Hace un año, desde el Pabellón 1 de la Comisaría nº 1 de Pergamino, se enviaron varios mensajes: “Ana venite ya pa la comisaría que me van a matar se armó quilombo”, “Movete está prendida la comisaría ya venite”, “Mamá vení rápido que nos mata la policía”. Uno tras otro llegaron a destino para alertar a sus familiares. Pero no alcanzó. Los guardias tardaron 40 minutos en abrir el calabozo desde que se inició el incendio porque “no encontraban” las llaves. Los bomberos llegaron hasta donde lo permitieron los uniformados. No fue un motín, no fue una pelea entre personas detenidas: fue una masacre, los dejaron morir.
Hoy, como todos los dos de cada mes, familiares, amigxs y vecinxs, marcharán a las 17 horas desde la Plaza 9 de julio hacia la Comisaría 1º de Pergamino y colocarán una placa recordatoria. Y el sábado 3 de marzo, partir de las 15 horas, acompañaremos desde CORREPI la “Jornada por Jus7icia” en el Parque España.
La madrugada del 2 de marzo de 2017, el estado asesinó a Sergio Filiberto, Fernando Latorre, Franco Pizarro, Alan Córdoba, Juan José Cabrera, Jhon Claros y Federico Perrota. Solo uno de los seis policías se encuentra preso en un penal, los otros cuatro imputados y procesados esperan su sentencia detenidos con prisión domiciliaria, en el living de sus casas, por pedido del juez César Solazzi junto a tres jueces camaristas (Martín Morales, María Gabriela Jure y Mónica Guridi). Mientras, el comisario Alberto Sebastián Donza sigue prófugo. La causa está caratulada como “Abandono de persona seguido de muerte (multiplicidad de víctimas)”.
Lo que se supo apenas pasaron unas horas es que la comisaría estaba superpoblada. La historia se repite: hacinamiento, condiciones infrahumanas en las que aún hoy se vive en las cárceles y comisarías, y la desidia estatal que vuelve mediante el Servicio Penitenciario Bonaerense. En aquel momento, el jefe del Ministerio de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo declaró que las comisarías de la provincia están en condiciones de alojar 1105 personas, cuando hay por lo menos más 3000 detenidxs; es decir, que hay un 185% más de lo que las instituciones admiten que pueden tener. Eso sin contar que el 70% de los internos en penales espera que la “justicia” decida su destino, sin tener una condena firme.
En el Informe de la Situación Represiva Nacional del año pasado, denunciamos que el estado, por medio de sus fuerzas de seguridad, asesinó a 5462 personas. Las dos modalidades más frecuentes de la represión orientada al control social son los fusilamientos de gatillo fácil (44%) y las muertes de personas detenidas (40%). En este último, incluyen cárceles, comisarías y todo otro lugar de detención (incluso patrulleros). Confluyen los clásicos “suicidios” que encubren en una enorme proporción, la muerte por aplicación de tormentos, e incendios que se inician como medida de protesta o pedido de ayuda y que, invariablemente, no reciben auxilio o lo reciben tardíamente. La casi totalidad de las muertes en comisaría corresponden a personas que no estaban detenidas por acusaciones penales, sino arbitrariamente arrestadas por averiguación de antecedentes o faltas y contravenciones.
Desde CORREPI, acompañamos a las familias en el pedido de justicia. Ya son muchas las masacres en las cárceles y comisarías en las que la única respuesta de los gobiernos de turno fue desviar su responsabilidad. No vamos a permitir que otra vez haya impunidad como están intentando hacer con la causa de Pergamino. En ninguno de esos casos hay un solo detenido. La impunidad es la otra cara de la represión. En esta etapa de nuestra historia, más que nunca, se devalúa a diario la vida del pueblo pobre y trabajador, estamos obligados a profundizar el camino de la unidad, la organización y la lucha contra todas las formas que asume la represión.
