En el paquete de proyectos de leyes represivas que el gobierno, a través de sus ministros Bullrich y Petri, envió al Congreso en marzo de 2024, estaba incluida la reforma de la ley de Seguridad Interior para habilitar la intervención de las fuerzas armadas en operaciones internas en el territorio. Algunos de esos proyectos obtuvieron suficiente consenso, como la ley “Antimafias” o la que reformó la reincidencia e introdujo la reiterancia, pero otras todavía no han sido tratadas. Como ya lo hicieron en otros casos, como la reestructuración de las fuerzas de seguridad y la ampliación de sus facultades, ante la demora en su sanción el gobierno dictó el año pasado el decreto 1112/24 que habilitó la complementación de las Fuerzas Armadas junto con las de Seguridad “de acuerdo con el plan trazado, toda vez que resulte necesario”. Ahora lo implementan concretamente con la resolución 68/25, que crea la Mesa Conjunta de Coordinación entre los ministerios de Defensa y Seguridad Nacional para planificar, coordinar, supervisar y evaluar “actividades conjuntas de las FFAA y las FFSS en el marco de operativos territoriales desplegados para vigilancia y control por los ministerios”.
Así, eludiendo una vez más el trámite legislativo, agregan a la única hipótesis legalmente autorizada de intervención de las fuerzas armadas en el conflicto interno (la provisión de apoyo logístico en casos de catástrofes naturales o similares) otro tipo de operativos territoriales e las zonas y objetivos estratégicos que ambos ministerios determinen. Aunque en la letra de la resolución se mencionan formalmente la ley de Seguridad Interior y la ley de Defensa Nacional, se eluden sus disposiciones al crear un ámbito permanente de intervención conjunta de las FFSS y las FFAA en el territorio por mera resolución ministerial.
La Mesa Conjunta de Coordinación está integrada en tres niveles, el primero con los titulares de los ministerios de Defensa y Seguridad Nacional; el segundo con sus respectivas secretarías de Estrategia y Asuntos Militares y de Seguridad Nacional y el tercero con el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y las jefaturas de las fuerzas policiales y de seguridad federales. Los dos primeros niveles (ministros y secretarios) discrecionalmente identificarán y definirán las “zonas de despliegue”, es decir, el ámbito territorial de las operaciones, y el tercero establecerá las coordenadas geográficas y las órdenes operativas correspondientes. La resolución menciona en sus considerandos “un mayor control de zonas de frontera” como objetivo general, pero en definitiva será el poder ejecutivo el que diga cuándo, cómo y dónde intervendrán las fuerzas armadas. De hecho, el gobierno ya tiene desplegados operativos conjuntos con participación del ejército en el norte del país, con el poco sutil nombre de “Operación Julio Argentino Roca”, que se sumó en el mes de abril como complemento del “Plan Güemes” de Gendarmería. Recordemos que fue en el marco de ese plan que, el 18/12/2024, en Orán, Salta, varios gendarmes dispararon con balas de plomo contra un grupo de “bagayeros” que transportaban hojas de coca (legales en la zona) y otras mercaderías desde Aguas Blancas. Hirieron a 25 personas, cuatro de gravedad, y mataron a Fernando Martín Gómez, de 27 años, por la espalda. Un mes y medio después, el 06/02/2025, en La Quiaca, Jujuy, cuatro gendarmes -tres hombres y una mujer- dispararon cinco veces por la espalda y mataron a Ivo Rodrigo Torres (21). El pibe, de la comunidad del Pueblo Kolla de San Juan de Quillakes, en la Puna jujeña, iba en moto transportando hojas de coca. Así es como los gatilleros de Milei y Bullrich “combaten el contrabando y el narcotráfico”.
Es imposible no vincular este nuevo salto represivo del gobierno nacional con su sostenida política de sumisión a los intereses yanquis y de su aliado el Estado de Israel, como lo revela la sostenida participación de personal de las fuerzas de seguridad y funcionarios judiciales en los cursos y capacitaciones de la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA) que depende del Departamento de Estado, una especie de Escuela de las Américas remozada, así como la anunciada visita a Argentina del genocida Netanyahu y la muy inminente del almirante de la Marina de los EEUU Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), que tendrá “reuniones clave” con autoridades de defensa en Buenos Aires y participará en una conferencia regional de seguridad patrocinada en conjunto por Argentina y el SOUTHCOM, según acaba de anunciar la embajada norteamericana. Ante este nuevo ataque a lo poco que va quedando del estado de derecho, de nuestros derechos y garantías, exigimos la inmediata derogación del decreto 1112/24 y de la resolución 68/25, y la anulación de los operativos represivos en curso.
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/329933/20250818
