Con la Resolución 947/2023, publicada en el Boletín Oficial el 21/12/2023, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich concretó un nuevo avance represivo contra el pueblo, que se suma y potencia aún más el Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad en contexto de protesta o conflicto social (Res. 943/2023). La nueva disposición establece la intervención conjunta de las fuerzas federales junto a las provinciales y de la Ciudad bajo el mando único de la Policía Federal y convoca a los gobiernos locales a integrar sus fuerzas al nuevo esquema de represión masiva.
El mecanismo de “comando unificado” o “comando conjunto” de fuerzas represivas federales y locales no es estrictamente una novedad. Hace décadas que se vienen implementando iniciativas similares en diversas circunstancias, que nunca han sido buena noticia para el pueblo trabajador y siempre han tenido como objetivo directo la militarización de los barrios y la represión del conflicto y la protesta social. Pero esta vez se lo impone como instancia permanente a nivel nacional, con la pretensión de incorporar la totalidad del aparato represivo de todo el país bajo la conducción directa del gobierno nacional y el claro objetivo de frenar las protestas masivas frente al brutal ajuste en marcha.
Para frenar las protestas contra las medidas antipopulares del presidente Milei que se reproducen a diario en todo el país, la ministra Bullrich creó, como organismo permanente, el Comando Unificado Urbano, dirigido al “despliegue territorial de tareas destinadas a la prevención y control del orden urbano”. Está integrado por la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y la Secretaría de Seguridad y Política Criminal del ministerio de seguridad, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía De Seguridad Aeroportuaria; por los representantes de los cuerpos policiales de CABA y de las provincias que adhieran a la iniciativa.
La resolución, además de invitar a adherir a los gobiernos provinciales y de Ciudad, convoca a las autoridades del Ministerio Público Fiscal de la Nación, de cada provincia y de CABA, cosa que la pata judicial no quede afuera del armado represivo.
Denunciamos esta resolución del gobierno nacional, que ratifica la imposición de un estado de excepción con suspensión de derechos democráticos y garantías constitucionales y confirma su vocación represiva sin límites.
Hacemos responsables al gobierno nacional y a los gobiernos locales que adhieran al Comando Unificado represor por la libertad, la integridad física y la vida de las personas que se manifiestan contra el ajustazo y en defensa de los derechos adquiridos tras décadas de lucha.
No al protocolo antimovilizaciones
No al Comando Unificado Urbano
Basta de represión
