El viernes 25 de febrero a la mañana, en la ciudad bonaerense de Mercedes, empezó el juicio oral por el fusilamiento de Víctor “Chino” Avila y Christian “Marote” Núñez. Llevó siete años y cuatro meses sentar al prefecto José Bonifacio Guerrero en el banquillo de los acusados.
La audiencia ante el Tribunal Oral N°3 –que, como de costumbre, arrancó con dos horas de demora- se desarrolló en una sala pequeña y sin ventanas, por lo que sólo se habilitó el ingreso a las partes. Por eso, la militancia antirrepresiva, con la presencia solidaria y activa del Polo Obrero de Cuartel V, junto a vecinxs y y amigxs de la familia, debió concentrarse en la Plaza San Martín a metros del acceso a los tribunales. Particularmente destacable fue la presencia de familiares de víctimas de la represión organizadxs en CORREPI, que llegaron de diversas zonas del oeste bonaerenses, como Estela Rivero, Nicanor Bogado, Carlos Abregú, Rolando e Irina Ávalos.
Desde las 9 de la mañana, las banderas, las pancartas con consignas antirrepresivas y las decenas de fotos de personas asesinadas por el gatillo fácil o en lugares de detención se desplegaron en toda la plaza, y convocaron la atención de quienes la transitaban. A pesar del vallado que la municipalidad dispuso en los alrededores de la plaza por la realización del carnaval, las banderas, las consignas y las fotos de las personas asesinadas por el gatillo fácil o en lugares de detención interpelaron a vecinos y vecinas que se acercaron a conocer sus historias y se llevaron volantes con la historia del caso, los principales puntos de la Agenda Antirrepresiva Urgente y el Manual del Pequeño Detenido.
Cerca de la una de la tarde, terminó la audiencia y nuestra compañera María Ávila, junto a los compañeros abogados, se acercaron a la plaza para compartir las importantes novedades.
Recordaron que venimos de transitar un proceso judicial amañado, con una primera fiscal que deliberadamente omitió, por más de dos años, investigar el doble homicidio, por la perspectiva de clase de una primer fiscal que omitió deliberadamente investigar el doble fusilamiento y asumió a libro cerrado la versión del prefecto Raúl Bonifacio Guerrero, sin siquiera escuchar a las personas vecinas del barrio que presenciaron el crimen.
Dos veces intentó archivar el expediente, lo que logramos frenar a fuerza de recursos judiciales y movilización popular, hasta que, cambio de fiscal mediante, el verdugo de uniforme fue indagado y se elevó la causa a juicio oral. Pero, de nuevo a contrapelo de los contundentes testimonios de vecinos y vecinas, el delito fue calificado por el nuevo fiscal como un homicidio cometido con exceso de la legítima defensa, imputación que reduce la gravedad de lo acontecido y allana el camino hacia una condena mínima y excarcelable.
Al inicio de la audiencia, CORREPI ratificó que, tal como lo hicimos a la largo del proceso, al momento de alegar y pedir pena acusaremos por el delito de homicidio calificado por haber sido cometido por un miembro de una fuerza de seguridad, ya que, aunque de civil, actuó amparado por su condición de prefecto y usó su arma reglamentaria. Tanto es así, que, a diferencia de cualquier persona enjuiciada, que debe elegir entre la defensoría oficial o profesionales contratados, el prefecto goza del amparo institucional del gobierno nacional, ya que lo defienden, en forma gratuita para él, abogados de planta del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Tras un breve cuarto intermedio para deliberar, el tribunal habilitó el derecho de María a reclamar la aplicación de la figura agravada que permite reclamar la pena de prisión perpetua, a la vez que accedió a la petición de los abogados del Ministerio de Seguridad de que prefecto sea sometido a juicio por jurados, lo que obligó a suspender el procedimiento para su selección.
Experiencias anteriores con jurados populares, como lo probó sobradamente la leve condena al comisario José Ernesto Buscarolo, en 2019, por el fusilamiento de Iago Ávalos, nos enseñaron que, tal como está implementado el sistema en la provincia, la pelea será doblemente difícil, debido a los prejuicios y estigmatizaciones que construyen los medios de comunicación masiva, siempre abocados a instalar consenso para reprimir. Por nuestra parte, como siempre, lucharemos no sólo por la sentencia –y la condena a perpetua- sino por la conciencia popular.
Mientras esperamos la nueva fecha para proseguir el juicio, seguimos gritando ¡Víctor, Christian y todxs lxs pibes fusilados por el aparato represivo estatal, presentes!
Y exigimos:
- Castigo efectivo contra los responsables de hechos represivos
- No a la defensa institucional para los asesinos
- Acceso gratuito a la justicia para familiares de las víctimas
- ¡Basta de detenciones arbitrarias
- No al uso del arma reglamentaria fuera del horario de servicio
