El gobierno de Javier Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich lleva menos de 2 meses en el poder y ya son 32 las muertes en manos de las fuerzas represivas estatales. Son 12 fusilamientos de gatillo fácil, 16 muertes en cárceles y comisarías, 1 femicidio de uniforme y 3 asesinatos intrafamiliares.
El impacto de estos números señala una dirección clara por parte del gobierno de legitimar el gatillo fácil como política de estado mediante la aplicación de la Ley Ómnibus qué, en el apartado “Legítima Defensa”, expresa abiertamente que cualquier integrante de una fuerza de seguridad pueda disparar a discreción y alegue, posteriormente “que fue en defensa propia”, o “que fue un error” privando a las familias del derecho de querellar para investigar el hecho. Esto quiere decir que será suficiente con la palabra del funcionario público de que hubo una actitud sospechosa o que quiso evitar una fuga para que cualquier muerte quede impune. Así, será imposible intentar una acción penal contra un integrante de las fuerzas de seguridad que mate personas desarmadas por la espalda.
En este contexto resulta fundamental recordar y sostener el ejercicio activo de la memoria de cada pibe víctima del aparato represivo estatal que hoy el gobierno pretende legitimar.
El 14 de diciembre de 2002, “Chaco” González fue detenido en la calle por los policías Isidoro Segundo Concha y Ramón Quevedo, del servicio de calle de la comisaría 5ª de Villa Fiorito. Lo acusaron de haber robado la bicicleta en la que circulaba –que como se acreditó más adelante, era de su madre. En plena calle, lo redujeron violentamente, lo esposaron a la espalda y tiraron al piso boca abajo. Mientras Quevedo lo forzaba a levantar el torso tirando de las esposas, Concha le descargó múltiples patadas en todo el cuerpo. El tormento sólo cesó cuando se juntaron muchas personas del barrio que comenzaron a increpar a los policías, bien conocidos en la zona por su violencia y sus vínculos con bandas de narcotraficantes.
Cuando Ramona Núñez llegó a la comisaría, el subcomisario Julio Gómez le exigió que le entregara $2.000, una fortuna en la época, bajo amenaza de armarle una causa por “robo calificado”. Con ayuda de sus familiares, Ramona logró juntar la mitad de ese dinero y prometió entregar a Gómez las próximas dos crías de su perrita Yorkshire. Chaco fue liberado en pésimo estado de salud y después de consultar en el Hospital Fiorito, fue derivado al Hospital Argerich, donde finalmente falleció por peritonitis séptica el 7 de enero de 2003.
En 2008, en el juicio oral, de nuevo vimos el esfuerzo de jueces y fiscales por ocultar la tortura como práctica estatal. Los policías fueron condenados a apenas cuatro años de prisión por homicidio preterintencional (con intención de lesionar, no de matar) en concurso con vejaciones.
Dos años después, el 10 de enero de 2005, Diego Gallardo (20) perdía la vida en manos de cuatro policías que lo torturaron junto a otros siete detenidos que se encontraban en la comisaría 3ra de Avellaneda.
La autopsia determinó que fue a causa de una brutal paliza: Cincuenta y siete lesiones similares y fracturas craneales que derivaron en vómitos incoercibles que desgarraron su estómago y esófago, provocando una hemorragia interna.
Luego de la tortura, los oficiales Marcelo Fiordomo y Hernán Gnopko, y el suboficial Julio Silva, bajo la dirección del subcomisario Rubén Gómez, repartieron a los ocho detenidos en distintas comisarías y firmaron certificados “truchos” que aseguraban que ninguno tenía lesiones. Diego junto a otro compañero fueron a parar a la comisaría 1ra, donde agonizó durante quince largas horas tirado en uno de los pasillos.
Gracias al relato de lxs 7 sobrevivientes a la tortura y una lucha incansable, los policías torturadores fueron llevados a juicio y condenados a prisión perpetua. Pero el fiscal Michelini no acusó por el delito de aplicación de tormento seguido de muerte, sino por homicidio calificado en el caso de Diego y “severidades” respecto de las víctimas sobrevivientes.
Desde el 2012 también recordamos a Marcelo Sepúlveda (26), un pibe que había viajado desde General Pico, La Pampa, a la localidad de Benavídez. Su tío le había conseguido trabajo en la fábrica de Volkswagen y tenía el proyecto de abrir una verdulería junto a sus hermanos.
Durante la madrugada del 9 de enero de 2012 una persona, que al día de hoy no se ha podido reconocer, comenzó a perseguirlo y se vio obligado a escapar corriendo desesperadamente a través de un predio descampado que no estaba cercado. Ese predio pertenecía a la empresa metalúrgica Ferrosider y estaba custodiado por el agente de seguridad de la empresa Securitas Carlos Alberto Maidana. Este agente escuchó los gritos de ayuda de Marcelo, pero en lugar de asistirlo llamó a su supervisor y a la policía. Se hicieron presentes oficiales del COT (Centro de Operaciones de Tigre) y de la comisaría 4ta de Benavídez, quienes con la ayuda de Maidana golpearon a Marcelo hasta dejarlo inconsciente. Lo subieron a la caja del patrullero y a las pocas cuadras de camino a la comisaría falleció con su corazón extenuado como consecuencia de las brutales torturas y golpizas que recibió.
A los pocos días, su primo Jon Camafreita (18), fue fusilado en el barrio de Once (CABA) por el policía federal Martin Alexis Naredo. Durante la madrugada del 21 de enero, varios móviles de la comisaría 8ª de la PFA iniciaron camino hacia la plaza Boedo, con la excusa de una pelea entre dos grupos de chicos del barrio. En el camino, uno de los patrulleros se desvió para perseguir a dos pibes, Jon y su vecino Franco Rojas (14), que volvían a su casa después de estar reunidos con sus amigos a pocas cuadras.
Los policías Martín Alexis Naredo y Juan Carlos Moreira bajaron del móvil y los corrieron. Moreira agarró a Franco en una esquina, y Naredo arrinconó a Jon a media cuadra. Fue ahí que una bala atravesó la cabeza de Jon. Tras cuatro días de agonía en el Hospital Ramos Mejía, murió. El cabo Naredo argumentó que Jon le quiso sacar el arma en medio de un “fenomenal” combate cuerpo a cuerpo. Explicación inverosímil, pero que fue suficiente para que saliera en libertad con una “falta de mérito” bajo el brazo. En septiembre de 2014, logramos que Naredo fuese condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral Nº 23. Sin embargo, el Tribunal nunca aceptó nuestro reclamo de garantizar que no se escapara. Lo dejaron salir en el cuarto intermedio entre los alegatos y el veredicto. Cuando lo fueron a buscar a la casa, Naredo ya no estaba.
El 6 de noviembre de 2017 Naredo se entregó con una carta dirigida a la entonces ministra de Seguridad nacional Patricia Bullrich con la confianza en que “esta ministra de Seguridad y este presidente me van a defender”. Naredo sabía bien con quiénes podía contar.
Finalmente la Cámara de Casación confirmó la condena a prisión perpetua y rechazó todos los intentos del policía de cumplir la pena en su casa, con arresto domiciliario. La familia de Marcelo y Jon se organizó en CORREPI y soportó aprietes y persecuciones.
No logramos llevar a juicio a los asesinos de Marcelo, pero conseguimos condenar a prisión perpetua al cabo Naredo por el fusilamiento de Jon.
La noche del 15 de enero de 2015, Leonardo “el Chino” Rodríguez (30), había salido con una amiga. De regreso a su casa, durante la madrugada, fue detenido por averiguación de antecedentes y trasladado a la comisaría 27ª de Villa Hipódromo, Godoy Cruz, donde no le permitieron comunicarse con nadie ni informaron de su detención.
Pocas horas después, lo que la policía avisó fue el hallazgo de su cuerpo sin vida, ahorcado con su remera.
La terrible noticia empezó a correr por el barrio. Su familia, amigxs, vecinxs, junto a organizaciones de Derechos Humanos y familiares de víctimas de gatillo fácil se movilizaron de forma inmediata para que la versión policial no se instalara, garantizando impunidad a los asesinos. Su cuerpo presentaba marcas de golpes, moretones en todo su cuerpo, le habían arrancado sus uñas, entre otros tormentos, lo que pone en duda la tesis oficial de un suicidio.
No era la primera vez que detenían a Leo, ni que lo torturaban con golpes. Leo solía repetir a menudo “hoy seguro me paran, ando con cara de chimba”. El caso de “el Chino” no es un caso aislado. El barrio Parque Sur padece estas conductas criminales de forma continua. Cada vez que lxs vecinxs se movilizan contra el accionar policial, recrudecen las detenciones arbitrarias las semanas siguientes, como represalia.
Seguimos exigiendo el avance en la causa por Leo, que se encuentra cajoneada dando tranquilidad a los culpables.
Hace dos años, el 7 de enero de 2022, Nahuel Merlo (19) que vivía en un barrio humilde de Laferrere (La Matanza), salió de su casa en su moto con su amigo Facundo, al cual iba a acompañar a Rafael Castillo. En el camino, Facundo bajó de la moto y tuvo un intercambio de palabras con un transeúnte, que resultó ser el policía Víctor Emanuel Berza quién, estando de civil, desenfundó su arma reglamentaria y disparó contra Facundo a muy poca distancia. No conforme con asesinarlo a sangre fría , dispara contra Nahuel, quién se había quedado en su moto en estado de shock. Una bala en la nuca terminó con su vida en el acto. Seguimos esperando que la justicia acuse a Berza y sea llevado a un juicio por el asesinato de los dos jóvenes.
El 31 de enero del mismo año, Nicolás García, con tan solo 17 años, fue asesinado en la Ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, por un efectivo de la Policía Bonaerense que se encontraba vestido de civil durante su franco. Con su arma reglamentaria apretó el gatillo y con dos disparos en el pecho decidió acabar con la vida de Nicolás, dejando herido también a su acompañante, Nahuel Alejandro Míguez.
En enero, también recordamos a Iván Rivero (25), quien ingresó a la cárcel de Florencio Varela el 26 de diciembre de 2022 y falleció ahí mismo el 16 de enero de 2023. Iván se había autolesionado con 23 heridas cortantes y, cuando sus compañeros pidieron ayuda para “resguardarlo”, lo aislaron en el “buzón” de la unidad donde a las pocas horas lo encontraron ahorcado.
Por todxs ellxs decimos: ¡BASTA DE DETENCIONES ARBITRARIAS! ¡BASTA DE MUERTES EN CÁRCELES Y COMISARÍAS! ¡BASTA DE GATILLO FÁCIL!
Marcelo Sepúlveda, Jon Camafreitas, Diego Gallardo, Chaco Gonzalez, Ivan Rivero,Leo Rodriguez, Nahuel Merlo y Nicolás García ¡presentes!
Hoy más que nunca ¡ABAJO EL DNU, LA LEY ÓMNIBUS Y LOS PROTOCOLOS REPRESIVOS DE JAVIER MILEI Y PATRICIA BULLRICH QUE PRETENDEN DAR IMPUNIDAD TOTAL AL GATILLO FÁCIL!
