El agua de Mendoza no es un recurso más, es la vida de un oasis de resistencias que nació del desierto y que aprendió a convertir cada gota en territorio, cultura, trabajo y futuro. Por eso, cuando el poder político y económico decide entregarla al negocio minero, no solo se juega el derecho a un medioambiente sano, sino toda una historia de lucha.
Hace más de quince años el pueblo de Mendoza frenó el saqueo. La ley 7722 fue una conquista histórica, miles de personas en las calles defendieron el agua y obligaron al gobierno a prohibir sustancias químicas tóxicas como cianuro, ácido sulfúrico, mercurio y otras en minería. Esa victoria marcó una identidad colectiva; el agua es del pueblo, no de las corporaciones.
Sin embargo, un proyecto que había sido rechazado en el 2011, vuelve disfrazado de “progreso”, “inversión” y “desarrollo”. PSJ Cobre Mendocino, antes conocido como Proyecto San Jorge, pretende instalarse en Uspallata, al noroeste de la provincia, a más de 2.400 metros a nivel del mar, en la cuenca que alimenta el río Mendoza, fuente vital del agua que sostiene la vida y la producción de la provincia. El objetivo es extraer cobre, oro y plata y convertirse en el primer proyecto cuprífero del país para dar apertura a una avanzada megaminera mayor.
Mientras en los barrios de Mendoza falta el agua, crece el hambre, la educación y la salud son vaciadas de recursos y las economías regionales se asfixian, el gobierno intenta vender la ilusión de que el saqueo minero será la salida a esta crisis. Una vez más aparece el falso progreso con cifras y promesas de que PSJ traerá puestos de trabajo y desarrollo, cuando en realidad la megaminería solo deja ganancias para unos pocos. Detrás del lobby minero se esconde un modelo que además de utilizar cientos de litros de agua por segundo, deja contaminación, trae enfermedades, arrasa el territorio y destruye el tejido social.
Desde el CONICET advirtieron que el informe de impacto ambiental no resuelve observaciones críticas, son estudios viejos, hay datos incompletos, riesgos sobre las napas, suelos, patrimonio cultural y territorio de pueblos originarios. Pero lo más grave fue, que ese comunicado científico fue censurado horas después de publicado por presión de la vicegobernadora, Hebe Casado, lo que demuestra que cuando la ciencia sirve al extractivismo, se aplaude, la que lo cuestiona, se elimina. En paralelo, la elite política de la provincia aceleró la aprobación exprés del paquete legal que habilita esta entrega, que consiste en la Declaración de Impacto Ambiental para el proyecto, la ley de regalías mineras a un mísero 3% boca mina, la creación de un fondo compensatorio ambiental que funciona como permiso para contaminar y 27 proyectos más en Malargüe Distrito Occidental Minero II.Además, el proyecto San Jorge se alinea con la ofensiva del gobierno nacional para reformar la ley de Glaciares, una idea públicamente respaldada por Alfredo Cornejo, lo que implicaría abrir nuevas fronteras extractivas sobre zonas protegidas.
Esta avanzada legal y extractivista no llega sola, va acompañada de represión estatal. Cuando las decisiones se toman a espaldas del pueblo, la represión se vuelve la herramienta para callar a quienes defienden sus derechos y territorios. Y Mendoza lo sabe bien desde diciembre de 2019 hasta hoy, la persecución a ambientalistas, el hostigamiento en las calles, las detenciones arbitrarias, las torturas y la criminalización de la protesta se volvieron moneda corriente.
En ese contexto, un hecho extremadamente grave y repudiable ocurrió en octubre durante una movilización en defensa del agua. La policía secuestró a dos manifestantes, lxs ingresó a la fuerza al edificio de la legislatura provincial, lxs golpeó y torturó. De esta manera convirtieron al recinto en un centro de detención. Los hechos quedaron registrados en videos que circularon ampliamente, pero cuando la indignación social creció, el gobierno intentó deslindar responsabilidades, como si la policía se mandara por su cuenta.
Pero ni la represión, ni la prepotencia legislativa han logrado quebrar la identidad de lucha que habita en el pueblo de Mendoza. Esta tierra ya hizo historia cuando salió a las calles y protagonizó el Mendozazo por el agua y dejó claro que el agua no se vende, se defiende. Y lo va a volver a hacer. Porque frente al extractivismo que promete progreso mientras trae saqueo, el pueblo sabe que sin agua no hay vida, no hay futuro y no hay economía que se sostenga. Por eso hoy la resistencia vuelve a ponerse en marcha. Las caravanas ya partieron desde cada rincón de la provincia para llegar este martes 09 de diciembre a la legislatura, cuando el senado intente ratificar el paquete minero. Miles estarán en las calles para decir una vez más ¡EL AGUA DE MENDOZA NO SE NEGOCIA!
