En una contundente resolución, el juez Pablo Cruz Casas, titular del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas nº 10 de CABA, rechazó la pretensión de la fiscal Celsa Ramírez, a partir de la denuncia formulada por la macrista Florencia Arietto, de clausurar el sitio web www.mapadelapolicia.com. El magistrado concluyó que la construcción de esta herramienta colaborativa no implica la comisión de delito alguno, y, por el contrario, destacó la utilidad pública de difundir información difícil de acceder por medios institucionales, reivindicando la tarea de promoción de los derechos y garantías de las personas.
La semana pasada, en el marco de la denuncia formulada por la legisladora de Juntos por el Cambio Florencia Arietto, la fiscal de CABA Celsa Ramírez solicitó al Juez Casas la medida cautelar de bloqueo o clausura de la web www.mapadelapolicia.com, cuya creación, según fundamentó largamente, constituiría el delito de abuso de autoridad al crear un canal alternativo a los existentes institucionalmente para denunciar hechos de violencia policial.
En un fallo notificado el 18 de agosto, el titular del Juzgado PCyF nº 10 fue terminante: no existe delito alguno imputable a la denunciada, la diputada de la Ciudad por el Frente de Todos Ofelia Fernández, ni cualquiera de las personas y organizaciones involucradas en la construcción y difusión de la herramienta digital. La resolución cita expresamente la presentación realizada por la defensa, cuando dijimos: “El ‘Mapa de la Policía’ es un sitio web que sólo pone a disposición de la ciudadanía, de manera ordenada, información que se encuentra dispersa y es difícil de ubicar en los sitios oficiales; que a cada paso indica que toda denuncia formal debe ser canalizada a los organismos oficiales pertinentes, brindando sus datos públicos de contacto, y, por lo demás, reproduce información generada por organismos y organizaciones de DDHH y antirrepresivas, como CELS o CORREPI, que ya están publicadas por sus autores”. Y a esto, agregó el juez: “La publicidad de los datos vinculados con asuntos de interés públicos, más aún si es consentida por las personas afectadas, tiene la potencialidad de contribuir a completar la información de los organismos públicos, proporcionando una estimación de los delitos no denunciados y aportando una herramienta de diagnóstico para evaluar el vínculo entre la ciudadanía y el sistema de seguridad pública”.
Señala también la resolución la importancia de que la web haya sido desarrollada “por actores particularmente interesados en la prevención, visibilización y denuncia de hechos de violencia institucional”, que de ninguna manera sustituyen o reemplazan los canales oficiales y/o institucionales vigentes, máxime cuando “No podemos ignorar que el temor que genera a la ciudadanía denunciar formalmente esta clase de hechos se debe principalmente a la falta de confianza en el funcionamiento de las instituciones públicas, lo que conforma una gran “cifra negra” de criminalidad, que dificulta la adopción de políticas públicas adecuadas para la prevención y sanción de la violencia institucional, sobre todo en nuestra región.”.
Y agregó: “Otros motivos que generan la cifra negra de hechos no denunciados son las bajas expectativas en relación a los resultados de la denuncia, y el temor a quedar expuestos a eventuales represalias. La falta de confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia penal es una barrera además para proporcionar información que podría ser útil para la investigación y en consecuencia de resolución de los delitos.”.
También se refirió la resolución a lo confuso que resulta, para la ciudadanía en general, acceder a información como la que brinda la página web: “… Si alguna confusión pudiera caberle a la ciudadanía en general -extensible incluso a muchos profesionales del derecho- en relación a qué tribunales u organismos están llamados a juzgar y/o investigar determinada clase de delitos, y consecuentemente, ante quién correspondería realizar una determinada denuncia, la responsabilidad por ese estado de cosas sería atribuible a las autoridades públicas que tienen una deuda con la autonomía de la Ciudad hace casi 28 años, antes que a una legisladora de la Ciudad que tiene 22 años, o a las organizaciones y asociaciones de derechos humanos con las que milita”.
Coincidió también el Dr. Casas con la defensa en que la medida pretendida por la fiscal Ramírez sería una inadmisible censura, justificada sólo por el desacuerdo político con la iniciativa: “Sólo resta señalar que la especulación en relación a la existencia de eventuales riesgos y/o efectos colaterales no deseados de una herramienta claramente orientada a la promoción y defensa de derechos, o el simple desacuerdo político en torno a la pertinencia y utilidad de la medida, mal podría justificar la pretensión de que se proceda al bloqueo de un proyecto que ha sido co-creado por múltiples actores de la sociedad civil con una finalidad manifiestamente democrática, porque implicaría un hecho de censura previa violatorio del derecho a la libertad de expresión y del correlativo derecho de acceso a la información pública, todo lo cual se encuentra vedado por el art. 13.2 CADH y 19.2 PIDCyP y por el art. 12 CCABA.
Además de rechazar de plano la cautelar pedida por la fiscal, el magistrado señaló que la denuncia debe ser archivada por inexistencia de delito: “La existencia de la herramienta cuyo bloqueo ha sido requerido no implica la comisión de ningún delito”, ya que, “… en la medida que el sitio web https://www.mapadelapolicia.com/ tiende a la defensa y promoción de derechos individuales, como de otros bienes jurídicos supraindividuales vinculados con el regular funcionamiento de la administración pública y la legalidad de los actos de las personas encargadas de ejercer la función pública, mal podría implicar al mismo tiempo la comisión de un delito contra los aludidos bienes jurídicos. CORREPI celebra que, en tiempo oportuno, y con argumentos de una solidez remarcable, esta vez la justicia llame a las cosas por su nombre y las ponga en su lugar. El amplio marco de organizaciones populares, organismos de DDH y personas que nos involucramos en la construcción y promoción de esta herramienta, que se suma a tantas otras con las que hace décadas intentamos defendernos de la represión estatal y dar respuesta y apoyo a sus víctimas, prueba una vez más que el camino es la UNIDAD y la LUCHA ORGANIZADA.
