La legalización del gatillo fácil no es una solución, es la condena a ser una sociedad sin derechos.
Durante el gobierno de Milei, venimos denunciando la feroz avanzada represiva y el crecimiento de fusilamientos de la policía como una de las políticas más criminales aplicadas sobre los sectores más humildes y la juventud. Una práctica sistemática que a fuerza de lucha y militancia logramos que se reconozca como “gatillo fácil”.
En lo que va de este gobierno, las fuerzas represivas ya mataron a más de 600 personas bajo esta modalidad. Esto es el resultado directo de leyes, decretos y protocolos que amplían el poder de la policía y demás FFSS para hostigar, detener y matar a discreción, con el respaldo absoluto del poder político y judicial.
Sobre este escenario brutalmente represivo, el gobierno ahora pretende avanzar con la reforma del Código Penal para LEGALIZAR el gatillo fácil y bajar la edad de punibilidad, metiendo presxs a pibxs de 14 años. No proponen asistencia del estado, ni posibilidad de reinserción. Solo proponen CÁRCEL o BALA, en palabras de José Luis Espert, principal candidato de LLA en la Provincia de Buenos Aires.
¿Estamos dispuestxs a naturalizar la violencia del estado?
El gobierno avanza con el ajuste criminal a los jubilados y el desfinanciamiento de la educación y la salud —condenando a muerte a quienes necesitan medicación o tratamiento. A lxs niñxs y jóvenes se les han quitado, como nunca, todo tipo de derechos. Y en los barrios, con el gatillo fácil se dicta sentencia de muerte por portación de cara porque han logrado instalar que “son todxs chorros”.
Pero incluso, en el caso de cometer un robo, si una persona huye o está desarmada, no representa un peligro de vida para terceros, esto está establecido incluso por la ley. Entonces ningún bien material vale más que la vida de NADIE como para justificar que un policía dispare por la espalda. Aunque todo el tiempo nos quieran hacer creer que hay vidas que valen más que otras y que la propiedad privada es lo que “hay que preservar”.
Este gobierno se aprovecha del enojo de la gente que padece la crisis social, que obviamente aumenta la criminalidad, para impulsar protocolos que autorizan a las FFSS a perseguir, detener y disparar por la sóla sospecha de que alguien esté cometiendo un delito o para evitar una fuga. Y vemos que estas prácticas, rara vez se aplican a personas de “barrios o autos caros” sino que para la policía, los medios y los jueces, lxs sospechosxs son siempre lxs morochos que visten un conjunto deportivo, llevan una visera o manejan un auto o una moto común (hoy, en un país con la mitad de su población en la pobreza, esa mayoría somos nosotrxs).
“Ningún pibe nace chorro”, vivimos en una realidad que lxs empuja a esa realidad cuando no les ofrece una vida que valga la pena ser vivida. A lxs “pibxs chorrxs” no se les da la oportunidad de ser detenidxs, investigadxs o juzgadxs: se les aplica de inmediato la pena de muerte. Y si los mataron y no tenía un arma que justifique el homicidio, se la plantan.
Así quedó al descubierto en el caso de Lucas González cuando salía de entrenar con sus amigos y una brigada lo persiguió en un auto sin identificación y abrieron fuego y lo mataron. La investigación comprobó la manipulación de la escena y el encubrimiento institucional. Fue todo tan alevoso, que fue uno de los pocos caso que logró visibilizar lo que es una práctica sistemática.
Otro ejemplo es el reciente asesinato de Thiago Correa, de apenas 7 años, que esperaba el colectivo junto a su padre y fue alcanzado por la bala de un Policía de la Ciudad que disparó en la vía pública once tiros con su arma reglamentaria, abriendo fuego sin medir consecuencias, sin que existiera peligro para él o terceros, fuera de su horario de servicio y de civil.
Por todo esto, familiares y organizaciones que luchamos en defensa de los DDHH y contra la represión convocamos, como cada año, a concentrarnos el MIÉRCOLES 27 de AGOSTO a las 13:00 en Plaza de Mayo. Para denunciar la grave situación que estamos viviendo y repudiar la represión que el gobierno despliega sobre nuestro pueblo.
· No a la legalización del gatillo fácil.
· No a la baja de la edad de punibilidad.
· Derogación de las leyes y protocolos que aumentan el poder represivo de la policía y demás fuerzas federales.
· BASTA DE REPRESIÓN.
