La última semana de agosto, participamos de la 11ª Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Familiares y organizaciones nos concentramos una vez más para denunciar que el gatillo fácil, que siempre fue una política de estado, bajo esta gestión pasó a convertirse en bandera explícita del gobierno contra los jóvenes y niñxs de los sectores más humildes de nuestro pueblo, mientras se garantiza la impunidad de ellos como perpetradores.
Por otro lado, continúa la decisión del gobierno de seguir ajustando en salud, discapacidad y jubilaciones, a pesar de la lucha sostenida que sólo es respondida con represión. Pero la lucha continúa y se profundiza. A este plan de ajuste, que estamos pagando lxs trabajadorxs y lxs pobres, se suma el escándalo de la corrupción que puso en evidencia la feroz interna del gobierno.
Los audios filtrados y los pases de factura echaron luz sobre la miseria de quienes en nombre del “liberalismo y la anticorrupción” se están robando todo de la manera más burda. A menos de la mitad de la gestión, se les quemaron los papeles. Ya se puede ver como muchos quieren sacar los pies del plato y tratan de huir como ratas por tirante.
Para esta banda de ladrones de poca monta pusieron a trabajar a los servicios de inteligencia, a las policías, a la gendarmería, prefectura y demás fuerzas de “seguridad”. Se explicita ahora qué negocios protegen con la represión.
Más de 600 personas han sido asesinadas bajo la modalidad del gatillo fácil y bajo custodia desde la asunción de Milei al gobierno. La implementación de leyes y protocolos que habilitan a las fuerzas de seguridad a matar por la espalda garantizando luego la impunidad absoluta no hace más que empeorar el panorama represivo.
Como cada mes, recordamos los casos de quienes fueron asesinados por la represión estatal:
– Santiago Maldonado (desaparecido el 01/08/2017): Santiago fue perseguido por la gendarmería en la represión a una protesta de la comunidad mapuche en Chubut. Estuvo desaparecido durante tres meses y luego su cuerpo fue encontrado sin vida en el río, lugar que había sido varias veces rastrillado. El caso de Santiago se transformó en una bandera de lucha contra la represión del estado, la responsabilidad de funcionarias como Bullrich y la complicidad judicial que garantiza aún hoy la impunidad para todos los responsables, asesinos materiales y políticos.
– Sergio Durán (06/08/1992): El caso Durán fue el primero en el que se logró probar el uso de la picana en una comisaría después de 1983. A Sergio (17 años) lo torturaron en la comisaría 1ª de Morón, donde murió de dolor. Tres de los policías asesinos fueron condenados a prisión perpetua gracias a la lucha de la familia y CORREPI. Pero la impunidad judicial y de la misma policía hace que ninguno de ellos hoy este preso (http://www.correpi.org/2021/los-torturadores-de-sergio-duran-condenados-a-perpetua-pero-libre/), y seguimos buscando a los dos prófugos que falta juzgar, el subcomisario Miguel Ángel Rojido y el oficial inspector Luis Alberto Farese.
– Miguel Bru (desaparecido el 17/08/1993): Miguel era un estudiante de periodismo de La Plata que fue detenido y torturado en la comisaría 9ª de esa ciudad. Luego fue desaparecido pero su muerte quedó comprobada y tres de los policías fueron condenados.
– Maximiliano Miño (18/08/2002): A Maxi lo detuvieron en la Comisaría 1ª de San Martín, acusado de robar en un supermercado Día por los empleados de seguridad. El fiscal ordenó la soltura, pero para entonces Maxi estaba sin vida en su celda. Intentaron instalar la idea de un suicidio, lo cual fue descartado porque Maxi seguía esposado cuando lo encontraron muerto. Si bien logramos acreditar la responsabilidad estatal por el asesinato de Maxi, nunca pudimos identificar al autor material y la causa penal fue cerrada sin imputados.
– Hernán Ibiris (21/08/2009): El oficial Omar Brítez, teniente de la policía bonaerense, que venía acosando a su ex pareja Fernanda Verón, entró de madrugada a su casa el mismo día que ella había ratificado una denuncia por amenazas de muerte en su contra y disparó 13 veces sobre la cama en la que dormía la chica con Hernán, su nuevo compañero. Hernán atinó a cubrir a Fernanda con su cuerpo, por lo que él recibió la mayoría de los disparos. Luego de una importante lucha contra la justicia que intentó justificar la agresión “porque Brítez estaba comprensiblemente celoso”, logramos su condena a 20 años de cárcel.
– Melody Barrera (29/08/2020): una joven trans de 27 años que fue asesinada por el policía Darío Jesús Chávez Rubio, en Guaymallén, Mendoza. El policía se encontraba fuera de servicio cuando sin ninguna razón disparó seis veces a Melody. Recién el 17 de septiembre fue detenido. Después de dos años de búsqueda de pruebas y de una lucha incansable, en septiembre de 2022 comenzó el juicio. Al finalizar los alegatos, el jurado deliberó por unas horas para luego dar el veredicto de culpabilidad por el homicidio agravado por expresión al odio de género, por la conducta de sujeto activo porque es policía, porque utilizó un arma de fuego, por ensañamiento y por alevosía. Cinco agravantes de la muerte de Melody que culminó con la sentencia de prisión perpetua para Darío Chávez Rubio.
– Yair Ayala (30/08/2021): Yair estaba en una fiesta con sus amigos, festejaban un torneo con su equipo de fútbol. Un oficial de la Policía de la Ciudad, Camilo Farías, fue echado de la casa donde se realizaba la celebración porque llevó un amigo que orinó en una habitación. Farías fue hasta su casa, buscó su arma reglamentaria y volvió. Allí comenzó a disparar hacia el interior de la casa. Yair estaba agachado picando hielo junto a sus amigos y recibió en la espalda tres disparos. En abril de este año, Farías fue llevado a juicio por herir a tres chicos y asesinar a Yair, y logramos su condena a 18 años de prisión.
– Gabriel Heredia: Con 19 años, Gabriel volvía de trabajar cuando vio que, en la plaza frente a la estación de Morón, la policía estaba deteniendo a unos jóvenes. Gabi comenzó a filmar los hechos para enviárselo a su pareja, cuando la policía lo increpó y llevó detenido. Fue trasladado a la comisaría 1ª de Morón (si, donde torturaron y mataron a Sergio Durán). Lo torturan y amenazaron junto a un amigo detenido con él. Unas semanas después, precisamente el 5 de agosto de 2022, Gabriel decidió quitarse la vida por no aguantar más los traumas, las amenazas y el hostigamiento de la policía. Para la justicia, la muerte de Gabi no fue producto de la brutalidad represiva de la policía de Morón.
Estos son sólo algunos casos que ejemplifican lo que permanentemente denunciamos hace más de 30 años.
Basta de gatillo fácil y represión
No a la reforma del artículo 34 del código penal que legaliza el gatillo fácil
No a la baja de edad de punibilidad
Fuera Bullrich, Fuera Milei
