El 27 de abril, el gobierno de Alfredo Cornejo oficializó en el Boletín Oficial la “Guía de Intervención ante Incidentes de Seguridad” que, en lugar de fortalecer la escuela, la convierte en un espacio de vigilancia y control. Bajo el argumento de responder a amenazas, instala simulacros de tiroteos, protocolos de “tiradores activos” y la articulación directa con fuerzas de seguridad. No es prevención, es la lógica de seguridad que el gobierno de Mendoza pretende instalar: la educación como escenario de guerra. En los días posteriores, comenzó a implementarse en las escuelas una circular obligatoria dirigida a las familias. Allí se establece que madres, padres y tutores deben asumir un “deber de garantía” sobre las pertenencias y conductas de sus hijxs.
La excusa es un fenómeno viral de amenazas que incluso derivó en la identificación de estudiantes involucrados. Frente a esto, el Estado responde con más control y más castigo, en lugar de construir redes de cuidado. Cuando se habla de “agresores armados” o “tiradores activos”, hay que decir que son pibxs atravesadxs por abandono, angustia y falta de contención. No aparecen de la nada, son el resultado de un entramado social que el mismo Estado desatiende.
A su vez, el protocolo reconoce crisis suicidas en curso. Sin embargo, la respuesta vuelve a ser la emergencia y no la prevención. Se establecen procedimientos para cuando la vida ya está en riesgo, pero no se garantizan políticas de salud mental sostenidas dentro de las escuelas.Mientras tanto, la realidad cotidiana sigue siendo la misma, con docentes agotadxs y precarizadxs, sosteniendo situaciones límite sin herramientas, escuelas con infraestructura deteriorada y sin presupuesto. Pero para eso no hay simulacros, no hay urgencia, no hay protocolo.
A esto se suma la violencia sexual en las escuelas. El caso de la niña en el departamento de La Paz, que atravesaba situaciones de abuso y llegó armada a la escuela, expone con crudeza las consecuencias de un Estado que no llega a tiempo. Cuando el cuidado falta, aparecen respuestas desesperadas.
Lo que se está configurando es un modelo de endurecimiento del control en las escuelas, traslado de responsabilidades hacia las familias incluso con consecuencias legales y economicas y la habilitación de la intervención policial. Una política punitiva que no resuelve los problemas de fondo, sino que los traslada y los profundiza.
Mendoza vuelve a marcar el rumbo, pero no en inclusión ni en derechos, sino en la consolidación de un modelo donde la respuesta a la crisis social son las balas del Estado.
Repudiamos la política represiva de Alfredo Cornejo y afirmamos que las escuelas no necesitan entrenarse para sobrevivir a un tiroteo. Necesitan presupuesto, salud mental, salarios dignos y condiciones materiales para enseñar y aprender. Porque sin eso, ningún protocolo salva vidas, solo administra las consecuencias del abandono.
Simulacros NO, presupuesto SÍ.
Educar es cuidar, no vigilar y criminalizar.
Más educación, menos policías.
