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Comenzó esta semana, con los anuncios presidenciales, la tercera etapa del aislamiento social preventivo obligatorio. Se flexibilizaron, de manera controlada y parcial, algunas actividades comerciales, como gomerías, talleres mecánicos y bancos; se incrementará la frecuencia del transporte público para permitir traslados habilitados guardando la debida distancia y se dispuso el análisis conjunto, con gobernadores e intendentes,  de la situación de las comunidades que puedan empezar a recuperar un movimiento mayor, a partir de la ausencia chequeada de casos y la limitación de contactos con otras poblaciones. En las grandes zonas urbanas, las condiciones del aislamiento continúan sin mayores variantes, aunque avanza la idea de adecuar la consigna “Quedate en tu casa”, de cumplimiento materialmente imposible en las barriadas populares, sumidas en el hacinamiento de las viviendas y golpeadas por la necesidad de obtener algún mínimo recurso para la subsistencia, por la más realizable de “Quedate en tu barrio”. Sin embargo, no es esa la realidad en nuestras calles.

Cuando más necesario resulta que el estado asista a quienes ya no pueden sostener más las penurias que atraviesan en el marco de la cuarentena, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, autorizó disponer de la enorme suma de casi 53 millones de pesos para adquirir equipamiento antidisturbios -balas de goma, gases lacrimógenos y granadas disuasorias-, calificando la compra como “urgente para hacer frente a la situación socioeconómica que se está atravesando como consecuencia de la pandemia de COVID-19”. Mientras no hay barbijos suficientes para lxs trabajadorxs municipales que cumplen tareas esenciales, son una miseria las viandas que se entregan a los comedores escolares y las organizaciones sociales deben sostener sus comedores y merenderos con donaciones solidarias, la prioridad del gobierno de Juntos por el Cambio es usar los fondos de la ciudad más rica del país para acopiar armas que descargarán contra el pueblo.

Por otra parte, el anunciado “ciberpatrullaje” ordenado por el gobierno nacional ya ocasionó una veintena de allanamientos y detenciones en el conurbano bonaerense, por orden de un juez de Morón, al que evidentemente le parece más importante ocuparse de supuestos “agitadores” que de la situación angustiante de las personas privadas de libertad que están en condiciones de obtener un arresto domiciliario, o de las denuncias diarias contra policías y otros integrantes del aparato represivo.

La situación de las personas privadas de libertad sigue siendo foco de enorme preocupación. La cuenta de muertes directamente relacionadas con la pandemia se inició con las cuatro ocurridas en la represión a los motines de las cárceles santafesinas de Las Flores y Coronda, a las que se sumaron Florencia Morales en la comisaría de Santa Rosa del Conlara, San Luis; Emmanuel Rodas en la cárcel de Piñero, Santa Fe y Emiliano Alarcón Amílcar en la comisaría 1ª de San Justo. En la unidad penal de Sierra Chica, Olavarría, falleció con signos de neumonía Eduardo Rodolfo Peralta Gutiérrez. Como en el caso de Piñero, sólo se realizó el hisopado para analizar si se trataba de un caso de corona virus después de muerto. Familiares de detenidxs en esa cárcel, lógicamente alarmadxs, nos cuentan que los pabellones están invadidos por ratas y otras alimañas, y el suministro de agua es escaso, ya que se corta varias veces al día, lo que, junto con la carencia de elementos de higiene, hace imposible la mínima prevención.

Las fuerzas de seguridad, convertidas en el gran gendarme del control social a partir del estado de excepción, continúan actuando discrecional y arbitrariamente, sin que esas conductas tengan respuestas suficientes por parte de su conducción política. Muchas de las denuncias recibidas en estas últimas horas reflejan esa realidad.

Desde Rueda, provincia de Santa Fe, una vecina, que por temor pidió reserva de su nombre, nos cuenta que en ese pueblo la policía irrumpe en viviendas por denuncias anónimas de quebrantamiento del aislamiento, y es constante la intercepción de personas cuando salen a comprar alimentos.

En Bolívar, provincia de Buenos Aires, un psicólogo que se dirigía a asistir una emergencia con un paciente, fue interceptado y notificado de la formación de causa, a pesar que contaba con toda la documentación que acreditaba su habilitación como personal de salud.

En General Villegas, también en la provincia de Buenos Aires, la mañana del miércoles pasado, Roberto Carlos Poblet se dirigía al banco para cobrar su pensión por discapacidad. En el camino se detuvo unos instantes frente a un comercio para copiar el número de teléfono ofrecido para consultas y pedidos. En ese momento fue abordado por dos policías que, pese a ver la tarjeta de cobro que acreditaba su condición de pensionado y el banco al que se dirigía, lo tiraron al piso, lo esposaron y lesionaron en la cabeza. Después de tres horas en la comisaría, y de ser notificado de la formación de causa, fue liberado.

En Santa Rosa del Conlara, el pueblo de San Luis en cuya comisaría apareció muerta hace unos días la joven Florencia Morales, detenida por haber salido el día que no correspondía a la terminación de su DNI, dos jóvenes que habían sido detenidos el 25 de marzo mientras descargaban basura de una camioneta en las afueras del pueblo, fueron indagados y procesados por la violación del art. 205 del código penal. El juez ordenó la inhibición general de sus bienes y el embargo de sus bienes y dinero hasta cubrir medio millón de pesos. Uno de ellos fue liberado, con orden de confinamiento permanente en su domicilio, mientras que al otro le decretaron la prisión preventiva, que ya cumple en una unidad penal, porque registraba una causa anterior por robo.

En Salta, Natalia Varela, trabajadora independiente que contaba con permiso para circular, fue detenida cuando iba en su auto, junto a su hija de 14 años. “Negras de mierda, tenemos que venir a perder tiempo con ustedes, encima feas”  permanecieron casi ocho horas en la comisaría, donde la mujer recibió golpes, amenazas e insultos discriminatorios y fue separada de su hija. Luego las trasladaron a la Alcaldía de Ciudad Judicial, dese donde fueron liberadas, con imputación penal. El violento momento de la detención fue filmado por un niño de 6 años.

Desde Córdoba nos llegó un video en el que se ve a vecinxs que intentaban impedir que la policía se llevara a un pibe del barrio. Los policías cargaron a golpes de Ithaka contra quienes reclamaban que lo dejaran en libertad, entre quienes había una mujer embarazada.

Tampoco cesa el hostigamiento a quienes asumen la solidaria tarea de transportar alimentos hacia los comedores de organizaciones sociales que alivian el hambre en los barrios. La Asociación Mutual Sentimiento denunció que el 11 de abril, a las 7:30, dos policías federales, en moto, impidieron el paso, en la bajada de la AU 25 de Mayo hacia la avenida 9 de Julio, de dos productores  agroecológicos de El Galpón, que contaban con los certificados pertinentes. Los efectivos les exigieron la entrega de $2.000 para permitirles seguir.

CORREPI sigue alerta para difundir todas las denuncias. Mandanos tu testimonio, audio, foto o video.

La organización y la solidaridad popular siguen siendo nuestras herramientas para defendernos.

Cuidémonos colectivamente, del virus y de la represión.

La salida es la organización colectiva y popular.

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