Lectura: 6 min.

Hoy se cumplen 44 años del golpe de estado que inauguró la dictadura más sangrienta que hemos conocido en Argentina. Llegamos a este 24 de marzo en circunstancias inéditas, en el marco de la pandemia del coronavirus, que expone la crisis sanitaria que ya existía, y nos impide, por primera vez en la historia, estar en las calles y plazas de nuestro país para repudiar la represión y la impunidad de ayer y de hoy.

En la emergencia que enfrentamos, el gobierno dispuso el aislamiento obligatorio, que va acompañado de un despliegue fenomenal de las fuerzas de seguridad, las mismas que, desde el fin de la dictadura, vienen protagonizando las políticas represivas que se traducen en fusilamientos de gatillo fácil, torturas, muertes en cárceles y comisarías, detenciones arbitrarias, hostigamiento sistemático en las barriadas populares y a las personas más vulnerables, y, a la vez, son las encargadas de perseguir y represaliar la protesta y el conflicto social. Para completar el panorama, envían al ejército a los barrios, a realizar “tareas comunitarias”, como intento de reconciliación con el pueblo, tras el discurso de que los uniformados de hoy nacieron en democracia, por lo tanto no serían represores.

Por eso venimos diciendo que debemos defendernos colectivamente, del virus y de la represión, y que debemos, pese al aislamiento, sostener todas las instancias organizativas por las que fluye la solidaridad activa que puede dar las respuestas allí donde no lo hace el estado. El pueblo trabajador es quien asume la crisis social, económica y sanitaria, y hace todos los esfuerzos para encontrar soluciones. Exigimos la suspensión inmediata del pago de la deuda fraudulenta e ilegal. Esos fondos podrían paliar en gran medida la situación de emergencia.

En este 24 de marzo de reclusión en las casas –para lxs que las tienen- se impone levantar, junto a las reivindicaciones históricas por las que seguimos luchando, los reclamos concretos del aquí y ahora, los que nos convocan a la organización antirrepresiva desde hace décadas, y los que surgen, novedosos, en el escenario de excepción que hoy padecemos.

El último año es el que menos juicios por crímenes de lesa humanidad se han programado. Las causas en curso siguen desguazadas, lo que fuerza a sobrevivientes y familiares a la constante revictimización de recorrer el país para reiterar sus testimonios. Durante el gobierno macrista se triplicaron los beneficios de prisiones domiciliarias a genocidas, sin que se advierta avance alguno en revertirlas. Los datos son implacables: Desde 2003, hubo 238 juicios contra genocidas, con 1.354 condenas a 975 represores y 240 absoluciones, respecto de un universo de sólo 7.848 víctimas. Con 600 Centros Clandestinos de Detención en todo el país, eso significa menos de dos represores presos por cada CCD. Casi el 70% de los genocidas detenidos goza del beneficio de la prisión domiciliaria, y unos 1.590 imputados están en total y completa libertad. Siguen a buen resguardo los archivos cuya apertura seguimos exigiendo, y hay centenares de hijxs y nietxs aún esperando recuperar su identidad robada.

Mientras tanto, las cárceles de todo el país tienen un nivel de superpoblación como nunca antes en nuestra historia, al punto que el sistema federal, y varias provincias, se vieron obligados a reconocer la situación de emergencia. Las muertes tras los muros llegan a cifras espectaculares (más del 50% de los casos registrados en nuestro Archivo son personas que estaban presas), la vida cotidiana en los penales depende casi exclusivamente de los aportes de mercadería que puedan hacer lxs familiares y la asistencia sanitarias es prácticamente nula. El 72% del total de personas privadas de su libertad en todo el país están presas por delitos puramente patrimoniales, y el 54% del total no tiene condena. Ni hablar de las mujeres embarazadas o con hijxs menores de 5 años con ellas, de las personas enfermas o adultos mayores, a quienes no se concede beneficio alguno.

En la emergencia del COVID19, esa situación ha empeorado sustancialmente. La suspensión de las visitas es aprovechada para que las entregas de mercadería se “pierdan” y no lleguen a quienes van destinadas; los elementos de higiene y limpieza necesarios para la prevención brillan por su ausencia, y cuando se reclama la respuesta estatal es la represión y el apaleamiento, como ya sucedió en la UP 3 de Bariloche, en la cárcel de Bouwer en Córdoba y en Coronda y Las Flores, provincia de Santa Fe, con motines en curso al escribir estas líneas.

En las calles, como lo venimos informando a diario con los reportes de detenciones, son varios millares las personas interceptadas, detenidas e imputadas por los delitos de desobediencia y facilitación de la epidemia. Sin perjuicio de una minoría irresponsable o francamente criminal, como quienes volvieron de viajes de placer al exterior e intentaron burlar el aislamiento preventivo falseando datos, la enorme mayoría de esas personas, que aunque no permanezcan detenidas deberán enfrentar causas penales o contravencionales apenas termine el confinamiento, son trabajadorxs que se vieron forzadxs a salir para garantizar el sustento diario de sus familias, o situaciones equiparables. Son muchas las denuncias –corroboradas con material audiovisual- del aprovechamiento que hacen las fuerzas de seguridad para desplegar su saña represiva, como las imágenes que hoy están circulando de la ciudad de Rosario, no muy diferentes a la situación de hostigamiento que se vive en cualquier barrio popular.

Por eso decimos que no es reprimiendo niñxs, mujeres y trabajadorxs como se puede evitar la expansión de la epidemia ni garantizar la vida y salud de todxs. No queremos a las fuerzas de seguridad, ni a las fuerzas armadas, hostigando y persiguiendo al pueblo trabajador. Desde CORREPI en este día de lucha volvemos a decir ¡No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos y seguimos luchando!

Con especial énfasis, decimos NO AL ESTADO DE SITIO. La suspensión de derechos y garantías constitucionales sólo empeoraría la situación.

Hoy, mientras recordamos y homenajeamos la lucha de lxs compañerxs, seguimos denunciando y enfrentando la explotación, la opresión y la represión cotidianas.

Este particular 24 de marzo, decimos:

¡30.000 compañerxs detenidxs-desaparecidxs presente!
No damos vuelta la página.
Cárcel común, perpetua y efectiva a los represores.
No a la domiciliaria de genocidas.
Apertura de los archivos de la dictadura.
Restitución de la identidad a hijxs y nietxs secuestradxs.
Libertad a lxs presxs políticxs.
Basta de represión e impunidad.
Fuera el FMI – Suspensión inmediata del pago de la deuda.
No al estado de sitio.

Frente a la emergencia y la represión, lucha colectiva y solidaria.

Comments

comments