del gatillo fácil y vísperas de la movilización por la desaparición de Santiago Maldonado, bajo las órdenes del Fiscal Dalma Gustavo; o la actual imputación a 28 estudiantes de la UNC (Universidad Nacional de Córdoba) y una abogada de derechos humanos en el marco de la toma de Pabellón Argentina en defensa de la educación pública, la causa se encuentra en manos de la Fiscal Lopez Filoñuk y el Juez Vaca Narvaja, quienes son también los que imputaron a lxs artistas chilenxs que vinieron hacer una intervención en el marco del contracongreso de la lengua. El mismo juez Vaca Narvaja es quien lleva la causa de Porta, empresa ilegal que contamina y envenena la zona sur de Córdoba. Lleva tres años sin respuesta el amparo ambiental mientras lxs vecinxs se siguen enfermando y muriendo.

Mientras tanto, el aparato represivo lo encontramos dirigiendo la criminalidad organizada. Ejemplos concretos de estos se dan con la caída de la cúpula de la dirección general de lucha contra el narcotráfico en el año 2013 dejando al descubierto un entramado de narcopolicías que manejaban las redes de narcotráfico en Córdoba, en el marco del narcoescándalo “aparecieron suicidadas” tres personas importantes para la causa. Todo esto dio pie a De La Sota a crear la fuerza policial antinarcotráfico (FPA). Las pujas de poder dentro de la policía durante el narcoescándalo terminaron en el acuartelamiento ese mismo 2013, dejando liberada la ciudad y fogoneando la violencia. La renuncia obligada del secretario de seguridad Diego Hack por sus vínculos con el narcotráfico en el pasado 2018. El reciente narcoescándalo, en enero en Río Cuarto, (2019) donde salió a luz que la cúpula policial estaba ligada a los grandes negocios de la droga y al lavado de dinero. Todos estos hechos no son aislados, son momentos donde alguna parte del crimen organizado que maneja la policía queda en evidencia.

Ante estos hechos sabemos que la única forma de enfrentar el ajuste y la represión es en unidad y organizadxs por eso queremos decir bien fuerte:

¡Fuera Porta!

¡No a la criminalización de lxs que luchan, abajo las imputaciones en la UNC!

¡No a la cárcel para nuestrxs pibes y pibas, no a la criminalización de la juventud y la niñez, queremos más educación y cultura!

¡No a las torturas en cárceles y comisarías!

¡No a la legalización de gatillo fácil y el aumento en el presupuesto para la represión, abajo las resoluciones 956/18 y 598/19!

¡Con ellos no!

Contra el ajuste y la represión, ¡unidad, organización y lucha! 

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