La persecución no se limita a las y los trabajadores de la educación.
Las trabajadoras y trabajadores de la educación de Mendoza han resistido duros ataques del Gobierno de Alfredo Cornejo. En la arena de los ataques, la semana pasada, se sumaron once nuevas imputaciones a militantes de diferentes organizaciones sociales y políticas por el corte en el Nudo Vial que terminó en Tribunales. El delito que se les atribuye es el artículo 194 del Código Penal “entorpecer medios de transporte”.
El 4 de setiembre fueron imputados el senador Víctor Dá Vila, el Secretario General del SUTE Sebastián Henríquez, junto con Mirtha Faget, Maria Cabaña, Sandra Olmedo, Andrés Koltes, Mario Albornoz, Maria Gabriela Sosa, Martín Rodriguez, Vanesa Martinez y Daiana Navarro. Paradójicamente la concentración había sido organizada contra el ajuste, en solidaridad con la lucha docente en Chubut y en reclamo del cierre de la causa contra lxs docentes del SUTE imputadxs por el mismo delito por participar de un plenario sindical en junio del año pasado. Asimismo, se aplicaron multas de $70.000 a las organizaciones que participaron del corte.
Al día siguiente, se realizó un paro nacional para apoyar a las trabajadoras y trabajadores de Chubut que llevan tres meses de paro y fueron reprimidxs. Estas 11 imputaciones desencadenaron que, en la concentración en la plaza Independencia, se agregaran reivindicaciones contra la persecución política y sindical en Mendoza, sin difusión alguna en los medios hegemónicos. Sin embargo, trascendieron rápidamente las imputaciones, inclusive antes que fueran notificadas/os las y los imputados.
Esta lamentable visibilización de la criminalización de la protesta puede leerse para los sectores más conservadores de la provincia como un impulso de votos del sector. Esto deja al descubierto que, mientras, el Gobierno y algunos partidos políticos se preocupan de hacer campaña, hay quienes en cambio se ocupan de qué comer mañana.
Antecedentes represivos hacia las y los trabajadores de la educación
El hostigamiento inició con la imposición del decreto del ítem aula, el 28 de mayo de 2016. Mientras, cientos de docentes se manifestaban fuera de una Legislatura completamente vallada y custodiada por la policía de Mendoza, reflejo del distanciamiento de los legisladores provinciales al repudio de las y los trabajadores. El manejo político, junto a los medios hegemónicos locales, permitieron instalar el ítem con la promesa de mejorar la calidad educativa. Su implementación no tuvo otra conquista que obligar a lxs docentes a concurrie a trabajar enfermxs, o que no tomen días de cuidado familiar ni se capaciten para evitar pérdidas salariales. Se trata de un mecanismo inconstitucional que desalienta la organización de las trabajadoras y trabajadores en las escuelas. Además, se ha llevado la vida de las compañeras Miriam Azolina, Ana Olguín, Adriana Tosta, entre otras.
El 14 de febrero de 2017, la profesora Paola Vignoni fue cesanteada por criticar el Operativo Aprender 2016, que implementó evaluaciones descontextualizadas y estandarizadas, sin tener en cuenta las condiciones de vida de lxs estudiantes ni las condiciones de trabajo. La obtención del resultado cuantitativo conllevó a una mayor desvalorización del rol docente. En marzo de 2018, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza rechazó el recurso interpuesto por la DGE donde se ordenaba suspender la inhabilitación que recaía sobre la docente, logrando su reincorporación.
Imputación a lxs profesores Gabriela Díaz, Miguel Sarmiento y Patrick Boulet del 9-002 Instituto Superior Normal Tomás Godoy Cruz por la toma que se realizó en el establecimiento a fines de agosto de 2018. Los profesores sólo firmaron una notificación de recepción y luego se retiraron. La identificación en esa notificación les valió la imputación por el artículo 239 del Código Penal que establece: “Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal”. La toma se realizó en el establecimiento citado en protesta a las disposiciones de la Dirección General de Escuelas en la Educación Superior que determinó mediante el Decreto 530 cuáles son las carreras prioritarias y cuáles tienen sobreoferta, pudiendo no abrir nuevas promociones en los próximos años si no se da con un cupo establecido. En el caso de lxs profesores se ha solicitado el sobreseimiento.
La imputación a representantes sindicales del provincial, Alejandra Castelli, Pablo Masutti y Martín Dalmau, por el artículo 194 del Código Penal por entorpecer el normal funcionamiento del transporte. Lo notable es que el transporte público había sido desviado con antelación por Gobierno de la Ciudad. El lunes 4 de junio de 2018, trabajadorxs de la educación de toda la provincia participaban en un plenario notificado, frente a la Subsecretaría de Trabajo, exigiendo la reapertura de paritarias. En un clima de organización y fraternidad entre lxs delegadxs, se hizo presente infantería para intentar dispersar a lxs trabajadorxs. Meses después de esta jornada, se les notificó la imputación de manera desprolija, adjuntando en el expediente de la causa información obtenida a través de las redes sociales.
La persecución ideológica y discriminación que se reproduce en las escuelas, a través del labrado de Actas y amedrentamiento a quienes se oponen a las reformas educativas y laborales (en relación a las nuevas tareas que deben asumir las y los docentes como: cargar el GEM, trabajo extraescolar interdisciplinario para la elaboración de ABP, entre otras tareas) que el gobierno ha ido introduciendo mediante resoluciones unilaterales.
Estas medidas, que persiguen y amedrentan a trabajadorxs organizadxs, junto a otras herramientas coercitivas como la saturación policial en los barrios, las detenciones arbitrarias, la tortura y el gatillo fácil, terminan conformando un paisaje invisible, con ropaje de legalidad, que busca naturalizar la represión estatal en todos los niveles de gestión.
Desde CORREPI expresamos nuestro apoyo a las y los imputados, como también así a quienes se resisten a seguir directivas que van contra los principios ideológicos de la educación pública, y sobre todo, a quienes resisten el hambre del ajuste.
¡Contra el ajuste y la represión, organización y lucha!
Por la libertad de expresión y la libertad sindical de protestar contra todas las injusticias.
