Mató, va a juicio, sigue en funciones y “cuida” mujeres
El 1º de diciembre de 2016, Giuliano Armando Fattori, oficial de la Policía Local de Almte. Brown, mató por la espalda a Leonel Sotelo, de 19 años. Después de años de lucha, el 17 de agosto el policía va a ser juzgado por el Tribunal Criminal nº 1 de Lomas de Zamora. Pero Fattori sigue en funciones en la comisaría 2ª de Burzaco. Así lo denunció a CORREPI una mujer que fue visitada en su domicilio por el asesino para “asistirla” ante una situación de violencia de género.
“Cualquier cosita me llama”, le dijo el oficial de policía a la mujer que había activado su botón antipánico ante una situación de violencia de género. Lo que no supo Giuliano Fattori es que la vecina de Burzaco reconoció su nombre, que tantas veces había visto en afiches que difundían el pedido de justicia por Leo Sotelo. Apenas el policía se fue, la compañera, horrorizada, se comunicó con CORREPI. Fattori, que el 17 de agosto será juzgado por el fusilamiento de Leo, no sólo sigue en funciones, sino que está en la calle y lo mandan a “cuidar” mujeres en situaciones de violencia.
Las normas que reglamentan la función policial en la provincia de Buenos Aires dejan en manos del Poder Ejecutivo disponer la cesantía o suspensión de policías involucrados en causas penales. Cuando –como en la mayoría de los casos- el proceso tramita sin que se dicte prisión preventiva al policía, la decisión de mantenerlos en funciones depende de la discrecionalidad del ejecutivo.
El art. 19 de la ley 13.982 establece la desafectación del servicio para el personal policial imputado de delito no excarcelable, mientras dure su detención, y para el personal “sometido a sumario por hechos que razonable y verosímilmente puedan dar lugar a sanciones de cesantía, exoneración o suspensión sin goce de haberes mayor de treinta días”.
Pero resulta que lo “normal” en los fusilamientos de gatillo fácil es que los fiscales no requieran y los jueces no dispongan prisiones preventivas a los miembros del aparato represivo estatal, y evidentemente las autoridades políticas no consideran que fusilar un pibe por la espalda “razonable y verosímilmente” pueda dar lugar a la cesantía, exoneración o suspensión por más de 30 días.
Así, resulta que un funcionario que hace cuatro años y medio está sometido a un proceso penal, y en menos de tres semanas será juzgado por un homicidio, es quien toca el timbre en la casa de una mujer violentada para llevarle tranquilidad…
Nunca más cierto aquello de que no nos cuida la policía, nos tenemos que cuidar entre nosotras.
Nunca más necesario nuestro reclamo de castigo real y efectivo para los represores.
Alertamos a lxs vecinxs de Burzaco: por sus calles camina un policía asesino, en funciones.
Y convocamos a todxs a seguir acompañando el reclamo que llevaremos el 17 de agosto a los tribunales de Lomas de Zamora:
#JusticiaPorLeoSotelo
