El Tribunal Oral nº 7 de Lomas de Zamora condenó hoy a 18 años de prisión al oficial de la Policía de la Ciudad Camilo Andrés Farías por el homicidio de Yair Ayala (21) y la tentativa de homicidio de otros tres jóvenes. El asesinato ocurrió el 30 de agosto de 2021, en el barrio 9 de Abril de Esteban Echeverría, cuando el oficial Farías ingresó al domicilio en el que un grupo de amigos celebraba un campeonato de fútbol y disparó su arma reglamentaria contra los chicos. Mató a Yair e hirió a tres de sus amigos.
Recordemos que el hecho ocurrió cuando el oficial Farías y un amigo, que habían sido echados de la reunión horas antes porque protagonizaron un incidente antisocial (el amigo, muy borracho, orinó la cama y otros muebles del dueño de casa), volvieron a tomar revancha, esta vez portando el arma reglamentaria de la Policía de la Ciudad.
La familia, patrocinada por CORREPI, y la fiscalía habían reclamado prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por haber sido cometido por un integrante de una fuerza de seguridad, pero los jueces decidieron condenarlo por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, lo que habilita a una pena menor.
Una vez más, a pesar que se venció el muro de impunidad y se logró la condena, el poder judicial omite considerar que se trata de un policía que utilizó el arma reglamentaria para ejecutar el crimen. De nuevo vemos que se condena al individuo y se deja a buen resguardo a la fuerza que facilito el criminal hecho, como si se tratara de un simple civil que consiguió el arma homicida en el mercado ilegal.
La resistencia de los tribunales en aplicar a los homicidios de gatillo fácil la figura legal que corresponde, que acarrea la pena de prisión perpetua cuando quien mata es un funcionario de una fuerza de seguridad en actividad, sólo se explica por la necesidad de preservar hasta donde pueden la impunidad para el gatillo fácil. En las estadísticas, esta sentencia cuenta como condena por homicidio agravado, sin la imprescindible aclaración de que quien mató gozaba del estado policial y empuñaba su reglamentaria.
No es menor que la Policía de la Ciudad, a la que pertenece Farías, tiene el record nacional de cantidad de fusilamientos de gatillo fácil con el arma reglamentaria fuera de servicio. Mientras a nivel nacional el porcentaje es del 66%, para la Policía de la Ciudad se eleva al 77%.
La familia Ayala, organizada en CORREPI, pese a todo celebra esta sentencia, que pone un freno a la impunidad, pero insistirá en el reclamo de prisión perpetua ante el Tribunal de Casación Penal de la provincia.
Basta de gatillo fácil.
Basta ya de represión.
Exigimos la prohibición de la portación y uso del arma reglamentaria fuera de servicio o de civil.
