Milton Tolomeo, masajista deportivo y socorrista profesional, que además trabaja como ayudante de una portería en CABA, fue detenido el sábado pasado, acusado de ser una de las personas que tiraron bombas molotov hacia el cordón policial durante la manifestación contra la infame ley de reforma laboral.
El juez decidió dictarle prisión preventiva a pesar de la dudosa identificación, por los delitos de tenencia de material incendiario, intimidación pública y atentado a la autoridad. Sin embargo, rechazó de plano la pretensión del fiscal de encuadrar los hechos como “terrorismo” (art. 41 quinquies del código penal).
A pesar de eso, a espaldas del juzgado, por decisión exclusiva y discrecional del Servicio penitenciario Federal, Milton fue incluido en el SISTEMA INTEGRAL DE GESTION PARA PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD DE ALTO RIESGO, creado en 2024 por el Ministerio de Seguridad.
Como podemos ver en el video que el propio SPF y la ministra Monteoliva han difundido, eso significa que está totalmente aislado en un sector especial de la cárcel de Ezeiza, con fuertes restricciones a todo contacto extramuros, al punto que hasta hoy no ha podido ser visitado por familiares ni ha podido comunicarse telefónicamente. En ese sector las personas detenidas pasan 20 horas en aislamiento, con apenas cuatro horas de “recreo”, no tienen acceso a mercadería depositada por sus familiares ni contacto con nadie más que el personal seleccionado del SPF que no está identificado y cubre su rostro con pasamontañas.
En este momento, mientras aguardamos que la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad resuelva la apelación de la prisión preventiva, estamos interponiendo un recurso de Habeas Corpus correctivo, reclamando al juez Gonzalo Rua que haga cesar esas condiciones totalmente injustificadas y reponga la vigencia y ejercicio de los derechos de comunicación y condiciones de alojamiento que garantizan la Constitución nacional, las leyes y los convenios internacionales.
Llamamos al movimiento de DDHH a reclamar el cese de estas inauditas condiciones de detención y a reclamar la libertad del compañero, cuyo único crimen fue manifestarse por los derechos de las y los trabajadores.
Protestar no es delito. Enfrentar al gobierno más represor en democracia, tampoco.
Buenos Aires, 26 de febrero de 2026.
CORREPI
