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El 13 de junio de 2014, Andrés García Campoy (20) mientras se dirigía en su auto por la ruta 7 en el kilómetro 1060 de Luján de Cuyo, Mendoza, fue detenido en un control por gendarmería. Horas más tarde, Mónica, su madre, se anoticiaba de que su hijo estaba muerto.

Ese día Andrés fue asesinado de un tiro por la nuca por los gendarmes Maximiliano Alfonso Cruz y Corazón de Jesús Velázquez, quienes aseguraron que el pibe se suicidó con una carabina del año 1860 heredada de su abuelo, que no funcionaba ni tenía municiones y que Andrés cargaba en el baúl para una posible venta del objeto.

La causa quedó estancada y está llena de irregularidades como lo denunció Mónica. La misma está a cargo del juez federal Walter Bento quien está acusado de liderar una asociación ilícita junto a abogados y policías, que cobraba coimas millonarias a cambio de beneficiar a personas detenidas por delitos de narcotráficos, entre otros y quien en la actualidad continúa protegido por sus fueros.

A pesar de las pruebas que incrimina a los gendarmes Cruz y Velázquez y después de que el fiscal Jorge Calle caratulara la causa como homicidio agravado por la participación de la fuerza pública de seguridad, Bento dictó la falta de mérito a los gendarmes, quienes continúan en ejercicio de sus funciones gozando de su exención.

A siete años del asesinato de Andrés, seguimos exigiendo justicia y denunciamos la constante impunidad del aparato represivo estatal en connivencia con un sistema judicial que la garantiza y un estado que la avala a través de la inacción y el silencio.

Nos sumamos al expreso pedido de Mónica, “exhumar el cuerpo de Andrés y que se haga una nueva autopsia con un equipo especializado”.

Gritamos con más fuerzas que nunca:

¡Justicia por Andrés!
Juicio y castigo a los asesinos.
El estado es responsable.

¡Basta de Gatillo Fácil!

Contra la represión, organización y lucha.

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