El cinco de abril de 2020, en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio, Florencia Magalí Morales (39), fue detenida en la comisaría 25° de Santa Rosa del Conlara, San Luis, donde horas más tarde fue encontrada sin vida.
Desde el comienzo la familia, abogadxs y organizaciones antirrepresivas y de DDHH sostuvimos que Florencia había sido asesinada en el calabozo de la comisaría. Hoy, las pericias ratifican esto, a pesar de lo que hace un año y medio las fuerzas represivas intentan instalar, un suicidio.
Desde San Luis, nuestro compañero realizó una entrevista con Federico Putelli (abogado de la familia) y Pamela McKay (Frente Popular Darío Santillán).
Correpi: ¿Qué sucedió con la causa?
Federico Putelli: En primer lugar, lo que ha sucedido en esta causa es la omisión de una investigación con perspectiva de género y aplicación de los distintos protocolos internacionales en materia de muertes violentas, muertes dudosas y muertes en custodia. Todo este tipo de muertes indican que las causas deben iniciarse con la carátula de “homicidio agravado”, sin perjuicio que, durante la instrucción o la incorporación de prueba, esta calificación legal pueda ir mutando. Esta causa, al día de la fecha aparece como “averiguación de muerte”, lo cual no tiene ningún tipo de sentido contra la realidad del expediente y con lo que indica la legislación nacional e internacional.
C: ¿Qué arroja esta novedad en las últimas pericias?
F P: Ha habido distintas irregularidades en cuanto al procedimiento, en cuanto a la toma de pericias […] La instrucción policial ha sido bastante defectuosa en ese sentido. Atento a que el hecho ha sucedido en una comisaría, en principio no debió intervenir en la instrucción del sumario la misma policía que habría cometido los hechos. La autopsia estuvo mal hecha, hay negligencia en la realización de la autopsia por parte del perito médico forense dado que omite, en un primer momento hacer referencia a lesiones que tenía el cuerpo de Magalí. Asimismo, en la re-autopsia, se comprobó que tejidos en la altura del cuello, del lado izquierdo, no estaban en el cuerpo, nadie sabe dónde están esos tejidos. Nosotros advertimos cierta parcialidad del juzgado, por lo tanto presentamos una recusación y la Cámara Penal de Concarán no nos hizo lugar. La idea nuestra era que se traslade la competencia de la causa hacia otro juzgado a los efectos de que la investigación sea más objetiva. Cuando nosotros pedimos la re-autopsia, se le pide a los familiares que se hagan cargo de los costos. Nosotros apelamos a Cámara ese decisorio porque la Ley de Protección Integral de Víctimas dice que todos los costos de acceso a la justicia para víctimas directas e indirectas (en este caso los familiares) deben ser costeados por el Poder Judicial, lo cual no se hizo. […] Esto se dilató como 60 días […] dando perjuicios a la causa, dado que el estado de putrefacción del cuerpo no permitió a los médicos forenses llegar a conclusiones con respecto a la causal de muerte. Si coincidieron en que se trató de un mecanismo de asfixia pero no pudieron determinar si a través del estrangulamiento o a través de, por ejemplo, un suicidio. Con respecto a los policías nosotros en nuestro escrito, principalmente, en su oportunidad pedimos que se los indague por “femicidio”, […] pero el juez hizo lugar a la imputación de los 4 efectivos policiales por imputaciones menores como: incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, apremios ilegales o privación ilegítima de la libertad. Con respecto a las testimoniales se cotejó que un testigo que estaba alojado al lado de Magalí le hicieron orinar el calabozo antes de que ella ingrese. Con respecto a los últimos informes la Dra. Vanina Elizondo, de gran experiencia como médica forense, determinó que, por la cuestión fáctica de los hechos, por cómo se encontró en el calabozo Magalí y por las cuestiones médicas surgidas de la re-autopsia, el mecanismo de muerte fue de asfixia mecánica por estrangulamiento. En ese mismo sentido, la licenciada en criminalística Mónica Chechi, también concluyó eso luego de votar en varios puntos en disidencia contra los peritos oficiales.
Correpi: ¿Cómo empezó el acompañamiento de la causa?
Pamela McKay: Hubo distintos momentos de acompañamiento […] El rol como organizaciones fue mantener la visibilización. Creo que un logro importantísimo fue el cambio de carátula, respecto al hecho de que la justicia en un primer momento puso “suicidio” y después fue “averiguación por muerte” y ahora hay que lograr que se caratule como ‘feminicidio’. Esto que arrojó estas últimas pericias es muy importante porque tiene que ver con reconocer que la estrangularon en la policía. Las acciones que hemos hecho tuvieron que ver con marchas. Todos los 5 se mantuvo, por lo menos hasta el año, la realización de actividades públicas: marchas, folleteadas y demás.
C: ¿Qué trabajo se dieron en esta militancia?
P M: Como estrategia de comunicación trabajamos sobre: quién era Florencia Magalí, porque los medio operaron, como operan siempre, demonizando a la víctima y justificar el supuesto suicidio, por ejemplo diciendo que estaba mal psicológicamente; y también visibilizar las infancias, porque las hijas de Florencia Magalí están viviendo en Mendoza […] en un ámbito muy complejo en un marco de pandemia y virtualización de la educación.
Se hacen evidentes así los obstáculos que la “justicia” pone para la causa y para la memoria de Florencia Magalí y como tales van siendo sorteados por la visibilización que el caso toma en base a las acciones de las organizaciones. Esta suerte de “tutela comunitaria” es la garantía más importante con que este, y muchos otros casos, cuentan. Ya que los procesos judiciales terminan conformando una defensa corporativa sobre sus accionares y sobre los de las fuerzas de seguridad.
Desde CORREPI sostenemos que no es un caso aislado. Tal como lo señalamos en nuestro Informe de la Situación Represiva Nacional, estar en un calabozo es la primera causa de muerte a manos del estado. Desde 1983 hasta noviembre de 2020 hemos registrado 3.755 casos de muertes en lugares de detención, lo que representa el 50% de las muertes por el aparato represivo estatal.
En relación con eso, exigimos que el ejecutivo nacional atienda e implemente nuestra Agenda Antirrepresiva Urgente para la derogación de las facultades de las fuerzas para hacer detenciones arbitrarias, prohibición de dar defensa institucional a miembros de las FFSS en causas penales y acceso gratuito al sistema judicial para víctimas y familiares de víctimas de la represión.
A 18 meses de su asesinato, seguimos exigiendo junto a la familia, ¡Justicia por Florencia Magalí Morales!
¡Juicio y cárcel a los culpables!
El estado es responsable.
