En las últimas semanas, lxs trabajadorxs de la educación, la salud y otros gremios, han sido protagonistas de históricas jornadas de lucha que se cristalizaron en las calles de la provincia, tras el reclamo de apertura de paritarias por un salario y condiciones laborales dignas.
Mendoza es la provincia donde el crecimiento salarial no pudo alcanzar la inflación. El sueldo de lxs trabajadorxs de la educación es el más bajo del país, dato que se desprende del informe del Centro de Investigación Social de Mendoza (CISME). A su vez, entre 2015 y 2020, el salario docente perdió el 52% de su valor. En 2020, año de pandemia, no hubo recomposición salarial para lxs docentes y en marzo de 2022 se cerraron paritarias con una suba de apenas el 40% en cuotas, no acumulables y sobre las bases salariales de diciembre de 2021, e incorporando nuevamente sumas no bonificables. En julio, posterior al primer paro y movilización, el SUTE rechazó la propuesta salarial del gobierno que dejaba a docentes y celadorxs por debajo de la canasta básica. El gobierno cerró la instancia paritaria y otorgó el aumento por decreto quedando por debajo de la inflación acumulada y destrozando el escalafón docente, con celadorxs bajo la línea de indigencia y docentes bajo la línea de pobreza.
La recomposición salarial no es la única deuda que tiene el gobierno con lxs trabajadorxs de la educación y con la comunidad educativa en conjunto, ya que, hablar de calidad educativa es señalar además la desinversión en infraestructura que se evidencia con el estado deplorable de muchas escuelas, por nombrar sólo un aspecto, cuya responsabilidad se pretende municipalizar.
Además del ajuste y el recorte en los salarios, son lxs docentes quienes se llevan un “trato preferencial” al ser constantemente ninguneadxs y violentadxs por los diferentes gobiernos en estrecha complicidad con la prensa hegemónica, puesto que detrás existe una intencionalidad para correr el eje de los verdaderos problemas del sistema educativo y poner foco en la docencia. Un ejemplo de lo que venimos mencionando es el “ítem aula”, una herramienta que funciona como mordaza y castigo a la enfermedad. Fue una maniobra que el ex gobernador, Alfredo Cornejo, impuso por decreto en 2016 después de haber convencido a la sociedad de que lxs culpables de los problemas del sistema educativo eran lxs docentes.
De la misma manera, en estas semanas, tras las jornadas de reclamo de lxs trabajadorxs, no faltaron los intentos de segmentar la comunidad educativa y los discursos descalificadores hacia lxs docentes en las palabras del director general de escuelas, José Thomas, en conferencia de prensa, tales como: “tienen un profundo desprecio por la presencialidad como lo demostraron durante toda la pandemia”.
En contraste con estas palabras, fueron lxs trabajadores de la educación quienes sostuvieron el sistema educativo durante la pandemia, mientras el gobierno pretendió avanzar con una Ley de Educación que impulsaba la inestabilidad laboral, privatización y precarización entre otras cosas.
Con la pretensión de disciplinar y recortar derechos, el pasado 13 de julio, en una medida arbitraria, la DGE arremetió contra la organización de lxs trabajadorxs y sacó la Resolución 2712 que prohíbe las asambleas en las escuelas. En esa misma línea y con el aval de una justicia abrochada al ejecutivo provincial, el gobierno apuntó a la criminalización de la protesta como mensaje de aleccionamiento sobre lxs trabajadorxs de la educación y la salud, quienes vienen resistiendo en las calles, contra el plan de ajuste fomentado por los designios del FMI. De esta manera, detuvieron a dirigentes sindicales de ATE mientras se retiraban de una asamblea en el hospital Notti. Encarcelaron a Roberto Macho (dirigente de ATE) tras cinco imputaciones por cortes de calles en una protesta social. La policía requisó los micros que llevaban a lxs docentes a la movilización del 26 de julio. Durante las jornadas de paro de los días 8, 9 y 10 de agosto, el gobierno y la DGE mandaron policías a las escuelas para constatar la adhesión al paro. A esto se suman los mensajes amenazantes de la Directora de Línea de Jóvenes y Adultxs, Mariana Caroglio (ex senadora por la UCR y fiel sostenedora del “Ítem aula”), que fueron viralizados tras pretender controlar a supervisorxs mediante wathsapp los días de paro, y tratar con insultos a colegas.
Sin embargo, las calles de Mendoza fueron escenario de intensas luchas de la clase trabajadora. El contundente apoyo de la comunidad educativa y de la sociedad en su conjunto, reflejado en la adhesión al paro de las familias y las campañas solidarias que impulsaron para colaborar con lxs docentes por los días descontados. Cabe mencionar también la adhesión de estudiantes secundarios, quiénes desempeñaron sentadas en la puerta de las escuelas para luego sumarse a las movilizaciones con sus propios reclamos como el boleto estudiantil. Cinco días de paro, un altísimo acatamiento de 95% en las escuelas y dos movilizaciones masivas que congregaron en la primera a más de 25.000 personas y en la segunda, alrededor de 40.000, revelaron por un lado las vulnerabilidades estructurales de la provincia, y por otro, una gestión que pretende gobernar con decretazos y represión.
Ante la gran amplitud que alcanzaron las protestas, el gobierno de Suárez se vio obligado a la reapertura de paritarias que anunció para esta semana. Esto responde a la construcción de una memoria a lo largo de la historia de las luchas docentes y de otros gremios en Mendoza, que en la actualidad cobra legitimidad en la unidad expresada en cada asamblea, en cada plenario, pero principalmente en las calles.
Frente a este escenario de crisis y ajuste, se hace indispensable poner de manifiesto una vez más la organización y lucha.
Apoyamos la lucha de lxs trabajadorxs de la educación y todas las luchas y nos sumamos a sus justos reclamos.
¡Salario digno!
¡No al descuento de los días de paro!
¡Abajo el ítem aula!
¡Basta de criminalizar la protesta social!
