Una vez más, la justicia elige mirar para otro lado frente a un femicidio. El caso de Valeria Ramírez (26), asesinada en noviembre de 2022 en Godoy Cruz, concluyó con un veredicto infame: el femicida Franco Nicolás Cuello, policía del grupo G.E.S., fue hallado culpable únicamente de homicidio culposo. Así, la muerte de Valeria quedó reducida a un supuesto accidente doméstico.
El jurado popular desestimó la acusación de femicidio presentada por la fiscalía, que implicaba prisión perpetua para el policía y lo redujo a un delito con penas mínimas de 1 a 5 años.
En nuestro Archivo de Casos advertimos que, en un porcentaje importante, los crímenes cometidos contra mujeres por integrantes del aparato represivo estatal están directamente vinculados con la violencia machista y patriarcal. Esta tendencia creciente que a la fecha hemos registrado 527 casos, nos deja como saldo que los femicidios de uniforme son la primera causa de muerte de mujeres a manos del aparato represivo estatal.
A su vez, la decisión del jurado en el caso de Valeria se suma al precedente del femicidio de Jésica Olguín, ocurrido en mayo de 2025, que también quedó impune y el femicida Juan Manuel Tarrés, imputado por abuso sexual y femicidio, terminó condenado únicamente por lesiones leves dolosas.
De ahí, que no son hechos aislados. Son decisiones que muestran cómo los jurados, compuestos por ciudadanos sin formación en perspectiva de género, reproducen prejuicios de la sociedad y terminan avalando la impunidad patriarcal. Esto es gravísimo porque cada vez que la justicia minimiza y encubre bajo la figura de “accidente”, cambia la mirada social acerca de los delitos de género y se legitima que las mujeres sigan muriendo.
Denunciamos que, mientras la justicia duda, los femicidas siguen entre nosotrxs.
Frente a cada fallo que absuelve la violencia machista, alzamos la voz.
¡FUE FEMICIDIO!
